edición: 2515 , Lunes, 23 julio 2018
25/07/2017
LA OREJA DE LARRAZ

Los autónomos se igualarán a los consumidores en derechos en las hipotecas

Xavier Gil Pecharromán
El Gobierno prepara la aprobación y remisión a las Cortes  del Anteproyecto de Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, que amplía la protección a todas las personas físicas, sean o no consumidores, incluyendo a los trabajadores autónomos, al tiempo que reconoce el derecho del prestatario en moneda extranjera a convertir el préstamo a euros como moneda en que recibe sus ingresos.
El Consejo de Ministros podría abordar el anteproyecto en su reunión de esta semana. El texto normativo condiciona el vencimiento anticipado del contrato a que se produzca un incumplimiento significativo, a un retraso en el pago de entre el 3 y el 5 por ciento del valor del préstamo. Además, establece la mora en el triple del interés legal incrementado en dos puntos.

Con estas medidas se trata de poner fin a la base de muchas de las cláusulas abusivas que mantienen en la actualidad. La norma transpone la Directiva 2014/17/UE, de 4 de febrero, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial, y modifica un total de once leyes.

La futura norma refuerza la protección al consumidor y la transparencia en los préstamos inmobiliarios. Se trata de normas de orden público económico. Por otra parte de regula el servicio de asesoramiento en préstamos inmobiliarios, distinguiendo el asesoramiento independiente del dependiente, al tiempo que exige al cliente una manifestación manuscrita y firmada en la que declare que ha recibido y que comprende y acepta la información precontractual que el banco está obligado a entregar al cliente, como condición para acceder al crédito.

El prestatario dispondrá de información desglosada de todos los gastos asociados a la firma del contrato y se dispondrá de un modelo de contrato que las entidades y los consumidores podrán utilizar de forma voluntaria. Se trata de un modelo estándar de contrato para uso voluntario, que se desarrollará posteriormente mediante un reglamento.

Todas las cláusulas estarán contenidas en una ficha normalizada para garantizar la transparencia, que será entregada al cliente. En ella, las entidades explicarán cuales son los riesgos asociados a las mismas, entre las que se encuentran cláusulas suelo, posibilidad de vencimiento anticipado, distribución de gastos asociados al préstamo o créditos multidivisa.

Obligará a los bancos a dar a los usuarios un documento separado que incluya una simulación de las cuotas periódicas a pagar con diferentes escenarios de evolución de los tipos de interés, en caso de que la financiación sea a tasas variables. Algunas entidades ya vienen incorporando desde hace años esta información, lo que les ha evitado condenas en las sentencias sobre cláusulas suelo.

Se refuerza, además, el control de legalidad que ejercen notarios y registradores en la fase de contratación para un asesoramiento más amplio al consumidor. Sobre todo, se refuerza el papel de los notarios a partir de ahora será relevante. En el caso de los notarios, deberán trabajar como asesores financieros, sin cobrar por este servicio, de las personas que van a hipotecarse.

Los fedatarios deberán hacer constar en acta las pruebas realizadas al cliente sobre su entendimiento en la aplicación práctica de las cláusulas financieras recogidas en el contrato. Muy importante a tener en cuenta, que se presumirá, una vez que entre en vigor la norma, que el principio de transparencia material se ha cumplido cuando el notario levanta acta del asesoramiento que ha realizado.

Para que sea posible desarrollar este asesoramiento, se obligará a los bancos a entregar el proyecto de contrato una semana antes de la rúbrica de la escritura. De lo contrario, no se podrá autorizar la operación. La firma, además, tendrá que ser aceptaba por el usuario con una expresión manuscrita, indicando que ha recibido la documentación precontractual y que comprende y acepta las condiciones.

No menos destacable, es que el texto del Anteproyecto permite que los bancos requieran la contratación de seguros de garantía o de daños como condición para contratar el crédito hipotecario. Somete a los prestamistas privados e intermediarios de crédito al registro y supervisión del Banco de España, salvo que sólo operen en una comunidad autónoma.

Noticias Relacionadas

Director
Alfonso Pajuelo ( director@icnr.es )

Redacción (redaccion@icnr.es)

  • Juan José González
  • Javier Ardalán
  • Carlos Schwartz
  • Rafael Vidal

Intelligence and Capital News Report ®
es una publicación de Capital News Ediciones S.L.
Editor: Alfonso Pajuelo
C/ Joaquín María López, 30. 28015 Madrid
Teléfono: 92 118 33 20
© 2018 Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción sin permiso expreso de la empresa editora.

Optimizado para Chrome, Firefox e IE9+

loading
Cargando...