edición: 3076 , Miércoles, 28 octubre 2020
01/02/2011
Bruselas no tolera ni las dudas del mix, ni los recortes retroactivos

Los alardes renovables del Gobierno acaban en el ridículo y desatan una guerra judicial con Bruselas

España acude a la Cumbre de renovables con deberes sin hacer: ni PER, ni Ley de Renovables, ni Directiva transpuesta
La CE promete sanciones ante los recortes fotovoltaicos y apoya los recursos de los inversores y las empresas a la Carta de la Energía
Sebastián diluye el compromiso del 22,7% renovable en 2020 -el mayor crecimiento de la UE-, la Subcomisión apunta al 20,8% y no hay Plan 2011-2020
Guenther Oettinger, comisario de Energía
Javier Aldecoa

Vistió de exhibición sus galones ‘verdes’ e hizo ondear en el Paner 2020 para Bruselas el perfil de la que hasta 2009 era primera potencia fotovoltaica mundial y la segunda eólica. Sebastián se calzaba en junio su ‘chistera’ energética por todo lo alto; no contento con el 20% del consumo final renovable que exige la UE para 2020, fue el Ejecutivo de los Veintisiete que, en proporción, más lejos llegaba: un objetivo del 22,7% que ahora el ministro busca cómo evaporar en el olvido. A falta de PER 2020 y de Ley de Renovables y Ahorro, el mix a 25 años del Congreso se conforma con el 20,8%. Sebastián desanda ahora sus piruetas en objetivos y en retribución solar y eólica, pero enciende las luces rojas del comisario Oettinger en el peor momento, justo ahora que buscará, desde la Cumbre del 5 de febrero, un nuevo modelo de financiación y armonización. En Castellana 160 ya saben que si el recorte de un 30% a las fotovoltaicas operativas pasa por el RDL 14/2010, topará en Bruselas con mucho más que alfombra roja a las patronales que apelarán a la Carta de la Energía y buscarán arbitraje para 15.000 millones de inversiones comunitarias. La escaramuza ‘solar’ llueve además sobre mojado en su lista de agravios: España no ha transpuesto la Directiva de Renovables de 2009, pierde tres posiciones en atractivo para la inversión, es el país con mayor dependencia de la UE (superior al 80%), sus interconexiones deben multiplicarse por 40 en una década y su intensidad está muy por encima de la media.

Oettinger la ha convertido en el ‘antimodelo’ del boom al bluff renovable, a la vista de los perfiles difusos de su regulación, el único Estado al que coloca junto con Chequia bajo la lupa de sus amenazas. Nada a lo que la mala sintonía que Sebastián ‘cultivó’ con el Comisario desde la presidencia española de la UE, ni la marcha del ex Secretario de Estado Marín -su interlocutor habitual- ayuden. En Castellana 160 lo han comprobado, mes a mes, en el repudio del Comisario alemán a su Plan Integral del Vehículo Eléctrico o ante la solicitud de financiación a las interconexiones eléctricas.

El Comisario germano quiere poner en cuestión sobre la mesa de los Veintisiete el sector de las renovables en toda la Unión. Lo hará a partir de la Cumbre de líderes en Bruselas, con la propuesta de revisión de la financiación de los  proyectos de energías renovables, el lanzamiento de un nuevo tipo de bono de infraestructura, tasas coordinadas para no generar inseguridad y fugas de unos a otros y alguna fórmula -aún por definir- que garantice la armonización de las subvenciones, cuotas, primas en tarifas, exenciones fiscales o cualquier modelo intervenidos de retribución de los distintos mercados punteros de la UE. Una puesta de largo para un boceto de nuevo “modelo comunitario integrado”, a la que España acude con todas sus zozobras a la vista. Como los técnicos de la APPA y la Fundación Renovables advierten desde hace meses, España incumple la Directiva Europea de Energías Renovables 2009/28/CE del Europarlamento y del Consejo, de 23 de abril de 2009. Pero aún: ni siquiera la ha transpuesto a la legislación nacional, como debía, antes del 5 de diciembre de 2010. Un ‘olvido’ del que en Castellana 160 han hecho costumbre: ya sucedió así con  la anterior directiva de renovables y con la anterior de eficiencia energética de edificios.

LA GUERRA FOTOVOLTAICA BUSCA TRINCHERAS COMUNITARIAS

Al Ministerio se le han vuelto ‘calabazas’ sus ‘carrozas’ y ha terminado por airear ante Bruselas los ‘puntos negros’ de un mix no resuelto al sur de los Pirineos. En 2010 Industria modificó su propuesta de mix al menos tres veces (con tres Reales Decretos y el Real Decreto ley 14/2010 aún en trámite) y todavía se anunciaban nuevos cambios a partir de diciembre en el PER, que ahora tendrán que llegar ya, como pronto, después de marzo. A la vista de que el que acaba de caducar (2005-2010) se aprobó en agosto de 2005, en Industria aún se dan tiempo. Pero es la propia Comisión Europea la que recuerda a Zapatero los riesgos de sus vaivenes solares: “el drástico incremento de la inversión fotovoltaica vivido en España entre 2006 y 2008 fue fruto del Plan de Energías renovables 2005-2010, que establecía unas tarifas muy generosas y permitía instalaciones sin límite”. Una fiebre que remitió en 2008, cuando ante la posibilidad de que el coste de las primas desbordase al Estado -Bruselas dixit- el Gobierno limitó a 500 Mw la capacidad que se  podía instalar cada año.

