edición: 2940 , Viernes, 3 abril 2020
29/04/2009

Los ayuntamientos no pueden basar la tasa de basuras en los ingresos generados por cada vecino

Javier Ardalán.- La crisis económica se ha cebado especialmente con los ingresos de los municipios basados en buena parte en la construcción y el sector inmobiliario, por eso, la mayoría de ellos buscan nuevas figuras tributarias y el aumento de la presión fiscal a través de los impuestos y las tasas ya existentes. El Tribunal de las Comunidades Europeas acaba de poner límites a lo que los ayuntamientos pueden hacer sobre una de las tasas más importantes y generalizadas que se satisfacen en todos los municipios de la Unión Europea como es la tasa de basuras. Se trata de una limitación a cobrar más a las empresas que a los particulares, atendiendo a la capacidad de ingresos de cada uno de los vecinos del municipio.

En el caso que ha dado origen a este litigio, varias empresas hoteleras italianas impugnaban los costes de eliminación de residuos que les habían sido impuestos por el Ayuntamiento italiano de Casoria. Alegaban que dichos costes no se corresponden con el volumen de residuos que producen, puesto que en 2006 dicha tasa fue ocho veces superior y, en 2007, nueve veces superior a la tasa aplicable a las viviendas particulares.

Las sociedades demandantes critican que las tarifas fijadas para las actividades hoteleras son desproporcionadamente altas en comparación con las viviendas y se calcula en función de la capacidad de generación de ingresos y no sobre la base de la capacidad de generación de residuos, sin considerar la tasa de ocupación de las habitaciones, ni la existencia o no de servicios de restauración, ni tampoco el fenómeno de la estacionalidad ni la existencia de superficies destinadas a servicios y no habitadas.

La abogada general (juez de instrucción), Juliane Kokott, en sus conclusiones alega que la capacidad de generación de ingresos es un criterio inadecuado para aplicar el principio de que quien contamina paga. Esta capacidad no puede justificar, como punto de vista social, mayores contribuciones, puesto que el principio de que quien contamina paga tiene por objeto que todas las capas sociales se comporten de la manera que menos perjudique el medio ambiente. Aunque no se trata aún de la sentencia, es necesario tener en consideración que más del 90% de las conclusiones del abogado general son aprobadas por las Salas.

Considera la abogada general que sería incompatible con tal principio exonerar directamente a determinados grupos, debido a sus mayores necesidades o a su menor rendimiento, de la obligación de hacer frente a los costes vinculados a los perjuicios al medio ambiente que hayan ocasionado. Sin embargo, ello no excluye tener en cuenta dichos costes al apreciar las eventuales medidas sociales de apoyo, particularmente si se tiene en cuenta que los daños al medioambiente forman parte inevitable del nivel de vida. En efecto, de esta forma se garantiza que el principio de que quien contamina paga cumple su función de motivación.

También afirma que hay que tener en cuenta asimismo que el aumento de los incentivos para disminuir el volumen de residuos entregado también puede dar lugar a su eliminación ilegal. El productor de residuos podría caer en la tentación de eliminar sus residuos aprovechándose de instalaciones ajenas (por ejemplo, el cubo de basura del vecino o los contenedores públicos) o, en el peor de los casos, de vertederos no autorizados. Estos incentivos han sido estudiados por algunos grandes municipios españoles con la inclusión de bolsas personalizadas que sancionen a quienes no hayan reciclado debidamente en sus bolsas de basura.

Por ello, concluye que  el principio de que quien contamina paga, establecido en el artículo 15 de la Directiva 2006/12/CE, relativa a los residuos, debe interpretarse en el sentido de que se opone a normativas nacionales que imponen a los particulares la obligación de abonar costes causados por la eliminación de residuos y que son manifiestamente desproporcionados, al no guardar una conexión racional con la generación de residuos.
 
Con arreglo al artículo 249 CE, los Estados miembros son competentes por lo que respecta a la forma y los medios pero están obligados en cuanto al resultado que debe alcanzarse, en particular en lo que atañe a la asunción de los costes relativos a la eliminación de los residuos. Por consiguiente, están obligados a asegurarse de que su Derecho nacional permite la imputación de dichos costes ya sea a los poseedores anteriores, o bien al productor del producto generador de los residuos.
Se trata de repartir de manera justa los costes que origina la contaminación del medio ambiente. Dichos costes no se ponen a cargo de otros, en particular, de la colectividad, o simplemente se ignoran, sino que se imputan al responsable de la contaminación.  Por ese motivo, el Tribunal de Justicia ha considerado que el principio de que quien contamina paga constituye un reflejo del principio de proporcionalidad,  puesto que sería inadecuado imponer los costes de eliminación de residuos a quien no los ha producido.

No obstante, un régimen de costes de eliminación de residuos urbanos que se correspondan exactamente con el volumen de residuos exigiría un registro de los residuos entregados y de los costes generados y una facturación de tales costes a los productores de los residuos. De esa forma aumentarían los incentivos para evitar la generación de residuos, puesto que la disminución del volumen se traduciría en un ahorro de gastos. Sin embargo, es dudoso que el modelo de cálculo exacto de costes deba aplicarse a la eliminación de residuos urbanos.

Finalmente, alega la abogada general que el tamaño de las superficies utilizadas y el tipo de uso a que se destinan permiten, en principio, llegar a conclusiones plausibles sobre el volumen de residuos que pueden generar, especialmente cuando ya se dispone de datos empíricos sobre situaciones comparables.

Noticias Relacionadas

Director
Juan José González ( director@icnr.es )

Esta web no utiliza cookies y no incorpora información personal en sus ficheros

Redacción (redaccion@icnr.es)

Intelligence and Capital News Report ®
es una publicación de Capital News Ediciones S.L.
Editor: Alfonso Pajuelo
c/ Real, 3. 40400 El Espinar (Segovia)
Teléfono: 92 118 33 20
© 2020 Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción sin permiso expreso de la empresa editora.

Optimizado para Chrome, Firefox e IE9+

loading
Cargando...