edición: 2616 , Viernes, 14 diciembre 2018
27/10/2008

Los bancos ponen ‘peros’ al sistema de ayudas del Gobierno

Javier Ardalán

El Presidente Zapatero ha anunciado que ya dispone un informe favorable del Banco Central Europeo (BCE) sobre los decretos de creación del Fondo para la Adquisición de Activos Financieros (FAA) y de aumento del Fondo de Garantía de Depósitos. Bancos y cajas de ahorros ya han puesto en marcha sus planes para beneficiarse del fondo de ayuda. Las entidades están presionando para que el Gobierno apruebe cuanto antes la normativa que permita al FAAF iniciar sus actividades sin dilaciones, pero exigen que se limen algunos aspectos que les harían perder parte de la liquidez de estas operaciones. El Gobierno, por su parte, estudia que el coste del fondo sea cero para los ciudadanos, no porque no exista riesgo, sino porque se logre que la rentabilidad lo compense.

Se trata de una iniciativa que busca dotar de liquidez al sistema financiero español, pero no se trata de un programa de rescate, tal y como ha sucedido en otros países, razón por la cual se va a limitar a un 10% del total de cada puja, lo que puede vender cada una de las entidades que lo precisen.

También se pretende dar prioridad a las entidades que concedan crédito nuevo, en respuesta a las críticas de los analistas y del PP. Por ello, las entidades que concedan créditos a partir del 7 de octubre tendrán garantizada la adjudicación de liquidez al tipo marginal sin tener que pujar en las subastas.

El Ejecutivo ha decidido, además, que no es necesario que se publiquen los nombres de las entidades que acudan a las subastas con sus activos, ya que no lo considera un plan de rescate de entidades con problemas de solvencia. De esta forma, se alinean con las tesis americanas que han dotado a sus planes de reflotación de la economía financiera de la máxima opacidad posible y disienten de las alemanas británicas, que han decidido dar a conocer los nombres de las entidades que demanden el apoyo del dinero público.

Para una parte del sector y para la oposición política se trata de una prerrogativa para el Gobierno muy peligrosa, puesto que el anonimato puede darle al Gobierno la posibilidad de favorecer a las entidades que considere próximas a sus postulados. A este respecto, en Economía se considera que el modelo es el mismo que utiliza el BCE en sus subastas y contiene los controles necesarios para evitar los abusos. La polémica está servida en este aspecto.

El fondo no obstante, tendrá control parlamentario cada cuatro meses a contar desde la celebración de la primera subasta en el mes de noviembre. Para ello, Economía, a través del propio FAAF remitirá un informe sobre su gestión. Además, después de cada subasta, la información difundida será la misma que publica el BCE como resultado de sus operaciones de inyección de liquidez: importe solicitado; importe adjudicado; número de peticiones; número de pujas adjudicadas; tipo marginal de la subasta, y tipo medio de la subasta.

Los acuerdos adoptados por el Consejo Rector serán publicados en la página web del Ministerio de Economía y se publicarán en el Boletín Oficial del Estado (BOE) los acuerdos del Consejo Rector sobre la composición de la Comisión Ejecutiva y las directrices de inversión.

Los activos que la Administración va a comprar a los bancos serán cédulas hipotecarias, con algunas limitaciones: deben ser emitidas con posterioridad al 10 de octubre, tener calificación crediticia de triple A y un vencimiento máximo de tres años. Las entidades también podrán colocar las titulizaciones hipotecarias y de créditos a empresas y particulares, para las que se permitirá una calificación de doble A. En estos casos, el plazo máximo de estos bonos será de dos años y no podrán haberse emitido antes de agosto.

Las dos primeras subastas se celebrarán en noviembre y diciembre de este año por un valor de 5.000 millones de euros cada una. La de noviembre será  para adquisiciones temporales por importe de 5.000 millones de euros y la de diciembre para adquisiciones mediante compras en firme de cédulas hipotecarias de nueva emisión y bonos de titulización de activos de nueva emisión respaldados por cédulas hipotecarias.

La habilitación de los créditos necesarios para completar la dotación máxima se incluirá en la tramitación parlamentaria de los Presupuestos de 2009, puesto que Economía prevé que el resto de operaciones se hagan el año que viene.

Como nunca llueve a gusto de todos, no todo son aplausos desde las filas bancarias a la creación del nuevo fondo. Las críticas se centran en el límite establecido para los bonos, en el tipo marginal de las Letras del Tesoro.

También se critica el mantenimiento del ‘haircut’ (descuento sobre el valor de mercado que el BCE aplica a un activo financiero que el deudor le entrega como prenda o garantía, que en estos casos se sitúa en torno al 12% del valor de mercado del activo, no sobre su valor nominal). El Gobierno ha considerado que es  una precaución irrenunciable para limitar el riesgo de pérdida si el precio de mercado del activo cae súbitamente y el banco, antes de reponer el nivel de la garantía, entra en  insolvencia, lo que obligaría al Gobierno a vender en el mercado el activo pignorado.

Finalmente, también existen quejas sobre la falta de un mecanismo corrector de la fiscalidad de estas operaciones, puesto que el aumento de las operaciones con activos exentas de activos supondrán un incremento de la tributación del IVA, puesto que los bancos aplican el sistema de ‘Prorrata’, que permite desgravarse según la diferencia entre las actividades exentas y las que tributan.

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