edición: 2613 , Martes, 11 diciembre 2018
03/12/2009
La lucha contra las descargas ilegales

Los bloqueos de las webs piratas, un viaje a ninguna parte

Si las webs recurren a la autoridad judicial -como avala la UE- los bloqueos y cortes toparán con los tribunales en los que, hasta ahora, las causas contra las descargas han fracasado
El modelo sueco (donde las webs han vuelto a su efervescencia inicial), el ‘efecto hidra’ del Pirate Bay, el éxito del streaming y las técnicas de identidad oculta les recuerdan que no será tan fácil
Hasta la industria de contenidos da por hecho su ‘ineficiencia’: exigen que, si en un año no se ha reducido el 70% de la piratería, los cortes lleguen también a los usuarios y lanzan su macroweb
Ana Zarzuela

Recarga los nuevos cañones de su nave antipirata. Después de dos años de ensayos fallidos, Moncloa ha escogido los muelles laterales de la Ley de Economía Sostenible para su botadura sorpresa y promete tener a punto munición administrativa y la capitanía de una nueva Comisión de Internet para pisarle los talones a una lista negra de 200 webs a las que la Coalición de Creadores les ha puesto apellido y a las que González Sinde acusa del 80% de las descargas ilegales. Ha comenzado ya a enseñar los detalles de su nuevo ‘sheriff’ del P2P, quiere llegar con su gendarme administrativo, a iniciativa del Ministerio de Cultura, allá donde los jueces no han querido hasta ahora, al bloqueo de las webs y los proveedores de servicios de internet. El efecto hidra del Pirate Bay -la página de descargas más perseguida del mundo- , su capacidad de resurrección y los nuevos atajos de las webs de descargas descentralizadas, el éxito del streaming -que ha reemplazado al P2P y se ha hecho con dos tercios del consumo audiovisual de la red- , las empresas de VPN- que usa un 10% de los internautas-, las técnicas de identidad oculta, la movilidad de las webs y el retorno a los mismos niveles de las descargas en el mercado sueco les recuerdan que no será tan fácil la ‘caza de brujas'. Y que, a lo peor, queda reducida a poco más que una carrera de sombras.

Los derechos y las garantías de la UE le desvelan que cerrar las páginas españoas de descargas definitivamente no será tan fácil; los atajos tecnológicos le recuerdan que no servirá para cercenar las opciones de los contenidos que consideran piratas; y el perfil del mercado y el ‘efecto Spotify’ le advierten que, a lo peor, toda su guerra no sirve para nada: el mar de los contenidos digitales ya se rige sólo por la oferta, la calidad, la diversidad y el precio. La realidad -se lo dimensiona la Fundación Orange- es que sólo un 8% de los usuarios que ha visto contenidos online ha pagado por ellos y que un 57%  de los internautas visita al menos una vez a la semana webs donde particulares comparten vídeos. A la Coalición le falla además la ‘geografía pirata’ para su caza de brujas: sólo un 30% de las 200 páginas de enlaces más conocidas están en España y pueden desalojarse como medida preventiva ante la reforma de la LES. Sólo tiene que mirar al antecedente nórdico. En Suecia, el mercado pionero, tras la entrada en vigor de la legislación anti P2P en abril, el intercambio de archivos bajó un tercio frente al mes anterior. Hoy, las cifras se han recuperado. Nada que no le haya advertido el creador del www, o la mismísima Organización Mundial de Propiedad Intelectual (WIPO) Naciones Unidas: los castigos penales y la persecución administrativa no sólo no contienen, sino que estimulan a los ‘piratas’ cibernéticos. Lo saben hasta la propia Coalición y Promusicae, no se resisten a entonar el canto de sirenas a los piratas, a hacer de ellos su objeto de deseo y a buscar la tercera vía, la de la competencia, financiada al 80% con las subvenciones del Ministerio de Industria.

