edición: 2451 , Viernes, 20 abril 2018
21/04/2015
LA OREJA DE LARRAZ

Los altos cargos del Gobierno se quedan sin tarjeta de crédito para pagar gastos de representación

Xavier Gil Pecharromán
Los altos cargos de la Administración del Estado a partir de ahora no dispondrán de tarjetas de crédito para que sean utilizadas como medio de pago de sus gastos de representación. Así se establece en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo, que ha entrado en vigor.
No obstante, la Ley establece que en casos excepcionales, cuando el alto cargo desarrolle sus funciones en el extranjero y previa acreditación de las circunstancias extraordinarias que lo hagan imprescindible, podrá autorizarse su utilización, sometida al correspondiente control administrativo
Dice la norma que la utilización de vehículos oficiales por quienes ejerzan un alto cargo estará vinculada con las obligaciones de desplazamiento derivadas del desempeño de sus funciones. Reglamentariamente se desarrollarán los criterios de utilización de estos vehículos.

La prestación de otros servicios que, en su caso, puedan ser llevados a cabo por vehículos oficiales deberá realizarse atendiendo a la naturaleza del cargo desempeñado y a las necesidades de seguridad y de acuerdo al principio de eficiencia en el uso de los recursos públicos.

El crédito presupuestario de los gastos de representación y atenciones protocolarias sólo podrá utilizarse para sufragar actos de esta naturaleza en el desempeño de las funciones del alto cargo, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, siempre que dichos gastos redunden en beneficio o utilidad de la Administración y no existan para ellos créditos específicos en otros conceptos. No podrá abonarse con cargo a ellos ningún tipo de retribución, en metálico o en especie, para el alto cargo.

Cuando se incurra en este tipo de gastos, deberán respetarse los límites que se hayan fijado, que en ningún caso podrán ser objeto de ampliación. Asimismo, deberán ser debidamente justificados y acreditar su necesidad para el desempeño de las funciones inherentes al ejercicio del alto cargo.
La ley, publicada en el BOE el pasado 31 de marzo, establece un régimen integral de obligaciones y cautelas que se inician con anterioridad al nombramiento del alto cargo por el Consejo de Ministros, y que se extienden hasta los dos años siguientes en los que la situación patrimonial y profesional de estos se sigue sometiendo al escrutinio de la Oficina de Conflictos de Intereses.

Esta norma forma parte del Plan de Regeneración Democrática que ha impulsado el Gobierno en su objetivo de luchar contra la corrupción y de restablecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.

Quienes ejerzan un alto cargo tendrán la consideración de personas con responsabilidad pública a los efectos de la aplicación de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, lo que ha permitido ya la inclusión en una lista los 750 altos cargos ejercientes o antiguos tras su acogimiento a la amnistía fiscal, tal y como ha ocurrido con el ex vicepresidente y ex director general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato.

Los órganos, organismos o entidades en los que presten servicios altos cargos que no tengan la condición de autoridad deben aplicar procedimientos adecuados para detectar posibles conflictos de interés y para que, cuando estén incursos en estos conflictos, se abstengan o puedan ser recusados de su toma de decisión. Estos procedimientos y el resultado de su aplicación deberán ser comunicados anualmente a la Oficina de Conflictos de Intereses.

La abstención del alto cargo se producirá por escrito y se notificará a su superior inmediato o al órgano que lo designó. En todo caso, esta abstención será comunicada por el alto cargo en el plazo de un mes al Registro de Actividades de altos cargos para su constancia.

En caso de que la abstención se produjera durante la reunión de un órgano colegiado, su constancia en acta equivaldrá a la comunicación al superior inmediato o al órgano que lo designó. La comunicación al Registro de Actividades de altos cargos será realizada por el secretario del órgano colegiado.

Finalmente, es importante que salvo excepciones recogidas en la norma, los altos cargos ejercerán sus funciones con dedicación exclusiva y no podrán compatibilizar su actividad con el desempeño, por sí, o mediante sustitución o apoderamiento, de cualquier otro puesto, cargo, representación, profesión o actividad, sean de carácter público o privado, por cuenta propia o ajena. Tampoco podrán percibir cualquier otra remuneración con cargo a los presupuestos de las Administraciones públicas o entidades vinculadas o dependientes de ellas, ni cualquier otra percepción que, directa o indirectamente, provenga de una actividad privada simultánea.

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