edición: 2850 , Miércoles, 20 noviembre 2019
22/05/2013

Los asesores fiscales abogan por un cambio profundo de la vía Económico - Administrativa y que sea voluntaria

Javier Ardalán

La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) propone en un informe recién publicado que la vía económico-administrativa, pase a ser voluntaria para los contribuyentes que deciden recurrir las resoluciones administrativas de Hacienda. El informe “Propuesta de modificación del carácter preceptivo de la vía Económico-Administrativa” defiende que la obligación de agotar la vía Económico-Administrativa, antes de acceder a la jurisdicción Contencioso-Administrativa, supone un menoscabo del principio de tutela judicial efectiva recogido en el artículo 24 de la Constitución Española, como consecuencia derivada de su obligatoriedad y la larga duración.

Así, explica el informe que para una gran cantidad de supuestos no procede un solo recurso administrativo antes de pasar al orden jurisdiccional, sino que una doble instancia previa –reclamación de instancia ante los Tribunales Económico- Administrativos Regionales y alzada ante el Tribunal Económico-Administrativo Central–, incluso tres, si se utiliza el recurso extraordinario de revisión, y a veces cuatro, si previamente se ha interpuesto el potestativo recurso de reposición previo al económico-administrativo.

Como contrapeso  consideran la ventaja del carácter gratuito de la vía Económico –Administrativa y la posibilidad de actuar sin representación letrada suponen una compensación destinada a favorecer la acción procesal y a lesionar, en la menor medida posible, los perjuicios derivados del retraso en el acceso a los tribunales.

La  jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha admitido expresa y reiteradamente que la conciliación entre las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva y la existencia de una vía administrativa preceptiva. No solamente ha reconocido el TC que no sólo es compatible con este principio sino que forma parte del mismo.

En algunas de sus sentencias, como la 120/1993, de 19 de abril, y la 191/1993, de 14 de junio, el TC ha señalado que la necesidad de agotar la vía administrativa para acudir a los Tribunales de Justicia es legítima y plenamente constitucional, mientras que en otras se han apreciado ciertas vacilaciones al respecto; así, la sentencia 60/1989, de 16 de marzo, dice que la vía administrativa previa para acceder a la jurisdicción puede ser inconstitucional no sólo cuando constituya un obstáculo, sino cuando la finalidad que se persiga pueda llegar a ser, simplemente, disuasoria.

Además, cualquier análisis sobre las reclamaciones da como resultado que un amplio porcentaje de supuestos en que es incumplido el plazo máximo de resolución de un año para cada instancia legalmente establecido, cuya compensación en términos de acceso a la jurisdicción no resulta suficiente con la limitación de los intereses de demora establecida por el artículo 26.4 de la Ley General Tributaria.

El informe alerta de que se ha venido señalando reiteradamente en las dos últimas décadas que la vía administrativa previa encuentra su sentido institucional adecuado si constituye también una forma de garantía de los derechos e intereses legítimos de los particulares, sencilla y efectiva, de manera que ahorre la necesidad del proceso judicial, que suele ser lento y costoso, contribuyendo de paso a reducir la avalancha de recursos Contencioso-Administrativos.

Si en la nueva legislación procesal se trata de establecer unos mecanismos financieros orientados al ejercicio responsable de las acciones procesales, desincentivando el acceso a la jurisdicción temeraria o infundada, la obligada falta de permeabilidad de la vía económico-administrativa a estos planteamientos –en la medida en que, siendo la Administración acreedora quien continúa actuando, en su función revisora, resulta inasumible el establecimiento de costes– posibilita una utilización de la reclamación como mecanismo de dilatación de la obligación de ingreso.

Como consecuencia, la AEDAF concluye  que no puede  entenderse que  el mantenimiento de la situación actual objetivamente pueda calificarse como un beneficio o privilegio para las Administraciones Tributarias, ni tampoco como una mejor salvaguarda de los intereses públicos. En la reducción de la litigiosidad como objetivo confluyen los intereses particulares y los intereses públicos, de tal modo que también cabe una reflexión responsable desde las posiciones públicas respecto a si el sistema actual está alcanzando sus objetivos, o si puede estar colaborando a la generación de unos efectos.

Se pregona, en una primera fase del  mantenimiento de toda la regulación actual, concentrando la modificación en la atribución de carácter potestativo, así como en la introducción de mecanismos que permitieran acceder directamente a la jurisdicción competente a la resolución de cuestiones (generalmente de constitucionalidad, de legalidad o de adecuación al ordenamiento comunitario) que puedan afectar a series de actos administrativos que presenten identidad sustancial. Se trataría con ello de contribuir a aliviar la congestión en la resolución de reclamaciones mediante el “aparcamiento” de estas series hasta la resolución de la cuestión sustancial”.

En una gradación de mayor intensidad recomiendan que se plantee el debate relativo a si deben suprimirse los recursos ordinario de alzada (artículo 241.3 LGT), extraordinario de alzada para la unificación de criterio (artículo 242.1 LGT) y extraordinario de revisión (artículo 244.2 LGT), que se reconocen actualmente a los Directores Generales del Ministerio de Economía y Hacienda y los Directores de Departamento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y los órganos equivalentes o asimilados de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía respecto a las materias de su competencia; si acaso, subsistiría únicamente el recurso extraordinario para la unificación de doctrina a favor de la DGT (artículo 243.1 LGT).

Y finalmente, abogan como propuesta complementaria, debería estudiarse la oportunidad de modificar el régimen actual del recurso de reposición. Cabría plantearse su conversión en una “alzada impropia”, mediante la atribución de la competencia para resolver a un órgano distinto del que dictó el acto de propuesta de modificación del carácter preceptivo de la vía económico-administrativa recurrido, así como su idoneidad para albergar algún mecanismo de resolución por terminación convencional.

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