Moncloa ha comenzado ya a pergeñar los detalles de su nuevo ‘sheriff’ del P2P: la Comisión de Propiedad Intelectual, un órgano colegiado de ámbito nacional heredero de la Comisión Interministerial que debe presentar los detalles del nuevo plan de control del gobierno para internet antes del 12 de diciembre y que ejercerá funciones de “mediación y arbitraje y de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual” por medio de dos Secciones. Trata de ponerle puertas al campo. Y a la confianza. Para empezar de los usuarios, las telecos y los proveedores de los servicios de internet. Tendrán que fiarse de las promesas de González-Sinde y de Miguel Sebastián de que no habrá cortes a los internautas -aunque podría- ni bloqueos a las webs sin autorización judicial, aunque la LES le ha despejado el terreno a su ‘brazo armado administrativo- la Comisión de Internet- para poder hacerlo, si la reforma de la LIP y la LSSI llegan a buen puerto.

Quiere castigos ejemplares y ha empezado a despejarlos por la ‘puerta de atrás’ de la Ley de Economía Sostenible (LES), con la disposición final primera que permitirá -si consuma la reforma de la Ley de Servicios de la Sociedad de Información y  la Ley de Propiedad Intelectual (LPI)- clausurar, al menos temporalmente, webs de descarga sin autorización judicial, con el nuevo ‘sable’ de la “vulneración de la propiedad intelectual”. Una legislación hecha –como denuncia- Ofelia Tejerina,  abogada de la Asociación de Internautas, por "gente que no conoce la realidad de Internet" estas modificaciones y que "abren la puerta a la censura política previa sin control judicial". La Coalición le marcó la dirección y le ha puesto nombre y apellidos a 200 webs de las que según sus cálculos depende un 70% de las descargas ‘ilegales’ en el mercado español. Son ellos además, los que tendrán que encabezar las denuncias a instancia de parte para comenzar la persecución, página a página. La Ley de Economía Sostenible les despeja a Cultura y la Setsi sus intenciones. Podrá sumar la defensa de “la propiedad intelectual” a los motivos excepcionales - racismo, pornografía infantil, delitos contra el orden público- que permitían hasta ahora el cierre de páginas por orden administrativa. Otra cosa será la efectividad. Hasta la asociación de Productores de Música de España (Promusicae), reclama ahora un plan de “reeducación” o “sensibilización” para “dejar claro que descargar archivos es ilegal”, así como un sistema de avisos previo al corte del servicio para advertir a aquellos usuarios que descarguen contenidos. Nada que no le haya recordado ahora, al calor de la tormenta, Alex de la Iglesia, el presidente de la Academia de Cine: para evitar la ‘piratería’ “hay que ofrecer a los internautas alternativas de pago para poder 'bajar' cine o música de la Red, antes de cerrar una puerta, que ya forma parte de la vida de mucha gente”. Por eso la industria de contenidos y las asociaciones de derechos reman a dos manos, combinan el ‘palo’ a los prestadores de servicios con la ‘zanahoria’ a los internautas y en lugar de pedir su cabeza de entrada, busca hasta el ‘bolsillo’ de los ‘piratas’, ahora que ha descubierto que consumen un 75% más de contenidos audiovisuales de pago que el resto de los internautas. La Coalición de Creadores y Promusicae se lanzan a la competencia con una macroweb financiada en un 80% por Cultura.

Moncloa no ha sentado a su mesa a los internautas, ni ha esperado por un pacto con las operadoras de telefonía. Ni por las sugerencias –contenidos alternativos y campañas educativas- que Redtel puso siempre sobre la mesa de las negociaciones con Industria y que las telecos estaban dispuestas a ayudar a ejecutar.  A los planes de González-Sinde le falla además la ‘geografía pirata’ para su caza de brujas: sólo un 30% de las 200 páginas de enlaces más conocidas están en España. Al día siguiente de que el plan contra las descargas sea aprobado por el Gobierno, el proveedor de alojamiento de la web podrá desalojarla. La mayoría ya está en los EEUU y por cada web que cierre se abren 20. La idea es que los ISP impidan el acceso a los usuarios. Pero si entre los españoles, igual que hacen ya los suecos, se ponen de moda las redes privadas virtuales, el proveedor de acceso sólo sabrá que su cliente se conecta a un servidor VPN, perdiendo su rastro. Lo otro, la ‘persecución’ a los usuarios más reincidentes, no está por ahora en el primer ‘menú’ de las soluciones de Moncloa. Menos aún en las de las telecos -que tendrían que ser su brazo ejecutor- y de la industria cultural.

