edición: 2580 , Martes, 23 octubre 2018
03/02/2010

Los Ayuntamientos se reinventan para controlar las nuevas aperturas de comercios y licencias urbanísticas

Javier Ardalán
Los ayuntamientos han comenzado a tomar medidas para adaptarse a la nueva Ley de Servicios, que suprimirá las licencias previas para la apertura de establecimientos, salvo en los casos en que se vea afectado el interés general, el medio ambiente y en los espectáculos públicos y la venta ambulante.

En el ámbito comercial, donde a partir de ahora se suprimirá la segunda licencia de actividad para la instalación de locales que tengan una superficie de venta al público menor a los 2.500 metros cuadrados. Con ello, los ayuntamientos han comenzado a potenciar los servicios de inspección para poder comprobar que las declaraciones presentadas por los comerciantes se ajustan a la normativa vigente.

La nueva Ley obliga a que en las ampliaciones de grandes superficies o en las integraciones en establecimientos comerciales colectivos se sustituya la licencia comercial por una comunicación previa. Se podrán ejercer actividades comerciales minoristas y mayoristas en el mismo establecimiento.

Un buen ejemplo es la nueva Ley de Espectáculos de Cataluña, que traspasa las competencias de la Comunidad a los municipios. Así, tanto la Policía Local como los Mossos d’Esquadra pueden ejercer las competencias inspectoras. Y,entre otras normas a cumplir, fundamentalmente de carácter medioambiental y de seguridad, se regula que los Afterhours, no podrán situarse a menos de 200 metros de zonas de residentes (a no ser que cuenten con una buena insonorización) o que tampoco se ubiquen a menos de 200 metros de escuelas, centros deportivos, o lugares de culto (a no ser que se comprometan a cesar su actividad al menos una hora antes de que estos centros inicien su actividad).

Mucho más revolucionario es el nuevo sistema de concesión de licencias urbanísticas y de revisión de determinadas actividades con incidencia medioambiental (como los espectáculos públicos o las actividades públicas del Ayuntamiento de Madrid, pionero en la materia, ya que ha firmado un acuerdo con la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) organización dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología para establecer un nuevo régimen de gestión y control de las licencias en el que participarán empresas colaboradoras privadas certificadas por ella, que se denominan Entidades Colaboradoras en la Gestión de Licencias Urbanísticas (ECLU).

.Estas entidades, de las que ya se han solicitado su aprobación cerca de cuarenta y actualmente su personal está asistiendo a cursos de capacitación organizados por el Ayuntamiento.

Se trata de un modelo, según el propio Ayuntamiento, que cumple la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y en la Ley de la Comunidad de Madrid 8/2009, de 21 de diciembre, de medidas liberalizadoras y de apoyo a la empresa madrileña.

Además, Moncloa ha incluido en el Proyecto de Ley de Economía Sostenible  modificaciones a la de Bases del Régimen Local, que apuesta por las entidades certificantes privadas.

Sin embargo, la nueva normativa ha sido recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la Comunidad de Madrid, el Grupo Socialista Municipal, el Colegio de Arquitectos de Madrid y el Colegio de Gestores Administrativos.

En las previsiones municipales se espera que fundamentalmente se beneficiaran de este nuevo sistema las pequeñas y medianas empresas y, por ejemplo, se reducirá a seis meses la espera para la apertura de un hotel, un alojamiento turístico o un restaurante, que en la actualidad tardan años en lograrse, si es que se logran, lo que motiva la existencia de muchos negocios que se encuentran fuera de la ley.

En 2009 se presentaron cerca de 20.000 solicitudes de licencias, de las que cerca de 8.000 (alrededor del 40%) fueron licencias de actividades, que son las que va a gestionar la nueva agencia. De esas casi 8.000 licencias, el 60% corresponden a comunicaciones previas y de implantación de actividad, que se tramitarán a partir de abril a través de la nueva agencia.

Las ECLU ejercerán, por lo tanto, como organismos imparciales, funciones de verificación y control, es decir, evaluación y comprobación de la conformidad con el ordenamiento urbanístico de las comunicaciones previas y de las licencias urbanísticas para la implantación, desarrollo, modificación o cambio de las actividades contempladas en la Ordenanza municipal, impliquen o no la realización de obras; así como de las actuaciones urbanísticas consistentes en la ejecución de obras en edificios o locales destinados al desarrollo de las actividades referidas anteriormente, a excepción de las de uso residencial.

Además, realizarán supervisión de las obras y control periódico de actividades incluidas en el ámbito de aplicación de Ordenanza. No actuarán, sin embargo, sobre las licencias residenciales, que seguirán en manos del Área de Urbanismo y de las Juntas Municipales de Distrito.

Estas empresas tendrán que contar, al menos, con tres técnicos: un arquitecto, un ingeniero y un abogado. Son los directores técnicos, que deben tener cinco años de experiencia en temas de gestión urbanística. Sus subordinados sólo necesitarán tres.

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