edición: 28267 , Jueves, 17 octubre 2019
12/11/2010

Los asesores fiscales quieren que las transmisiones familiares no tributen para evitar la voracidad de las comunidades autónomas

Javier Ardalán
Los asesores fiscales consideran que acabar con los problemas de seguridad jurídica que provoca que el tráfico inmobiliario empresarial pueda estar gravado por el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) o por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas (ITPO). En una reunión de técnicos de la Asociación de Asesores Fiscales (AEDAF) y del Colegio de Registradores De la Propiedad y Mercantiles de España se ha denunciado como un error de política fiscal  que las comunidades autónomas establezcan tipos de gravámenes diferentes por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) en función de que el contribuyente renuncie o no a la exención de IVA, perdiendo el carácter de gravamen documental para convertirse en un verdadero gravamen sobre la transmisión patrimonial.

También se han estudiado las desigualdades territoriales que se ponen de manifiesto como consecuencia de las diferentes imposiciones establecidas por las comunidades autónomas, puesto que provocan la deslocalización de patrimonios, además de atentar contra principios constitucionales como los de igualdad o seguridad jurídica.

Sin embargo, no todo son unanimidades entre los asesores fiscales, puesto que uno de los argumentos expresados a favor de la existencia del impuesto, es que se trata de un tributo justo, que grava de manifestaciones de riquezas obtenidas sin  esfuerzo personal. Esta opinión es discutida, pues hay quien piensa que la capacidad económica del núcleo familiar ha de ser considerada en su conjunto.

La principal conclusión en esta importante reunión de trabajo de técnicos de la asesoría fiscal es la necesidad de mantener un impuesto cuya existencia es necesaria, dado el efecto recaudatorio que supondría su supresión para las Comunidades Autónomas, pero desfiscalizando las transmisiones en el núcleo familiar y moderando los tipos en el resto de transmisiones.

También, han denunciado los asesores fiscales que el Artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores, que trata de evitar los abusos en la exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en el caso de sociedades cuyo capital esté constituido en un 50% o más por inmuebles y coticen en un mercado secundario, se ha convertido en una norma reguladora de un nuevo hecho imponible del de este Impuesto.

En esta reunión se ha concluido que se está aplicando la norma de forma automática, quedando gravadas todas aquellas transmisiones de valores por las que se adquiera el control de sociedades cuyo activo esté compuesto mayoritariamente por inmuebles, con independencia de que exista o no ánimo defraudatorio.

Así, denuncian que de este modo se condiciona la toma de decisiones en el tráfico empresarial en función de la tributación más o menos gravosa de las operaciones realizadas y se pierde el efecto neutral de los impuestos. Por ello, solicitan una urgente reforma de esta práctica y para ello, de este artículo.

En sus conclusiones a puerta cerrada, los técnicos destacaron la necesidad de armonización del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, para lo que decidieron proponer la apertura de un debate sobre la supresión o no del mismo, al tratarse de un impuesto que limita el derecho a la propiedad privada y vulnera el de la herencia.

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