edición: 2408 , Viernes, 16 febrero 2018
23/02/2009

Los ayuntamientos buscan dinero para pagar y no destruir sus economías locales

Xavier Gil Pecharromán

Un poco de aire fresco ha entrado en las cuentas de los municipios españoles, después de que el Consejo de Ministros haya flexibilizado la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria a las Entidades Locales. Una buena parte de estas entidades mantienen una situación de endeudamiento producido fundamentalmente por la caída de los ingresos por el parón inmobiliario y constructor. Las licencias de obras han caído una media del 60% en un año, según datos municipales.

Una buena parte de los alcaldes, que habían inflado sus presupuestos anuales como ha venido siendo costumbre en los últimos años, no están respetando la Ley de Contratos del Sector Público, que establece en 60 días la obligación de pago a proveedores y el pago de intereses de demora no se realiza.

La asfixia provocada por la falta de cumplimiento en sus pagos de los municipios, si de por sí es grave, se ve incrementada por la imposibilidad de descontarse los contratos por mucha garantía pública que lleven, pues las entidades financieras no tienen mucha confianza en recuperar el dinero, al menos en los plazos establecidos.

En esta situación, las medidas adoptadas por el Gobierno, aunque acertadas, van más lentas que el deterioro que van sufriendo las arcas municipales. Los empresarios, que llevan años ejerciendo de bancos para los ayuntamientos, están planteando al Gobierno si no es preferible pagar al empresario que subsidiar después a los trabajadores que vayan al paro tras la desaparición de la empresa.

La primera de las medidas ha sido la creación del Fondo de Inversión Municipal en el mes de noviembre pasado para financiar la realización de actuaciones urgentes en materia de inversiones especialmente generadoras de empleo, con un fondo de 8.000 millones de euros. 

Con esta medida, los municipios pueden financiar sólo obras de nueva planificación y de ejecución inmediata, el importe máximo de cada uno de los contratos no podrá superar los cinco millones de euros y no podrán fraccionarse con el fin de no superar esta cantidad y los trabajadores empleados deberán estar dados de alta en el paro. No va destinado a las obras pendientes de pago.

La segunda medida ha sido aprobada por el Gobierno de Zapatero en el último Consejo de Ministros y es respuesta a un acuerdo alcanzado en diciembre del año pasado entre el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para dar a los municipios un poco de margen para excederse en su endeudamiento.

En el momento del acuerdo, los alcaldes pensaban que bastaría con un déficit excepcional y conjunto del 0,2% del PIB nacional. Sin embargo, la crisis económica ha hecho estragos de una forma mucho más rápida y profundamente de lo que se esperaba y, actualmente el déficit previsto en los ayuntamientos para 2009 es del 0,4%, muy por encima de las previsiones más optimistas.

Por esta razón, la medida aprobada por el Consejo de Ministros deberá ser concretada en las próximas semanas en la Comisión Nacional de Administración Local, en la que se determinará el déficit que, con carácter excepcional y para el conjunto de las entidades locales, se permitirá para el año 2008, así como el porcentaje equivalente a este respecto a los respectivos ingresos no financieros de las entidades locales.

Los ayuntamientos están intentando, a la desesperada, más ingresos. El ejemplo más repetido es el de la tasa de basura, que en muchos municipios estaba incorporada al IBI. Ahora, la están desdoblando y con ello intentan recuperar la tasa de basura sin perder recaudación en el tributo ‘estrella’.

También pretenden lograr, ahora, una de sus demandas tradicionales a las comunidades autónomas. Se trata de conseguir el pago de los conocidos como ‘servicios impropios’, que prestan los municipios, pero que son competencias del Gobierno Regional, tales como la sanidad o la educación.

Según estimaciones de la FEMP, este importe supone una cantidad cercana a los 7.000 millones de euros. De transferirse, aunque fuera una parte de ellos, muchos municipios volverían a respirar, ya que podrían destinar el dinero a pagar las deudas más antiguas.

Y, finalmente, la última de las medidas que buscan impulsar nuevamente la economía a través de los municipios es la posibilidad de crear una nueva línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que estaría destinada a las empresas que están sufriendo impagos de la Administración.

En Economía no tienen las cosas claras, puesto que si son Administraciones independientes, no deberían mezclarse los intereses de unos con los de otros, sino cumplir cada uno con sus obligaciones presupuestarias. Este podría ser un precedente muy peligroso, pero de continuar las cosas así…

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