edición: 2684 , Martes, 26 marzo 2019
09/07/2014
LA OREJA DE LARRAZ

Los ayuntamientos no son competentes para poder subvencionar el IBI si no está regulado

Javier Ardalán

Los ayuntamientos no tienen competencia alguna para poder subvencionar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) si éstas no están reguladas ni en la Ley General Tributaria ni en el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, ya que los tributos tienen que regirse por su propia normativa, según se establece en una sentencia del Tribunal Supremo, de 19 de mayo de 2014.

El ponente, el magistrado Fernández Montalvo, afirma que estas subvenciones previstas en la ordenanzas fiscales suponen en la práctica una "bonificación adicional para el contribuyente que excede de las competencias del consistorio".

Se trata de un tributo directo de carácter real que grava el valor de los bienes inmuebles, no es aceptable la intromisión de elementos ajenos, y menos tratar de disfrazar una bonificación con el nombre de subvención vulnerando el principio de reserva de ley". La minoración de la cuota líquida, basada en el simple hecho de estar empadronado en el municipio, no está contemplada en la legislación.

Así, el artículo 12 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales establece que la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales habrá de hacerse de acuerdo con la Ley General Tributaria y demás leyes estatales sectoriales sin que las Ordenanzas Municipales puedan contravenir dicha normativa.

El artículo 9.1 del mismo Texto Refundido establece, taxativamente, que no podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los expresamente previstos en normas con rango de ley y los reconocidos en las Ordenanzas respecto "con los supuestos expresamente previstos por la ley".

No obstante, también pueden reconocerse los establecidos en las ordenanzas fiscales en los supuestos expresamente previstos por la ley. En particular, éstos podrán establecer bonificaciones de hasta el 5% de la cuota a favor de quienes domicilien sus deudas de vencimiento periódico en una entidad financiera, anticipen pagos o realicen actuaciones que impliquen colaboración en la recaudación de ingresos.

La Ley General Tributaria regula en su artículo 56.5  y 56.6  las cuotas líquidas y en su caso, diferencial de los impuestos en la forma siguiente, la cuota líquida será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra las deducciones, bonificaciones, adiciones o coeficientes previstos, en su caso, en la ley de cada tributo. La cuota diferencial será el resultado de minorar la cuota líquida en el importe de las deducciones, pagos fraccionados, retenciones, ingresos a cuenta y cuotas, conforme a la normativa de cada tributo.

El art. 71 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales regula la cuota líquida como el resultado de minorar la cuota íntegra, obtenida tras aplicar las reducciones previstas en los artículo 67 e 70 de la ley, en el importe de las bonificaciones obligatorias (artículo 73 de la ley) y el de las bonificaciones potestativas (artículo 74).

La cuota líquida así determinada sólo podrá minorarse, a tenor de lo dispuesto en el artículo. 9.1.2º del Real Decreto Legislativo 2/2004, en el importe de los beneficios fiscales reconocidos en las ordenanzas por domiciliación de deudas de vencimiento periódico y. por tanto, el ponente determina que el  Ayuntamiento carece, por tanto, de competencia para incluir en la gestión del IBI una minoración de la cuota líquida no contemplada ni en la Ley General Tributaria ni en la Ley de las Haciendas Locales (RD Lvo. -2/2004), todo ello con independencia además, de que los beneficios fiscales no tienen carácter de subvenciones y se rigen por su normativa propia (artículo 2.5.b de la Ley de Cantabria 10/2006 y el artículo  2.4 g) de la Ley 38/2003, General de Subvenciones).

En el caso en litigio, las ordenanzas municipales establecían que el importe del recibo a pagar será el resultado de restar de la cuota líquida del impuesto, la subvención que en su caso corresponda según lo establecido en la propia norma local reguladora de la subvención al contribuyente empadronado en el municipio para el pago del Impuesto sobre el IBI.

La sentencia concluye que el Ayuntamiento de Castro Urdiales (Cantabria) no respetó en la Ordenanza del IBI las previsiones de la Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, "ya que si pretendía evitar subidas excesivas o poner un límite a los posibles incrementos anuales de la cuota del Impuesto debió de acudir a las reducciones por bonificaciones potestativas, con su consiguiente régimen normativo, en lugar de utilizar el peculiar sistema de subvenciones, ajenas en su naturaleza jurídica y fines al ámbito fiscal".

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