Que su mix no podía seguir así, lo reconocía hasta el propio Sebastián. Al fin y al cabo, desde 2004 a 2010 el importe de las primas renovables se multiplicaba por cinco. “España paga la novatada en renovables”, confesaba para echarle el freno en un modelo que, con la demanda a la baja, subvenciona las energías más caras -algunas de ellas tecnologías inmaduras-, aún a costa de relegar a las centrales de ciclo combinado -a un 30% de su capacidad- a fuentes de respaldo para cubrir la volatilidad de la eólica y la solar.  No es nada que no hayan tenido que aterrizar, en realidad, el resto de los mercados de avanzadilla renovable en la UE. Nada que no haya aceptado Bruselas, ante las urgencias de aterrizar incentivos a las renovables de más de 35.000 millones de euros anuales en los Veintisiete. Otra cosa serán los ‘caminos’ de bajada y los peajes de esos ajustes renovables.

Por más que el ministro proclamara en su comparecencia en el Congreso el 27 de enero que “con esta medida España está en línea con las acciones emprendidas en otros países como Francia, Alemania o la República Checa para abordar el incremento del coste de la fotovoltaica y garantizar la solvencia de los sistemas eléctricos”, Oettinger deja poco espacio a la duda: sólo los planes de Praga y Madrid están bajo la lupa de sus amenazas, sólo esos dos llevan apellidos retroactivos. Ni los ajustes solares en Francia, los Países Bajos e Italia, ni el nuevo modelo que Angela Merkel aplica ya -con compensaciones nucleares- o el que David Cameron ejecutará para el mercado británico -sin subvenciones directas a la energía baja en carbono, pero con un suelo de tarifas para el futuro y contratos a largo plazo- la asustan. Si Berlín y París optaron por leyes específicas y ad hoc -frente a los decretos españoles- Londres tiene a mano la alianza entre conservadores, liberal-demócratas y laboristas para hacer virtud de la necesidad -reemplazo de un tercio de generación, 15% de renovables y reducción de emisiones en un 80% en 2020- y bandera de ‘energía limpia’ de los 16.000 nuevos Mw nucleares que instalará Reino Unido en dos décadas. Todas abogan además por autoconsumo y la generación distribuida con modelos de instalación en tejados, empresas y Administraciones Públicas.

Y es que no son sólo los ajustes progresivos en todas las primas -a medida que algunas tecnologías han ido madurando- y el aterrizaje en las expectativas del mercado español tras el boom fallido de la fotovoltaica los que explican que en sólo dos años España haya perdido cuatro puestos en el ranking de inversiones mundiales del sector en el conjunto de las renovables. Según los datos del Instituto de la Energía del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea que manejan las patronales, el atractivo solar está ya muy lejos. Alemania, líder de un  mercado fotovoltaico internacional sigue creciendo por encima del 10% año tras año, con instalaciones estimadas en 15.740 MW, (España menos de 5.000 MW) y uno de cada dos nuevos módulos instalados en los últimos doce meses en el mundo, gracias al horizonte de las modificaciones de las tarifas de introducción del Acta de Energías Renovables (EEG) aprobadas a principios de julio del año pasado, y del ajuste previsto el 1 de octubre para promover el segmento de los tejados. Francia también acaba de implementar recortes renovables, con un nuevo modelo de ajustes a las retribuciones desde 20102. Pero Nicolas Sarkozy ha lanzado, a cambio, un plan de despliegue de centrales de producción de electricidad mediante eólicas offshore frente a sus costas atlánticas por valor de unos 10.000 millones de euros.

La Comisión Europea no digiere bien los vaivenes del ministro Sebastián,  considera que pueden ser un “go and stop” renovable. Le advierte desde junio que expedientará a España si la nueva regulación -los dos Reales Decretos de eólica y termosolar y el RDL que afecta a la fotovoltaica- genera demasiada incertidumbre. Se lo ha recordado ayer de nuevo -por si las dudas- el propio Comisario Oettinger a Miguel Sebastián en privado y en público: no sólo es que la CE repruebe los recortes retroactivos del 30% a la solar fotovoltaica en instalaciones de suelo ya operativas (aunque sea retroactividad impropia), ni que la Comisión Europea (desde luego, su cartera energética) esté dispuesta a barajar sanciones directas a esa ‘particularidad’ española. Es que el Ejecutivo de la Unión Europea ni siquiera se cree ya los compromisos de Moncloa en el horizonte de 2020. Pese a unas primas al Régimen Especial que en 2010 ya rebasaron 6.505 millones de euros hasta noviembre, después de haberse disparado en 2009 hasta los 6.200 millones de euros, (2.600 de ellos para la solar). Bruselas cree que España no cumplirá sus objetivos, ni en cuota de renovables en la producción de electricidad, ni -peor aún- en el transporte. No la disuaden de sus recelos, ni la evidencia de que la generación procedente de fuentes de energía renovable alcanzó en enero el 39,9% de la producción  eléctrica total, (un porcentaje similar al del mismo periodo de 2010), ni que el 58,9% de la generación eléctrica del mes se haya producido a partir de tecnologías que no emiten CO2, según el último balance de REE.

