edición: 2943 , Miércoles, 8 abril 2020
24/11/2011

Los auditores denuncian que el nuevo reglamento perjudica a las firmas medianas y pequeñas

Las tres corporaciones representativas de la auditoría de cuentas en España han denunciado que el nuevo reglamento de la Ley de Auditoría, aprobado por el Consejo de Ministros, perjudica "gravemente" a las firmas medianas y pequeñas y puede producir inseguridad jurídica e indefensión.

Así lo denunciaron en un comunicado el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, el Consejo General de Colegios de Economistas de España y el Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulares Mercantiles de España.

Las tres corporaciones recurrirán el texto por entender que se ha cometido fraude de ley en la tramitación del mismo, y denuncian la ruptura del consenso que logró la Ley en el Congreso, con el agravante político de hacerlo cuando las Cortes están disueltas.

Además, ahora advierten de que la normativa perjudica de forma "muy directa" a las firmas medianas y pequeñas, al establecer que será incompatible percibir honorarios de una entidad y de las vinculadas a ella por servicios de auditoría y servicios distintos cuando los mismos superen el 15% del total de los ingresos anuales de la sociedad de auditoría, tomando la media de los últimos tres años.

Este porcentaje será del 20% para los auditores personas físicas y las sociedades con menos de seis socios siempre que no hayan auditado a una Entidad de Interés Público (EIP). Las corporaciones consideran que estos porcentajes son "exageradamente bajos" y tendrán un efecto negativo sobre la competencia.

TRABAS A LAS FIRMAS MEDIANAS Y PEQUEÑAS

A juicio de los auditores, con esta medida se está impidiendo el crecimiento de las firmas medianas y pequeñas y el efecto puede ser que se fomente la concentración. Además, denuncian que no se haya pedido informe a la Comisión Nacional de la Competencia.

Respecto al régimen de incompatibilidad, las corporaciones denuncian que se extienden las causas sin justificación. Sobre todo en lo que se refiere al "bookkeeping" (llevanza de la contabilidad), pues el reglamento viene a prohibir cualquier trabajo u observación que tenga incidencia en cómo se lleva la contabilidad, lo que puede imposibilitar cualquier diálogo entre el auditor y su cliente.

Con respecto a las EIPs, en contra del criterio del Comité de Auditoría de Cuentas, se amplía a un número "exagerado" de empresas, todas las que tengan un volumen de negocio superior a 200 millones de euros o 1.000 empleados, cifras muy inferiores a las de los países de nuestro entorno.

Esta generalización de las EIPs perjudica de nuevo a las pequeñas y medianas empresas de auditoría, que se verán obligadas a cumplir todos los requisitos que se precisan para auditar a una EIP. Esto puede tener de nuevo una consecuencia negativa sobre las posibilidades de crecimiento de las auditoras más pequeñas, y de nuevo fomenta la concentración.

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