PONERLE PUERTAS AL ‘CAMPO’ DE INTERNET

Los técnicos y los analistas se lo han adelantado a Cultura y la Setsi: la nueva regulación sólo será el preludio del renacer de  mecanismos de criptografía y redes privadas virtuales como los que ya inundan Suecia o Gran Bretaña, los internautas responderán pasándose a la Darknet, donde sistemas como Freenet hacen imposible saber quién tiene qué y bloquean cualquier intento de detener el flujo de la información. En el mejor de los casos, la restricción o el corte de un puñado de páginas y el ‘escarmiento’ a los prestadores de estos servicios podría quitar los índices de descargas, pero no los contenidos. Arañan en la piel de un mercado que no deja de cambiar. El fundador de Spotify, Daniel Ek, les recuerda que ni los cortes a las descargas ni los bloqueos de webs -aunque llegaran con la nueva regulación- serían suficientes para un modelo de negocio en la música que busca compaginar publicidad, descargas, suscripciones, merchandising y entradas a conciertos donde el usuario llega y donde la clave para la rentabilización viene de la portabilidad y el paquete de derechos de acceso que se le ofrece. Nada que no haya definido el creador de la "World Wide Web" (WWW), Tim Berners-Lee: las "medidas drásticas" para proteger los derechos de autor en internet  no sólo son un castigo "cruel e inusual", sino inútil. “sabrán encontrar nuevas fórmulas para compartir archivos con sistemas que oculten ese intercambio tras otras rutinas. Pueden hacer que parezca, por ejemplo, una sesión de vídeo”, advierte. Ya muchas de estas páginas están cerrando por iniciativa propia, sustituidas por otros sistemas.

El Gobierno ha abierto la puerta al cierre administrativo de páginas web sin intervención judicial, pero el contenido de la LES puede cambiar sustancialmente al pasar por el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y el Parlamento. Y cabe esperar que la administración se vea superada por la denuncia masiva de "paginas con e-links" (enlaces de descarga P2P) porque vulneren los derechos de autor.  Y por sus reclamaciones. La directiva del Paquete Telecom aprobada la pasada semana en Estrasburgo da libertad a los Estados para decidir si la regulación de las descargas se realiza por un procedimiento administrativo o judicial. Pero la Comisaria Reding le dejó ya a Moncloa la herencia de las advertencias: “España tendrá problemas con su legislación antidescargas”. En todo caso, los responsables de las páginas denunciadas tendrán derecho a ser oídos, a la presunción de inocencia y a la reclamación judicial. La regulación comunitaria recién gestada, donde antes exigía la intervención previa de un juez, al igual que ocurre con cualquier intervención de las comunicaciones privadas, ahora sólo garantiza el derecho de los usuarios a "una revisión judicial" a posteriori de los cortes de Internet. Serán, para los planes de Sinde y de la Coalición de Creadores, los mismos jueces que han archivado ya en España una treintena de denuncias de la industria cultural y han llegado, incluso, a ordenar la reapertura de dos de ellas, en una sentencia conocida la semana pasada, por considerar al P2P un sistema de comunicación legal “privada entre particulares”. Por lo penal, la mayoría de procesos contra las páginas de enlaces han acabado con el sobreseimiento, como en el emblemático caso de Sharemula. Fue el propio Ministerio de Cultura el que  ya intentó desde 2007 la persecución de estas páginas con una redada a las webs de e-links. Sin embargo los jueces han considerado que estas páginas no almacenan archivos y da igual si tienen o no ánimo de lucro, ya que no existe comunicación pública. Además, es un requisito que no suele darse (y menos demostrarse) con nitidez. Y en los escasos procedimientos civiles que se han adelantado en España, los jueces han negado los procedimientos cautelares al considerar que no hay indicios a priori de que se esté infringiendo la ley de propiedad intelectual. Por eso, agotadas la penal y la civil, la industria de los creadores se aferra a la vía administrativa.