Por lo que se refiere a electricidad, España sólo ha realizado progresos moderados hacia la meta indicativa del 29,4% de renovables, lejos aún del cumplimiento alcanzado ya por siete Estados miembros -Bélgica, Dinamarca, Alemania, Hungría, Irlanda, Países Bajos y Suecia- mientras que en transportes está muy lejos aún de alcanzar el 5,75% de biocombustibles (al que llegaron Austria, Francia, Alemania, Hungría, Lituania, Polonia, Eslovaquia y Suecia) según un estudio del Ejecutivo comunitario. Y es que sólo cumplir con el 20% exigido por la Directiva de energías limpias en 2020 exigiría -según el propio sector- superar el 40% en la generación eléctrica, “hacer en los diez próximos años dos veces todo lo realizado en los últimos treinta años”, mejorar los sistemas de gestionabilidad y sobre todo almacenamiento, a medida que se incrementan los Mw eólicos y fotovoltaicos. La potencia actual de bombeo puro es ahora de unos 2.500 MW y España necesitaría aumentar esa capacidad hasta los 6.000 MW en 2020. Menos confianza aún tiene Oettinger en que España esté en el corto plazo a la altura del triple objetivo del 20/20/20 en 2020: renovables, ahorro y eficiencia energética y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Ya ante el rechazo de países como España, la CE no impuso la creación de un mercado de títulos de energías renovables que permitiría a los estados que superen los objetivos mínimos acordados con la Comisión Europea desde el 10 de enero de 2007 vender certificados de renovables a otros con más dificultades para conseguirlos.

Günther Oettinger le recuerda desde la CE que España suspende en movilidad sostenible y el estudio de la Comisión Mundial de la Energía deja sus niveles de eficiencia y captura de CO2 lejos de la media de los países industrializados; que es el país con mayor dependencia energética de la UE (superior al 80% frente a la media comunitaria del 50%). Y aunque el último Balance Energético publicado por el gobierno (en abril) presumía de que la intensidad energética se ha reducido en España un 13% entre 2004 y 2009, lo cierto es que todavía está muy por encima de la media europea, consume mucha más energía que los países de su entorno para producir la misma unidad de PIB y -a un ritmo de dos puntos de rebaja anuales- ni siquiera el IDAE espera alcanzar la media con la UE-27 antes del año 2020. Si los mapas de Jesús Caldera y su Fundación Ideas pasaban hace menos de un año por instalar al menos 700.000 techos solares entre 2010 y 2025 y por alcanzar dos millones de coches eléctricos en las calles españolas en 2025, a pesar de que hay un borrador desde septiembre, aún no han visto la luz ni el gestor de recarga, ni las reformas de la Ley Eléctrica que requiere el despegue del vehículo eléctrico.

ESPAÑA, FUERA DE JUEGO EN EL PEOR MOMENTO

No sólo es -que también- que a Oettinger le sabe a hora a poco la simple coordinación en los objetivos 20/20. Desde la cartera de energía comunitaria se quieren potenciar mecanismos de convergencia de los mercados eléctricos en sus tecnologías renovables. Nada en lo que el ‘aterrizaje’ de emergencia de la retribución renovable del Ministro Sebastián encaje. En los despachos del alemán no ocultan que le gustaría llegar a un “comercio paneuropeo de las renovables”, aunque para empezar se conforman con una estrategia de financiación conjunta que permitirá ahorrar a los Estados miembros hasta 10.000 millones de euros al año “en plena crisis de la deuda” y ahora que, como advierte la Comisión en su Documento de Estrategia Renovable, “el Banco Europeo de Inversión puede ayudar, pero no es una organización de caridad”.

Ni los calendarios, ni los planes acompañan a Miguel Sebastián ante Oettinger. Todo lo contrario. Se le acumulan los ‘avisos para navegantes’. Y no son las amenazas de una avalancha de “decenas de miles de pleitos” por parte de las patronales Appa, Asif y AEF las que más preocupan en Castellana 160. El Comisario se prepara ya, al mismo tiempo, para la batalla legal comunitaria que las patronales españolas, las empresas (decenas de ellas europeas) y los fondos e inversores internacionales ‘cocinan’ ya, a la espera de que el RDL 14/2010 de ajustes de emergencia a los costes del sistema eléctrico acabe su tramitación en ambas cámaras del legislativo.

Y es que, si Sebastián buscó asegurar la incontestabilidad de los ajustes solares con una disposición adicional en un Real Decreto Ley, ha destapado la ‘caja de Pandora’. Al cerrar la puerta a las reclamaciones directas nacionales del Real Decreto Ley, son el camino a la CE, la apelación a la Carta Europea de la Energía, la solicitud de arbitraje internacional y las amenazas de reciprocidad estadounidense las que enarbolan ya los inversores extranjeros y las patronales españolas. Y si Sebastián buscaba con el ‘efecto sorpresa’ hacer encajar sin aspavientos el recorte en un 30% de las horas con derecho a prima de las instalaciones fotovoltaicas, ya empieza a sospechar que la batalla ‘solar’ no ha hecho más que empezar, sobre todo en las trincheras exteriores. Apuran sus últimos cartuchos: la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) ha presentado una enmienda en el Senado para que las instalaciones solares fotovoltaicas de potencia menor a 50 kW no sufran los recortes del RD-L 14/2010.

