edición: 2559 , Viernes, 21 septiembre 2018
27/06/2012
Piden garantías bilaterales sobre contratos de derivados de tipos de interés y deuda pública

Los bancos que contratan derivados por mediación del Banco de España presionan al Tesoro

Carlos Schwartz

Las incertidumbres sobre la deuda soberana en Europa y el fuerte crecimiento de las operaciones en derivados de los bancos centrales están elevando los costes de la banca que contrata los derivados con las agencias estatales y sus bancos centrales. Esto ha colocado al Tesoro español en el centro de las presiones por parte de los bancos que intervienen en contratos de derivados con el Banco de España por cuenta del Tesoro. Los bancos centrales europeos han ejercido de verdadero lobby para lograr que las autoridades de la Unión Europea los exceptúen en la normativa conocida como EMIR que establece que las operaciones Over the Counter (OTR), como los derivados, se hagan a través de cámaras centrales de contrapartida (CCC).

En cualquier caso, muchos bancos centrales europeos, como el de Italia y el Banco de España utilizan el denominado `credit support annex´ (CSA), es decir la documentación suplementaria que establece las garantías cuando la operación cerrada genera pérdidas a una de las partes, de forma unilateral. Esto quiere decir que el único que está obligado a poner garantías si su lado de la operación genera pérdidas es el banco que ha contratado el derivado. Si el banco central va perdiendo está exento de dar colateral pero esa pérdida potencial es riesgo puro para el banco que está en la otra acera de la operación.

El Banco de Inglaterra ha asestado un golpe a los más reticentes al adoptar el CSA de forma bilateral. Es decir cuando ese banco central entra en pérdidas por una operación de derivados cede colateral en garantía. Es el primer gran banco central, con la excepción de Suecia, que se ha plegado a las crecientes recomendaciones de los organismos supranacionales para que los bancos centrales operen a través de CCC´s o mediante CSA de forma bilateral para reducir el riesgo de liquidez de los bancos que operan en esos mercados. Portugal e Irlanda adoptaron estas prácticas en medio de la tormenta que supuso su rescate por presión directa de los bancos. La falta de simetría en este tipo de operaciones genera a los bancos mayores costes, pero además con la entrada en vigor de las nuevas normas de los acuerdos de Basilea las operaciones OTC que no estén contratadas a través de entidades centrales de contrapartida obligarán a mayores dotaciones de capital. El Banco Central Europeo (BCE) ha emitido recientemente nuevas recomendaciones en este sentido.

El Banco de España actúa por cuenta del Tesoro español y se ocupa de las operaciones de derivados con las que la agencia estatal cubre sus riesgos en deuda pública, tipos de interés y tipo de cambio cuando hay activos denominados en una moneda distinta del euro. El creciente volumen de operaciones de derivados vinculados a la actividad del Tesoro lo ha convertido en un riesgo creciente para los bancos que intervienen en ese mercado. Pero lo que ha determinado el incremento de costes por los riesgos de liquidez tiene que ver con la creciente percepción de que operar con deuda pública ha dejado de ser el santuario que fue en el pasado, cuando nadie temía que un banco central europeo dejara de pagar una deuda. Si se analiza con serenidad, que el BCE pida a los bancos centrales que operen en derivados y OTC en general a través de entidades centrales de contrapartida destila fuerte preocupación por el mercado de deuda soberana en Europa.

Las medidas punitivas contempladas en Basilea III incluyen que los riesgos tomados sin contrapartida en OTC se detraigan de los beneficios contables de las operaciones correspondientes de forma directa, lo que reducirá sensiblemente las líneas de crédito que los bancos puedan disponer para operar en derivados. Los operadores del mercado consideran que este tipo de medidas actuarán como una verdadera barrera para el incremento de las operaciones sin cobertura adecuada, incluso si se trata de bancos centrales, ya que mientras que estos últimos si están exceptuados los bancos que hacen mercado en derivados no lo están. La polémica sobre el uso de las entidades de contrapartida en el caso de los bancos centrales toca de forma tangencial una muy controvertida decisión del BCE del año pasado. Una circular del banco central de la zona del euro estableció que las cámaras centrales de contrapartida que hacen mercado en euros deben estar en un país cuya moneda sea el euro para garantizar la liquidez de esa cámara.

El Banco de Inglaterra repudió la circular y apeló contra ella ante la Corte Europea de Justicia . La decisión, adoptada bajo el mandato de Jean Claude Trichet, fue considerada como un claro ataque a la supremacía de la London Clearing House, una de las mayores cámaras de contrapartida europeas con dos centros, uno en Londres y otro en París. Las operaciones en la de Londres, sensiblemente más baratas que las de París, han quedado de esta forma cuestionadas. La lectura que hace el gobierno del Reino Unido de este avance del BCE en favor de Francia es el de un intento de reducir la preponderancia de la City en la vida financiera internacional. Cualquiera que sea el desenlace de la circular del BCE está claro que existe una batalla soterrada por el control de los centros financieros en Europa en la que Francfort y París son aliados.

Varios bancos centrales de países más pequeños, entre ellos en Europa oriental, están considerando unirse a las cámaras de contrapartida ya sea formando parte de ellas de manera directa o firmando convenios con bancos miembro. Uno de ellos es el Banco Popular de la República Checa cuyos funcionarios admiten que “esa solución reduciría la complejidad de las operaciones bilaterales y ayudaría a centralizar las operaciones que están ahora repartidas en diversas cuentas” con los bancos con los que se contratan los OTC. En España, como en buena parte de Europa, el empujón inicial para la creación de estas CCC se ha ido disipando desde el año pasado cuando el BCE abandonó su intensión de forzar la adopción del sistema de pagos en moneda de bancos centrales conocido como Target2 como el sistema de compensación europeo para las cámaras de contrapartida incluidas las que operan con títulos valores y deuda pública como Iberclear.

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