LOS RECELOS DE LAS TELECOS

Para detectar las web que vulneren la ley, podrá solicitar a las compañías de acceso a Internet (Telefónica, Jazztel, Vodafone, Orange y operadores de cable) los datos que considere oportuno para su identificación y estas operadoras estarán obligadas a ofrecérselos. Nada nuevo a lo que hasta ahora las telecos agrupadas en Redtel no le hayan dado ya la espalda. No quieren ser ni los jueces ni siquiera los brazos ejecutores de un proceso técnicamente complejo y costoso para las operadoras: lo sabe O2, que en Reino Unido ha tenido que comenzar a ralentizar la velocidad del P2P entre las 20 y 23 horas gracias a la instalación de un hardware capaz de clasificar los paquetes IP. Desde el primer día de sus desencuentros con la Coalición, Redtel pide contenidos atractivos a precios competitivos para frenar las descargas, un marco de colaboración entre los creadores de contenidos y los operadores de telecomunicaciones y campañas publicitarias de concienciación sobre el "respeto a la propiedad intelectual. Para la agrupación de las principales operadoras de telecomunicaciones, cualquier intento de solución que se limite a penalizar "será un fracaso", la demostración de que  ante “ciudadanos que demandan cada vez más contenidos culturales a través de nuevos canales, la industria cultural se niega a canalizar su oferta a través de Internet de forma legal y con ofertas atractivas". Sólo están dispuestos a recibir instrucciones. “Como el caso de las escuchas telefónicas. Si un juez dictamina que se debe hacer una escucha, las operadoras corremos con todos los gastos y ponemos las inversiones necesarias para ello, pero nunca decidimos cuándo una línea debe ser intervenida”, explicaba en ABC Francisco Román, que por primera vez se desmarca de las huellas del sector y estaría dispuesto a aceptar -al uso británico- una autoridad independiente -no judicial- que regule las descargas.

Además, Redtel sostiene el mismo rechazo que el primer día a la criminalización a los usuarios y las restricciones del servicio de internet. No acatarán más que órdenes, si es que llegan de un juez o una nueva autoridad. Como adelantaba El Economista, la Cumbre de Sevilla le ha servido a ETNO -la Organización Europea de Operadores de Telecomunicaciones (Etno), que reúne a las principales telecos europeas- para reactivar su propuesta de dejar atrás las tarifas planas de internet y comenzar a cobrar la banda ancha en función del volumen de las descargas. Una opción que le ha abierto de nuevo los ojos a la Industria de Contenidos de la UE, la española no iba a ser menos. Desempolvan la propuesta que el Reino Unido abandera desde enero: un canon, que se aplicará a las conexiones de banda ancha y que en el modelo original británico podría ascender a 20 libras anuales (21,8 euros) y estaría gestionado por la agencia, que lo cobraría directamente a los operadores de telefonía. Hacen suya la vieja reclamación de la SGAE de imponer el canon a las conexiones a internet, que en su momento abogaba por un impuesto a los accesos de banda ancha para crear un fondo con el que subvencionar la producción nacional y que lo dejó caer para no ‘legitimar’ a todo tipo de descargas. La solución tiene más de un valedor en Moncloa y en el Ministerio de Industria y la Setsi, más de un técnico coincide con la Coalición en que podría ser la cuadratura de todos los círculos: si no hay cortes, ni disminución de velocidad, no agrede a la neutralidad de la red que España quiere abanderar como la que más en la UE, ahora que se ha convertido en parte del paquete telecom y la estrategia de Lisboa para la Unión. A pesar del descenso de uso del P2P y de que el 10% de los usuarios consumen el 60% del tráfico de la red de un ISP, el posible pago por volumen de datos representaría una excelente noticia para las sociedades de gestión de derechos de autor que podrían recibir un porcentaje.