Pero a falta de opciones directas a domicilio para exigir la nulidad del Real Decreto Ley en el Supremo o la Audiencia Nacional (sólo podrán hacerlo el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 diputados, 50 senadores y los parlamentos y ejecutivos autonómicos) las tres grandes asociaciones unidas por primera vez (APPA, ASIF, -la Asociación de la Industria Fotovoltaica- y la Asociación Empresarial Fotovoltaica, AEF) y las grandes empresas llevarán sus escaramuzas judiciales ante Bruselas y el TUE de Luxemburgo y reclamarán ante la Comisión Europea por incumplimiento del derecho comunitario, para que ésta inicie un procedimiento de infracción contra España. Los amparan no sólo la Carta Europea de la Energía (suscrita en los años noventa por los principales países europeos) y los acuerdos bilaterales suscritos con los países de bandera de los inversores, sino la posibilidad de pedir un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), vinculado al Banco Mundial; el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo, o la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).

Los acompañan los inversores internacionales -con al menos 15.000 millones dedicados al sector español, la mitad de ellos ligados a la banca europea-, que ya han hecho saber a Zapatero que estudian un arbitraje internacional para obligar a que el Ejecutivo respete sus inversiones. Y, desde ahora en adelante, los apadrinan los recelos públicos de Gunther Oettinger ante la estrategia de reforma de las retribuciones renovables del sector renovable español. Ya en junio de 2010, cuando los recortes de las primas del Régimen Especial aún eran una nebulosa bajo negociación, el diputado de CiU, D. Ramon Tremosa, denunció ante el Parlamento Europeo la posible retroactividad fotovoltaica, “por atentar contra la Carta Europea de la Energía y los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones suscritos por España”y “penalizar los intereses de inversores españoles, europeos y de fuera de la Unión Europea” y recibió el feedback positivo de la Eurocámara y las luces rojas de la CE que ahora su máximo responsable de energía vuelve a encender. Sintonizaba desde ese primer momento con la avanzadilla diplomática de ANPER - que agrupa a 1.050 productores-, que ha mostrado su queja a las embajadas de Francia, Alemania y EE UU y denunciará ante la Agencia Europea de la Energía la propuesta de recortar un 30% la tarifa para las plantas instaladas, si prospera.

OETTINGER Y SEBASTIÁN: SIN PUENTES NI SINTONÍA

La falta de empatía de Moncloa y de Castellana 160 con el alemán Oettinger, no ayuda. Sólo la paternidad común del Reglamento Comunitario de ayudas al carbón hasta 2018 ha conseguido hermanarlos, desde que el ex dirigente bávaro encontró sitio en la ‘Segunda Comisión Barroso’ a finales de 2009. Oettinger se ha tomado como algo personal el futuro del mercado germano, que junto con el español se repartía la mayor parte de los 2.700 millones de euros de ayudas anuales públicas al sector carbonero de la Unión. Pero Alemania tiene ya aprobado un Plan nacional vigente hasta 2018. Las recriminaciones cruzadas con el ya ex Secretario de Estado de Energía Pedro Marín durante la Conferencia sobre Infraestructuras Energéticas de Madrid, en mayo, fueron sólo el colofón más chirriante (hasta ahora) de lo que ya entonces acabó con un semestre de presidencia española trufado de desencuentros. Nada que haya cambiado en los siguientes meses. Todo lo contrario.  Sebastián dejó en manos de su ‘número dos’ la interlocución con la Comisión y ahora busca un reemplazo para esos puentes. Lo hace en los muros del repudio de Oettinger a las aristas de sus planes estratégicos, las ‘verdes’ antes de nada. Si España se atrevió en la Cumbre de Madrid a denunciar el “desencanto y la incredulidad” con las interconexiones gasistas y eléctricas europeas, la Comisión no ha dudado en responder con el ‘tú más’: si no se han cumplido los objetivos en interconexiones -Oettinger dixit- buena parte de la responsabilidad está en los rezagos de Francia y de España. “Los dos países -advierte- deberían considerar formar un mercado único de energía” y sólo las interconexiones eléctricas permitirán a España seguir ostentando su segundo lugar en eólica comunitaria y acceder a la eólica marina y sus redes, que han despegado desde Francia al Mar del Norte de espaldas a los proyectos españoles que reposan aún en la mesa del Ministro de Industria.

Durante estos meses, cada vez que la Comisión ha hecho ondear la bandera del “mercado europeo de la electricidad” -una de las obsesiones de Barroso- han vuelto la mirada a los Pirineos y a informes como el que la 'European Climate Foundation' presentaba ante Bruselas: Les sabe a muy poco que Francia y España desbloqueen tras quince años de paralización el proyecto de una línea eléctrica por los Pirineos. Calculan que la capacidad de las conexiones interregionales ha aumentado un 17% en diez años, pero tiene crecer un 23% en la próxima década. Y el mayor incremento se tiene que producir entre España y Francia, de 1 a 32 gigavatios, (mientras la conexión entre Francia y Alemania pase de 6 a 20 GW, la de Francia y Reino Unido de 2 a 12 GW y la de Francia con Europa Central de 3 a 15 GW) si España, el principal productor de energía solar de la UE -en palabras de la Comisión y de la ECF- quiere dejar de perjudicar la seguridad del suministro de los Veintisiete y dejar de ser una isla energética que necesita importar el 80% de los recursos. En los mapas de Oettinger por ahora no habrá cambios en las grandes infraestructuras gasistas, incluso el alemán ha insinuado una posible sobreoferta de la región gasista del sur, en la que España aspiraba a ser el hub con Medgaz en 2010 y las interconexiones de Larrau desde 2013 y Midcat y Biriatou desde 2015.

