edición: 2721 , Martes, 21 mayo 2019
17/03/2014

Los bancos acreedores de Metales Extruidos deciden hoy la suerte de los activos industriales de la empresa

La banca, asediada por las acciones concursales, aprovechará la reforma de la ley de quiebras capitalizando deuda
Carlos Schwartz

El comité de acreedores bancarios de la mediana industria vallisoletana del aluminio Extrusiones Metálicas decidirá esta mañana en una multiconferencia el futuro de los activos industriales de la sociedad reclamados por dos postores, la mexicana Metales Extruidos SA de CV y la suiza Gryphus Partners LLC. Ninguno de los dos, cuyas ofertas difieren en poco, garantiza el futuro industrial de la empresa. Para ambas de lo que se trata es de hacerse con una prensa de 3.500 toneladas, los stocks en almacén y la propiedad inmobiliaria. La Administración Concursal ha valorado la maquinaria en 27,6 millones de euros, el utillaje en 1,3 millones de euros, y la matricería en 2,39 millones. Sin considerar el valor de terrenos y construcciones, cifrado en otros 22,7 millones de euros, estas son las cifras gruesas. A una parte considerable de lo que adquieran le darán el pase, como ya ha ocurrido en innumerables situaciones. En especial en Aluminios Inalum de Murcia en la que ya intervino la mexicana Metales Extruidos.

Lo que quedó de la empresa murciana cayó en manos de una sociedad vinculada a intereses en el negocio financiero del sector fovoltaico, Bal Partners Sociedad Limitada, a través de Bal Partners Energía. Curiosamente, uno de los consejeros de Inalum, tras el paso rasante de los intereses mexicanos, Luis Martínez de Salas y Garrigues, es ahora Director General de Economía Planificación y Proyectos en la Consejería de Economía presidida por su amigo Juan Bernal. Como no podía ser de otra forma Inalum ha obtenido subsidios como Centro Especial de Empleo.

Mientras, la información sobre las operaciones de la empresa está sellada a cal y canto. Al menos para los intentos periodísticos. Está claro que Martínez ha salido del consejo de Inalum antes de su designación en el Gobierno de Murcia. Con lo cual señalar con el dedo además de mala educación sería sugerir algo que no se puede demostrar. Habrá que estar a lo que las diversas investigaciones periodísticas sobre el asunto logren sacar a la luz. Es llamativo que los acreedores financieros de Extrusiones Metálicas no teman las consecuencias para su imagen que puede traer aparejada un posible nuevo expolio de activos industriales en la línea de lo que ha ocurrido en Murcia.

Pero, en cualquier caso, la realidad es que si los bancos aceptan el convenio se hará la subasta de la unidad productiva y dos ofertas que difieren poco en cantidad van a competir por los despojos y no por poner en marcha la industria y recuperar el empleo. La diferencia cuantitativa entre Metales Extruidos y Gryphus Partners es escasa y ambas están en la franja de los 11 millones de euros. El problema es que ninguna de las dos se hace cargo de una serie de partidas, como los impuestos de bienes inmuebles acumulados, que harán menguar la cifra a percibir por los acreedores hasta dejarla en torno a 9 millones de euros de acuerdo con cálculos de analistas próximos a las negociaciones. En cualquier caso, la oferta industrial que desde hace semanas rueda por los pasillos de las consejerías de Valladolid, que está en la banda de los 9 millones de euros, propone poner en pie la producción y recuperar el empleo. La gran contradicción es que a menos que se retiren las otras ofertas no se presentará en lisa. Queda por tanto en manos de los bancos que ese proyecto se materialice.

Mientras, el Gobierno ha anunciado una serie de reformas vinculadas a las situaciones concursales destinadas a facilitar que los acreedores -en especial los bancos- de las empresas en crisis puedan capitalizar sus créditos. Mientras de un lado el Banco de España ha ajustado el lazo en torno a los activos bancarios improductivos escondidos en partidas como los créditos subestándar o los refinanciados forzando las provisiones sobre ellos, está estudiando las fórmulas por las cuales la conversión de esos créditos en capital de sociedades que pasan de ser deudoras a participadas puede desembocar en la recuperación de las provisiones a que dieron lugar. Pese a que el regulador es poco proclive a aceptar este cambio en la calificación está ciertamente bajo una fuerte presión del Ministerio de Economía para actuar en esa dirección.
España en este tema se ha avenido a las precios ejercidas por el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional, es decir la denominada Troika, para que se facilite la refinanciación de las empresas en crisis.

Se trata de intentar preservar en la medida de la posible la infraestructura productiva del país arrasada por la crisis económica y por el expolio llevado adelante por los que aspiran a adquirir activos industriales a muy bajo precio. La reforma en este sentido llega demasiado tarde, ya se ha hecho un daño irreparable. De acuerdo con medios del sector financiero los bancos están dispuestos a entrar a fondo en todo tipo de reestructuración en la vía concursal de las empresas que con quitas sobre su deuda resulten rentables. “En realidad de lo que se trata para los bancos es de estudiar en cada caso de un lado el peso de las provisiones por la deuda en mora o incobrable. Del otro la magnitud del consumo de capital que implica tomar participaciones en el capital de sociedades no financieras de acuerdo a la normativa que tiene en preparación el Banco de Pagos Internacionales (BIS) con el nombre de Basilea III. Las fuentes bancarias consultadas afirman que la aprobación del paquete diseñado por el Gobierno para facilitar esas refinanciaciones mediante la entrada en el capital de las empresas en crisis “será aprovechada a fondo en cuanto sea posible”.

No está de más recordar que buena parte de la industria auxiliar de la construcción, de la cual en cierta medida forma parte la de perfiles de aluminio, se hipertrofió a causa del ritmo de edificación alentado por la burbuja inmobiliaria. Y que durante ese proceso las normas técnicas de edificación (NTE) se fueron adecuando a los estándares europeos. A tal punto que cierto tipo de cerramientos hubo que importarlos inicialmente de Alemania ya que sus especificaciones técnicas no existían en España. Antes del estallido de la burbuja muchas industrias españolas para abaratar costes y competir importaron maquinaria con la cual hacer frente a esas NTE permanentemente revolucionadas por la presión exterior. La crisis de ese sector está directamente vinculado a la crisis inmobiliaria.

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