‘METAMORFOSIS’, P2P, STREAMING Y VPN

La ministra de Cultura mira desde el burladero de su propuesta -la persecución de los proveedores de páginas de descargas- una ola que sobrepasa sus calendarios y sus mapas de la ‘piratería’ en internet. A la Coalición de Creadores le ha bastado otear a Suecia -el mercado pionero en legalizar los cortes y el cierre de webs- para empezar a sospechar del mapa de los puntos de fuga que los internautas y los proveedores fabrican ya y que pasan por el P2P anónimo, el cifrado, las redes privadas, los sistemas de bloqueo de las IP de los perseguidores, la descentralización de las webs de descarga, o la ocultación del rastro del usuario. Pirate Bay, la página de enlaces más popular del mundo, también la más perseguida, se ha desprendido de su piel P2P para driblar las líneas rojas, se ha convertido en una ‘hidra’ para sobrevivir, ha eliminado su rastreador tracker (que contenía la información básica para que los distintos usuarios se conectaran entre sí), el único punto central que la hace vulnerable. Su apuesta por la tecnología de la Tabla de Hash Distribuido (DHT) deja en manos de cada miembro de la red la circulación de los archivos, permite localizar los archivos sin necesidad del rastreador, descargar al usuario en BitTorrent y no en su navegador. Y gana en ‘seguridad’ de vida -ante ataques tecnológicos y judiciales- lo que se arriesga a perder en eficacia.

Tras la entrada en vigor de la legislación anti P2P en el mercado nórdico el intercambio de archivos bajó un tercio frente al mes anterior. Hoy, las cifras se han recuperado. La misma tendencia que apunta la red de redes en Francia y Gran Bretaña. Sólo en Suecia, que legisló contra el P2P ya en abril y asumió la transposición de la directiva comunitaria sobre propiedad intelectual, Ipred, (que ha dado soporte legal a los primeros juicios contra internautas) un 10% de los usuarios de la red usa artimañas tecnológicas para ocultarse, para empezar las redes privadas virtuales (VPN). Un sistema que  permite navegar por Internet o descargar archivos de forma anónima. Para humillación de la industria cultural, los internautas están dispuestos a paga por estos servicios entre 5 y 30 euros mensuales.  Nada que no empiece a pasar ya en el resto de la UE: un 55% de los usuarios de internet en Europa confiesa que usaría herramientas para asegurarse el anonimato en la Red si se penaliza el P2P. Lo hacen ya en Francia, con el lanzamiento de Ipodah, o en el Reino Unido, donde el anuncio de un plan contra las descargas ha popularizado las VPN de ItsHidden o Cryptocloud. Los diferentes programas de intercambio de archivos lo saben. Algunos, como el español Omemo o Mute, nacieron ya con mecanismos de ocultación. Son tecnologías baratas que por un máximo de 15 euros al mes ocultan los datos del usuario, con sistemas que hoy por hoy siguen siendo legales en España y que en principio sólo con un mandato judicial, la empresa de VPN está obligada a revelar la identidad oculta de su usuario.  Nadie podrá ver si el internauta usa eMule o si entra a la página de The Pirate Bay [la mayor web de enlaces]". La operadora sólo será consciente del volumen de datos descargados, pero desconocerá el tipo al que pertenecen. Por eso, los analistas no descartan que, en el futuro, se solicite controlar "no el tipo de tráfico, sino la cantidad".