No ha sido tampoco, por descontado, Oettinger el que ayudaba a vestir de dimensión paneuropea y de medidas concretas el Plan Integral del Vehículo Eléctrico que Miguel Sebastián ponía de  largo con Zapatero en abril, la estrella industrial de los planes energéticos españoles para el Viejo Continente. El ministro incluyó su exportación y el impulso y la homologación de sistemas de recarga, infraestructuras e incluso baterías entre los objetivos prioritarios para la presidencia española de turno, ya hace más de siete meses. Pero la letra ‘pequeña’ y los calendarios no acompañan a los planes ibéricos. el Comisario de Transporte, Antonio Tajani, admitió que mientras España, Francia, Alemania, Portugal y Dinamarca quieren apostar por el coche eléctrico, otros como Reino Unido o República Checa están a favor de que haya diversos modelos de vehículos poco contaminantes. Polonia, Dinamarca, Suecia y Estonia prefieren dejar la puerta abierta a otras tecnologías como combustibles alternativos y tecnologías como las baterías de hidrógeno. Un choque de intereses en el que la CE no se decanta, resguardada en lo que Tajani llama “un punto de vista tecnológicamente neutro”.

ESTRATEGIA RENOVABLE SIN CALENDARIOS NI MAPAS

Además, las prisas del Comisario por una nueva estrategia común en renovables asoman al ministro de Industria al espejo de sus vaivenes ‘verdes’, mucho más allá del recorte a la ‘fiesta solar’. En julio, el Ministerio de Industria a cuatro manos con Moncloa, no contentos con cumplir con el 20% del consumo de energía final procedente de renovables que exige la Unión Europea y su Paquete Verde para 2020, fueron junto con los ejecutivos de Suecia y Holanda el único país de los Veintisiete que redoblaba sus apuestas verdes: comprometió a un objetivo del 22,7%, 2,7 puntos por encima de lo exigido por Bruselas, que se ‘conforma’ con un 20% de consumo final bruto de energía de origen renovable y un 10% del transporte en 2020. Fue el mayor compromiso de incremento proporcional de la Eurozona. Un ‘órdago’ renovable que, según los cálculos de Sedigás supondría un esfuerzo adicional para el sistema de generación eléctrica de 3.700 millones de euros en primas, aunque a cambio, no aclaraba el impacto de su modelo ‘renovable’ en las emisiones de C02.

Hoy, seis meses después, en Castellana 160 sólo saben que nada está definido, ni en objetivos ni en retribución-la eólica y la termosolar aceptaron recorte de horas pero sólo hasta 2013,- ni siquiera en modelo de gestión: no saben si seguirá más allá de 2013 el registro de preasignación y el establecimiento de cupos que establecieron en 2009. A pesar de que ese 22,7% del Paner (Plan de Acción Nacional de Energías Renovables) 2011-2020 supone un compromiso jurídicamente vinculante ante Europa, el documento de Estrategia Energética a 25 años surgido de la Subcomisión de Energía del Congreso bajo la batuta de Antonio Cuevas, ha fijado en el 20,8% la aportación de las energías renovables al consumo final de energía en 2020 - que pasaría por duplicar el porcentaje actual- ocho décimas por encima del 20% obligatorio fijado por la Unión Europea 2020 y 2,7 puntos por debajo de las pretensiones de Sebastián.

En todo caso, ahora que Alfonso Beltrán acaba de desembarcar en la Dirección General del IDAE, tratan de actualizar, por su lado el PER, el Plan Nacional de Energías Renovables, que caduca ya y que -eso jura el IDAE- debería ver la luz en coordinación con el Paner que ya industria envió -a otra velocidad- a Bruselas antes del 30 de julio. Pero entre el avance comunicado a Bruselas en enero, el mix de Zurbano de marzo, el PANER de julio y la propuesta de la Subcomisión, el objetivo de renovables para 2020 ya se ha reducido de 74.547 a 64.441 MW y su cuota global baja del 22,7% al 20,8%; de la misma manera, la participación de las renovables en el balance eléctrico baja del 42,7% al 35,5%, mientras el gas natural crece del 29,2% al 37,8%.  A la vista de que su mix de Zurbano  iba a costarle 100.000 millones de euros sin tres centrales nucleares más, el objetivo del 22,7% de consumo final de renovables, con una reducción de la dependencia energética hasta el 66,4% y un descenso del 19% de la intensidad energética que presentó el Gobierno el 1 de marzo en las conversaciones de Zurbano ahora ya sólo es un ‘horizonte tentativo’ deseable, aunque en su momento respondía ya al avance del PANER 2011-2020 en cumplimiento de la Directiva de renovables.

