edición: 2807 , Jueves, 19 septiembre 2019
04/09/2013
Búsqueda de soluciones

Los ciudadanos analizan la crisis democrática y la sitúan como causante directa de la coyuntura económica

La próxima implantación de medidas para atar en corto a la banca abre el debate sobre quién tomará las riendas de la necesaria reforma política
ICNr

España miró ayer hacia las instituciones internacionales en busca de los próximos acuerdos que se llevarán a cabo, por ejemplo, en el marco del G-20, para acotar el poder de la banca y regenerar la economía. Pero, suponiendo que la actividad legislativa dentro y fuera del país puedan acotar el poder del sector financiero –una idea de por sí de muy dudosa credibilidad-, ¿quién se encarga de regenerar la democracia? La incertidumbre sobre este punto es con toda probabilidad uno de los problemas que más preocupa actualmente a la opinión pública, que ve cómo sus gobernantes son incapaces de generar los cambios necesarios para que la política se convierta en un verdadero servicio público, transparente, altruista y volcado directamente a la búsqueda del bienestar de los votantes. Analistas y ciudadanos analizan la crisis de la democracia y la sitúan como detonante de todas las demás, incluída la económica. 

Mientras, en el plano internacional, la próxima Cumbre del G20 comienza a acaparar la atención de los medios. La cita pretende servir, entre otras cosas, para aprobar la última pieza de la reforma financiera: la regulación de la llamada `banca en la sombra´, es decir, la compuesta por entidades no sujetas a la regulación bancaria pero que operan como tales y que suponen un riesgo para la estabilidad de la economia. Ese vacío legal mueve 67.000 millones de dólares, según el `Global Shadow Banking Monitoring Report 2012´. A la vez, dentro de nuestras fronteras se debate sobre el futuro de la aplicación de la España de una Directiva comunitaria por la que se limitará el cobro de comisiones por parte de la banca por el uso de tarjetas de pago. Ayer, el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, aseguró ante los medios que España estará a la cabeza en la trasposición de la Directiva.

Sin embargo, los ciudadanos ponen muy en duda la efectividad de todas estas recetas, y el motivo es idéntico cada vez: los internautas no se fían de quienes se encargan de atar en corto a la banca, ni confían en que sus decisiones se basen en defender los intereses de los ciudadanos. Muy al contrario, existe la certeza de que toda esa actividad regulatoria se convierte inevitablemente en papel mojado y en unos pocos titulares con los que tratar de calmar los ánimos y reinstaurar la confianza perdida a base de humo. Y si esa es la tónica general cuando se trata de `meter mano´ a la banca, los indicadores de credibilidad se desploman al hablar de acotar al propio poder político y de reinventar –para dignificarla- la democracia tal y como la conocemos. 

En este contexto, los españoles no consideran que la crisis democrática sea un mal endémico; muy al contrario, las estructuras internacionales adolecen de las mismas taras que impiden avanzar y adoptar políticas altruistas y meditadas, con el bien común como telón de fondo. Desde el derecho a veto de la ONU hasta el sistema electoral español, los ejemplos son muchos y las razones, idénticas: hay una voluntad que emana de la cúpula política de mantener la estabilidad y la certeza a la hora de tomar decisiones, y ello pasa por permitir a las grandes potencias o a los grandes partidos mantener una capacidad de control superior al resto. Y es que detrás de ellas se encuentran los intereses de grandes lobbies y empresas, ante las que tienen que responder países y partidos políticos. Es, en definitiva, `dar la vuelta´ a la democracia para ceder el control a las partes interesadas. 

Con un panorama así dibujado, quedan lejos los logros de la transición, que se visualiza ahora como un periodo de candidez, de creencia ciega en la posibilidad de un nuevo sistema inédito en el país que, para los ciudadanos, realmente nunca fue tal, y que creció alimentado por los logros económicos pero tapando las miserias de quienes la cercenaban desde dentro. En palabras de Jorge de Esteban, catedrático de Derecho Constitucional, `nuestra verdadera y mayor crisis es la política, demoledora para nuestra democracia, esparciendo la corrupción en todas las instituciones del Estado desde la más alta a la más baja´. En un análisis publicado ayer y muy compartido a través de las redes sociales por los ciudadanos, De Esteban resumió el sentimiento de cientos de ciudadanos al asegurar que durante los años de los `delirios de grandeza´, la sociedad aceptó un juego muy peligroso: `A cambio de dinero fácil, lo que demostraba la prosperidad real o ficticia de todos, los ciudadanos –hay que decirlo– no querían ver la corrupción generalizada´. 

Pero, si la raíz del problema está muy clara, no lo están tanto las soluciones. En la red se habla dela reducción de las campañas electorales –lo que implicaría menos gastos y un presupuesto más realista-, animar a los electores a penalizar con sus votos a los partidos corruptos, trabajar en la independencia y la eficacia del Poder Judicial para que investigue y penalice la corrupción, aumentar –en calidad o en número- el número de inspectores que controlen el gasto público, o limitar los periodos de mandato, por ejemplo, a ocho años. Hay otras recetas para frenar la corrupción, como obligar al condenado a devolver la cantidad sustraída, responsabilizando subsidiariamente a su partido, del que deberá ser expulsado. Otra cosa es cómo alcanzar estas reformas, y ahí entra en juego la falta de voluntad de las dos grandes fuerzas políticas del país. Toca, por tanto, optar por el rupturismo, o esperar para cambiar las cosas desde dentro, a través del voto, castigando a PP y PSOE y confiando en que las alternativas integradas en el sistema de partidos cumplan con sus promesas. De momento, lo claro es que las reformas que se vienen adoptando, a pesar de su número y calado, solucionan poco o nada de cara a los problemas reales de los ciudadanos. 

ESPAÑA, A LA COLA EN COMPETITIVIDAD

Prueba de la falta de eficacia de las políticas anticrisis se encuentra en el último informe del Foro Económico Mundial, que aún sitúa a España a la cola mundial en indicadores clave de competitividad, a pesar de la larga lista de reformas que el Gobierno se ha encargado de instaurar en pocos meses. Otra lectura es que aún no ha dado tiempo de corroborar el efecto de políticas que, en muchos casos, se plantean como efectivas más a medio plazo. Con todo, los ciudadanos tienen claro que el signo de los cambios legislativos de los últimos dos años no beneficia a las clases medias y, en todo caso, la asfixia hasta el límite para cargar a sus espaldas el agujero de la crisis, por lo que todo efecto, al menos en este momento, no podría tener signo positive en ninguna estadística que mida la competitividad de un país. El lastre del consumo, la falta de crédito… son grandes problemas a los que el Gobierno aún no ha sabido dar solución. 

El propio informe reconoce no sólo la insuficiencia de las medidas adoptadas hasta ahora, sino el reto que supone acometerlas en plena recesión. Sin embargo, ello no libra a España de situarse en un nivel desastroso dentro de la estadística anual, que relega al país de las cien primeras posiciones en algunas materias. Como ejemplos menos dramáticos, aunque España sea la potencia económica mundial número 13, se queda en el 28 en renta per cápita y el 35 en competitividad, unas posiciones dispares que se deben a los desequilibrios tradicionales que sigue mantieniendo la economía española.

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