Y es que la obsesión de Sinde, la maldición del P2P se supera a sí misma y redibuja, en brazos de los nuevos cánones de consumo, las mejoras de internet móvil y del video nuevas dimensiones de su metamorfosis.  El cine español no encuentra pantallas, pero no se anima a la Red con plataformas y servicios adecuados cuando el vídeo ya es el rey. Y la gente está dejando de descargárselo para verlo en streaming.  Nada que no le hubieran adelantado al Ministerio de Cultura y la Coalición de Creadores ya los informes de Nielsen, Televidente 2.0, el de Pisos- éste sólo para EE UU- y el análisis de previsiones de iPoque desde hace tres años, pero González-Sinde prefirió hasta ahora ver en el mercado español el último islote en un mar de streaming. Sólo así encajaba el mapa de ‘la epidemia pirata’ española que difundieron ante las autoridades estadounidenses. Sólo así podían intentar buscarle sitio ante Moncloa y la Ley General Audiovisual al ‘plan C’ de la persecución a los proveedores de webs de descargas de contenidos. Pero hoy España ya no es una isla para el streaming que inunda Europa y el 'streaming' deja también fuera de juego a González-Sinde en su guerra antipirata en internet. La mejora de las conexiones, la facilidad del acceso y su rapidez (sin esperar que el archivo se descargue), el ahorro para el consumidor tanto en soportes de almacenamiento como en canon, la puerta abierta a contenidos de series inéditas en España -como en Seriesyonquies- o cine -como en Sinlamula, Peliculasonline y Cinegratis- y música tras las huellas de Last.fm y Yes.fm. Se lo acaba de confirmar el informe de la Fundación Orange eEspaña 2009: el 47,8% de los internautas utilizaron el streaming para ver películas en el último año, frente al 37,3% que las descarga con programas de intercambio de archivos P2P. Y aunque el Peer to Peer aún es mayoritario en el consumo de música de los internautas, en los últimos doce meses ya un 38% de los usuarios españoles de la red escuchó la música online en tiempo real a través de su ordenador, a un paso del 42% que la descarga.

Lo sabe la plataforma de música online de origen sueco Spotify- con un catálogo de seis millones de canciones-  que admite que la ‘vasta mayoría’ de sus clientes siguen sin ser suscriptores de pago e incorporará en un futuro no lejano vídeo en streaming para colgarse los galones de competidora de Youtube. Con seis millones de usuarios -uno de ellos en España en menos de seis meses- Spotify se presenta a sí misma como una forma de reducir las descargas. Y no es con otra ‘arma’ que el streaming, el que le permite escuchar música de forma legal y gratuita, con el respaldo de la industria audiovisual y el ariete la emisión de publicidad para los que no abordan la modalidad de pago, desde ahora también con una versión para Symbian, el sistema operativo de la mitad de los teléfonos del mundo. Lo reconoce, en España, la productora y distribuidora Filmax Entertainment: tras el bautismo de su nuevo portal Yodecido.com hay mucho más que un nuevo catálogo de 3 millones de canciones y 700 películas de pago. No pueden volver la espalda al nuevo público y prefieren subirse al streaming antes de que les pase por encima: los internautas pueden ver de forma completamente gratuita películas con publicidad. El error de la música, incapaz durante años a crear un modelo de negocio para sus contenidos en internet no será repetido, ahora que mandan el vídeo y las televisiones. Ésa es también la vía elegida por los dueños de The Pirate Bay para su ‘resurrección’: tras vender su portal para desarrollar un modelo de distribución de pago, no renuncian al libre intercambio de archivos a través de internet y han comenzado a probar su propio ‘youtube’.

LA ‘ZANAHORIA’ ADEMÁS DEL PALO

Los autores quieren que Moncloa -o la Comisión de Internet que bautiza la LES- les haga el ‘trabajo sucio’; la Coalición de Creadores ya le ha puesto sobre la mesa una lista de 200 webs de descargas para que este ministerio actúe de oficio "inmediatamente" y traslade a la Fiscalía General del Estado la actividad de estos portales. No es la primera vez, ya lo intentó sin éxito por sus propios medios, pero como la propia Coalición reconoce, “para un juez no sería lo mismo si es la SETSI (la Secretaría de Estado de Comunicación) la que envía la documentación a la Fiscalía”, aunque no sean nada más que dos o tres páginas web las que sirvan de ‘escarmiento’. Pero los usuarios son otra cosa. Los ministerios de Industria y Cultura prometen no cargar contra ellos con la nueva regulación.