Más nebuloso aún es el horizonte de las ‘cenicentas’ renovables de Miguel Sebastián, las tecnologías renovables menos desarrolladas, pero que deben también cumplir unos objetivos del Paner que publicó el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), desde el biogás, a la valorización energética, en la que España está aún a la cola de la UE, con apenas un 8% de residuos dedicados a ella. Se lo recordaba el sector de la biomasa, justamente el que estaba llamada a ser la tecnología que más contribuye por megavatios a la generación de empleo directo en la explotación de las plantas. En Industria, en menos de cuatro años, han pasado del embeleso con las posibilidades de la biomasa al desconcierto y, ahora, a juzgar por las cifras del Paner, simplemente a la resignación, con aspiraciones de generar un 2,6% con biomasa.

Cuando en Castellana 160 engendraron el anterior Plan de Energías Renovables 2005-2010 -aún vigente- la biomasa iba a ser la ‘estrella’ de su mix verde, preveían confiar en ella hasta un 47% de la generación renovable de energía consumida. Ahora, Industria simplemente pliega sus objetivos, rebaja -Appa denuncia- en 45 puntos básicos su presencia en el "mix" de energías renovables aunque -Margerit decía en octubre- no descartan volver a flexibilizar el Paner si la biomasa repunta. Han pasado del horizonte de 1.317 Mw para 2010 y la generación -según las asociaciones del sector- de un total de 60.880 puestos de trabajo entre directos e indirectos con el desarrollo del sector en España hasta 2020, a conformarse con poco más de 1.100 Mw en 2020 en las previsiones del Plan Nacional de Acción sobre Energías Renovables, lejos del aumento de la potencia a instalar de  2.146 MW en 2.020 con inversiones por más de 4.000 millones de euros que pide la patronal. Hoy, el IDAE aún analiza un mecanismo de apoyo para las térmicas basado en el pago por generación de calor y se podría plantear algún mecanismo para incentivar la biomasa.
No es tampoco el director de la Asociación de edificación sostenible Green Building, Luis Álvarez Udem, el único que recuerda que a falta de entre 1990 y 2005, las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera aumentaron un 200% debido al auge del sector de la construcción en los últimos 15 años y al mal aislamiento de los edificios. “Si no se actúa sobre los edificios existentes en España, no cumpliremos con el compromiso de Kyoto”, avisa. Sus luces rojas coinciden con el informe de la Agencia Internacional de la Energía, que recomienda expedir certificados de eficiencia energética para edificios en todos los países para ahorrar más de 1.500 millones de toneladas de petróleo y contribuir a reducir las emisiones de CO2 en 12.600 millones de toneladas en el horizonte de 2050. Y, sobre todo, con la Unión Europea, que en noviembre le daba un doble ultimátum a España por no haber puesto al día la legislación sobre eficiciencia energética en edificios y no trasponer aún la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, exige a los estados fijar un método de cálculo de la eficiencia, unas normas mínimas y un certificado de eficiencia energética de edificios.

POCA ‘LUZ’ EN EL MIX A 25 AÑOS

El Congreso de los Diputados ya asomó al Ministerio de Industria -tras las mismas huellas que ahora reedita Günther Oettinger- a sus promesas fallidas, pero sin compromisos materiales: no hay ni rastro de la prometida Ley de Energías Renovables; España tendrá que mejorar sus potencia de interconexiones eléctricas para llegar del 3 al 10% en 2020, el mismo horizonte que REE le ha detallado a Sebastián desde hace meses. Ni palabra sobre la transposición al ordenamiento jurídico nacional de la Directiva de Eficiencia Energética en Edificios, para que en 2011 haya un plan nacional de edificios de consumo nulo y emisiones cero, con objetivos intermedios y obligatorios para 2015 y con una relación de medidas e instrumentos financieros y con un paquete de medidas fiscales que incentiven el ahorro de energía, como sugerían las patronales renovables. No hay ni rastro, tampoco, de la generación distribuida, de la nueva normativa que el Ministerio esperaba dar a luz antes de fin de año para favorecer la implantación de las energías renovables en las viviendas y en las empresas y el autoconsumo mediante la instalación, gestión y explotación de instalaciones de pequeña potencia cuya producción, tras cubrir los propios consumos, podrá venderse en el sistema.

Los de Cuevas ignoran cualquier alusión a Fiscalidad Ambiental, una Ley a medida que se llegó a barajar incluso en la Secretaría de Estado capitaneada aún por Pedro Marín. Tampoco alterará los planes de Zapatero y Sebastián la puerta que la Subcomisión deja apenas entreabierta a “analizar la posibilidad y conveniencia de que los costes de las renovables sean soportados por el conjunto de los consumidores del sistema energético". Ya la mayoría de los grupos rechazaron en el Senado en septiembre la propuesta de tasas a la nuclear y la hidráulica y en el Ministerio de Industria enfundaron desde hace semanas el debate sobre un posible ‘céntimo verde’ al consumo de hidrocarburos. Si la Subcomisión no se ha atrevido a nombrar cualquier nuevo gravamen energético -lo borró del texto definitivo en la última semana a iniciativa del PP- no será Miguel Sebastián el que lo vaya a rescatar en el corto plazo. Como ha hecho saber la presidenta de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), María Teresa Costa, el regulador tampoco ha tomado aún ningún acuerdo sobre la posibilidad de que el coste de las renovables se reparta entre el conjunto de los consumidores energéticos. Ni rastro, claro, del objetivo relanzado por Oettinger ahora introducir en la Unión Europea un impuesto a las emisiones de dióxido de carbono CO2 de aquellos sectores no incluidos en el sistema de comercio de derechos de emisión como el transporte o la vivienda. Los países nórdicos ya aplican este tipo de tasa en el ámbito nacional y otros como Francia llevan tiempo considerando su introducción, pero Reino Unido, Polonia e Irlanda se han mostrado reacios en repetidas ocasiones a que la fiscalidad sea una cuestión que se decida a escala comunitaria en lugar de nacional.