No, al menos en una primera fase. Hablan por boca de las intenciones de la Coalición, la industria de contenidos y las asociaciones de defensa de la propiedad intelectual. Son ellos los responsables de incoar las denuncias. Intentarán, primero, hacerse hueco en la intensidad de los internautas españoles, al fin y al cabo los segundos más activos del mundo. El mercado español de medios y entretenimiento alcanzó en el 2008 los 27.199 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 12,1% respecto a un año antes, pero los mayores incrementos fueron en el acceso y la publicidad por la web y los videojuegos. Le acaban de poner cifras los estudios europeos de Forrester Research e  Ipsos MORI -nada sospechosos de apoyar a los ‘piratas’ de la red-: los autores de las descargas ‘ilegales’-uno de cada diez internautas- son también los que más gastan en compras audiovisuales, al menos 83 euros por encima del resto un 75% más. Y lo hacen tanto en tiendas convencionales como a través de comercio digital.

Nada diferente al mercado nacional, donde según el último estudio de OcioNetwork, un 47,8% de los navegantes reconoce bajarse música, pero también la adquiere reglamentariamente y un 56% de los encuestados se descarga películas al mismo tiempo que va al cine habitualmente. Es verdad que, según el último estudio de Ocio Networks, en el mercado español un 70% de los usuarios “estaría dispuesto a pagar las descargas de música si las condiciones fuesen justas” y la SGAE se mantuviera al margen.  Pero las encuestas le desgranan su aviso para navegantes a la Coalición de Creadores y Moncloa: casi una tercera parte de los internautas consumen música exclusivamente a través de descargas (un 32%), mientras que sólo un 20% adquiere música sólo de forma legal. En el consumo de cine, la exclusividad de las descargas apenas la realiza un 15% de los internautas, mientras que un 30% únicamente va al cine, sin realizar ningún tipo de descarga. Y el rechazo al pago por consumo de televisión a través de la red casi unánime: el 77% no estaría dispuesto a pagar. El corolario de Forrester: la forma natural de consumo de música ha cambiado y ahora los consumidores están demandando precios más bajos y un acceso más simple.

Por eso la industria -al menos la española- destapa, velo a velo, la identidad de los ‘piratas’, rinde sus persecuciones y se enfunda los anzuelos de la atracción. Ahora que saben que son también los mejores clientes de los contenidos digitales, quieren ‘conversos’ para sus macrowebs ‘legales’. Miran a Spotify y -con ayuda y subvenciones de Cultura- le beben los vientos a su millón de clientes en España. Hasta Youtube se ha saltado las líneas rojas de todos los prejuicios de la red de redes: ya es rentable para Google desde hace 18 meses. Le levantan a Moncloa ya todas las lanzas, para empezar las de la macroweb de contenidos con sus propias garantías y los apellidos de las multinacionales que forman parte de la Coalición de Creadores. Una réplica ampliada de la web británica FindAnyFilm.com, con la que las cinematográficas han conseguido un catálogo de tres millones de títulos en el Reino Unido. Los estudios y las discográficas de EE UU incluirán su catálogo en español. La principal diferencia con el portal británico es que integrará también la oferta musical a través de la patronal Promusicae, con un catálogo que puede alcanzar los cinco millones de canciones.

Los promotores quieren que el portal sea autosostenible con ingresos por publicidad y de los afiliados en el menor tiempo posible, pero lo han bautizado ya en la ‘pila’ de las subvenciones de Moncloa. Lo harán con mucho más que el calendario de Zapatero y la sintonía que Ángeles Gonzàlez-Sinde ya no esconde: como adelantaba adslzone, el Ministerio de Cultur a ha destinado el 80% del 1,075 millones de euros que costó el nuevo portal de la asociación de Productores de Música de España, (Promusicae) - elportaldemusica.es-. Uno que pretende ser la llave a las últimas novedades del mercado desde vídeos y albumes a tonos - los 50 singles y los 100 álbumes más vendidos del momento- en streaming o incluso en desgarga mp3, para internet y teléfonos móviles. Además del enlace a la compra de las canciones, la apuesta de las discográficas incluye acceso a contenidos gratuitos a través de YouTube, Yes.fm o MySpace, así como a las web de las propias discográficas. Un proyecto llamado a integrarse en el macroportal de la Coalición de Creadores cuando, en breve, lo ponga de largo.  No quieren arriesgarse sin una nueva regulación contra la ‘piratería’ sobre la mesa.

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