En la versión final del Paner además se eliminaron los epígrafes en los que se explicaba el impacto económico de las energías renovables en España y la razón de ser de los diferentes mecanismos para compensar las externalidades positivas de las energías renovables (primas, impuestos de CO2, derechos de emisión, etc.). Además, hasta su presidente Antonio Cuevas reconoce que ni siquiera se ha pretendido plantear un mix concreto a 25 años vista, algo “absurdo” -el diputado dixit- ya que todas las tecnologías que se utilizan en la actualidad, incluidas las renovables, son “de transición”. No serán ellos los que desvelen las claves del círculo vicioso del rompecabezas de las fuentes de generación: sólo saben que el autoabastecimiento energético de España tendría que aumentar desde el 23% de 2009 hasta suponer un 31,5% en 2020.

SIN CONSUELO SOLAR, AL MODELO GERMANO

 El declive nacional de la industria fotovoltaica española llega además ahora que la producción de paneles batía un nuevo record en 2009 con 10.700 megawatios fabricados a nivel mundial, un incremento del 15% respecto al año anterior, pero muy lejos de la euforia de 2008, cuando el crecimiento de la producción de disparó un 89%. Lo justo para que el país con más irradiación solar de toda Europa haya cedido ya el liderazgo que tuvo entre 2005 y 2008. Y -en palabras de ASIF- “esté perdiendo el tren” en el que Alemania o China viajan ya a doble velocidad. En 2010, mientras que el mercado español -extrapolando los datos más recientes de la CNE- rondará los 100 MW, en Francia se instalaron 500 MW, en Italia 1.500 MW y en Alemania 7.000 MW, según el rango más bajo de las estimaciones de la European Photovoltaic Industry Association, a pesar de que todos han comenzado a operar recortes en las primas, al mismo tiempo que a potenciar los ‘huertos urbanos’ con instalaciones pequeñas en tejados y autoconsumo.

Los promotores y fabricantes españoles, tras los pasos de Solaria, Fotowatio, o Isofotón (que ha llegado a un acuerdo con la eléctrica china CGNPC para desarrollar proyectos con tecnología de alta concentración), redoblan sus apuestas por el liderazgo germano -ya con la mitad de los Mw instalados en los últimos doce meses-, el auge italiano, las opciones estadounidenses (donde la fotovoltaica total conectada a la red se duplica cada dos años, pero sin primas), o las opciones de los emergentes chino e indio. La búsqueda de mercados exteriores había servido hasta ahora de bálsamo a los fabricantes y los instaladores. Otra cosa serán los propietarios de las plantas ya en marcha. El recorte de hasta el 30% en sus primas siembra más que sombras sobre la viabilidad de la financiación de unas instalaciones con apalancamientos entre el 80 y el 90%, que se sustentan sobre préstamos garantizados con las propias primas futuras, con plazos de  8-10 años (las pequeñas) y a 15-20 años (las grandes), que tardan entre 12 y 15 años en rentabilizar la inversión realizada en su construcción y que ahora tendrán que refinanciarse en los espejos de las incertidumbres bancarias, o directamente, declararse en concurso.

El trío de grandes asociaciones del sector aboga por la fusión con otros sistemas renovables, como un sistema mixto eólico-solar o solar fotovoltaico-térmico, para obtener un mayor rendimiento a las placas solares fotovoltaicas, o por la energía solar fotovoltaica de concentración, que aprovecha la radiación solar con una eficiencia de un 40%, el doble que las convencionales. Pero sobre todo, la fotovoltaica, intenta facilitar la generación distribuida y abrirle a Sebastián el ‘melón’ del autoconsumo. Podría permitir al mercado -anunciaban desde mayo las asociaciones- crecer un 35% hasta 2020 y alcanzar 17.000 Mw. Ahora, la legislación permite el autoconsumo aislado de luz procedente del sol y, por el contrario, obliga a que la electricidad generada en las 55.000 instalaciones censadas -la mayor parte, huertos solares- se vierta en la red por entero, sólo para venderla.

Pero países como Alemania, Italia y Bélgica permiten que los particulares instalen paneles, utilicen la electricidad generada en sus propias necesidades y vendan el sobrante a la red, lo que conlleva emitir una factura adicional para los autoconsumidores en la que se reflejen los pagos o cobros que correspondan, ya sea la compensación por autoconsumo (cobro) o los impuestos y los peajes a la compañía distribuidora de electricidad (pagos). Según los datos que maneja el sector español, “a mediados de la próxima década podrían llegar a la paridad de red, (antes en el Sur del país) será tan rentable usar la fotovoltaica para autoproducirse la electricidad que para comprarla”. Los particulares podrán autoconsumir entre el 60% y el 80% de su energía generada -y vender a la red sólo el excedente-, mientras las estimaciones para las industrias se reducen a entre el 30% y el 50%.El ministro parecía, hasta octubre tan receptivo a ese modelo que, después de los planes de su propio IDAE- el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético- anunció que apuntalaba una nueva norma antes de fin de año para favorecer la implantación de las energías renovables en las viviendas y en las empresas, con un Real Decreto de Regulación de la Conexión a Red de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica de Pequeña Potencia. Pero la ‘tercera vía’ para la  fotovoltaica sigue aún en la nevera de la negociación de Castellana 160, y con ella, la opción de una serie de normas que facilitarán el autoconsumo mediante la instalación, gestión y explotación de instalaciones de pequeña potencia cuya producción, tras cubrir los propios consumos, podrá venderse en el sistema.

LA SINTONÍA RENOVABLES- CO2 TAMPOCO AYUDA

Quiso colgarse todas las medallas del CO2. El Presidente Zapatero no dudó desde el principio en hacer del cambio climático la principal carta de presentación para buscar su sintonía con la Casa Blanca y en airear la promesa personal, desde antes de Copenhague, de servir a la mesa de los Veintisiete un gran acuerdo global de reducción de emisiones europeas hasta el 30% de Kioto. Pero el carbón, el cambio climático, las obligaciones de Kioto, la biodiversidad y hasta la transposición de la directiva del agua han terminado por desatar otra de las aristas de la guerra entre Bruselas, Ferraz, la subcomisión del Congreso y Moncloa y bloquear las posturas españolas ante la Unión. No es la Fundación de Energías Renovables la única en recordar los olvidos ‘verdes’ a los que la Subcomisión no ha querido ni mirar de lejos: nada de alusiones al nivel de emisiones de CO2 españolas, menos aún a compromisos tangibles. Sólo menciona que la captura y almacenamiento de CO2 es “una tecnología puntera que debe desarrollarse e implementarse a nivel industrial”, pero “teniendo en consideración sus costes y beneficios y la liberalización del mercado de producción eléctrica, de forma que resulte económicamente sostenible para los consumidores”. Ya tras los cambios en el borrador del Paner, la versión definitiva del documento enviada a Bruselas recortaba el volumen esperado de reducción de emisiones de GEI por el uso de las energías renovables, desde 678 millones de toneladas de CO2 a 186,8 millones en la versión definitiva. Una reducción del 72% que resulta especialmente significativa si se compara con las estimaciones previas realizadas por APPA (la Asociación de Productores de Energías Renovables), que cifraba en 661 millones la reducción producida por la generación eléctrica.

Moncloa congela de nuevo todas las promesas del CO2, tras la fallida Cumbre de Copenhague y la tibia COP16 en Cancún. El estudio de la Comisión Mundial de la Energía deja sus niveles de eficiencia energética y captura de CO2 lejos de la media de los países industrializados, con una calificación de un 6,7, la misma que  a Eslovenia. Suspende en movilidad sostenible, las emisiones de CO2 producidas por la movilidad de pasajeros -excluyendo aviones y barcos- han aumentado casi un 90% desde 1990, al mismo nivel países con mucha más población, como Francia, Italia o Reino Unido, y que triplican las de Polonia, que tiene casi los mismos habitantes que España. Se ha decretado el cierre desde 2013 de la central nuclear de Garoña desoyendo los informes técnicos favorables a su funcionamiento y el ahorro de 400 millones de toneladas de CO2 anuales y se ha impuesto por decreto la utilización del carbón nacional -un 30% más caro y contaminante que el importado y con un tercio menos de poder calorífico- a costa de los ciclos combinados, más limpios y eficientes. Lo sabe el ministro de Industria: estira la ‘manta de las renovables’ ante la UE para intentar cubrir el resto de sus zozobras del CO2. Su aterrizaje renovable se le queda aún más corto para compensar el resto de sus ‘olvidos’ verdes: incumple en 20 puntos Kioto y tiene que dedicar 638 millones de euros, el mayor coste de un país de la UE, para poder cumplir el compromiso de que las emisiones en el período 2008-2012 sean un 15% superiores a las de 1990 y no del 35%, como apuntan las proyecciones de Bruselas. Una penalización muy por delante de Austria (que dedicará 531 millones a estos mecanismos de desarrollo limpio), Países Bajos (507 millones), Luxemburgo (360 millones) y Portugal (305 millones).

Se lo ha dicho alto y claro Fatih Birol -el economista jefe de la AIE- a la secretaria de Estado del Cambio Climático: dar ayudas al carbón en un país de la OCDE puede llevar a distorsiones en el mercado y aumentar las emisiones de CO2 al menos en 25 millones de toneladas más, nada que la Organización apruebe ahora que le recuerda además a España que está en el furgón de cola de los impuestos medioambientales, junto a Francia. España ocupa los últimos lugares, junto a Francia o Japón. Hacienda, ingresa sólo un 1,8% de su PIB gracias a los tributos verdes (frente al 4% de Holanda o Dinamarca). Y aunque las empresas tienen derecho a una deducción del 4% por inversiones que sirvan para proteger el medio ambiente, del 8% en actividades de innovación y del 25% en I+D, el Gobierno prevé que sólo 3.500 compañías apliquen la deducción por protección del medio ambiente y otras 2.446 se acojan a los beneficios fiscales por I+D.

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