edición: 2363 , Miércoles, 13 diciembre 2017
03/04/2012
La eficiencia del sector público, a debate

Los ciudadanos aplauden la congelación de salarios al funcionariado y piden una `poda urgente´ en la Administración

La revisión periódica de la permanencia de estos cargos se baraja como una opción para introducir eficiencia en el sector
El ajuste de los Presupuestos se traducirá en menos trabajadores públicos, pero a ello deben sumarse `políticas de empresa privada´
ICNr

Los Presupuestos Generales del Estado para 2012 trajeron de la mano la congelación del salario de los funcionarios. Una medida que, según aseguró el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, vendrá acompañada de una extensión de la jornada laboral para este sector y de una congelación del aumento de la plantilla, exceptuando, eso sí, los servicios públicos esenciales, en los que la tasa de reposición quedará en el 10 por ciento. El Gobierno cubre, de este modo, uno de las principales reclamaciones de los ciudadanos en materia de gasto público y equilibra su pérdida de popularidad, provocada por otros recortes menos populares y por la censuradísima admistía fiscal aprobada en el pasado Consejo de Ministros. Aun así, los internautas reclaman más eficiencia para que la disminución del peso de los funcionarios no se traduzca en un servicio de peor calidad.

La red se inunda estos días en análisis sobre el peso del sector público y, en este sentido, el sector del funcionariado es tradicionalmente el que más críticas recibe por parte de la opinión pública. Por varios motivos: de un lado, está el alto coste que supone para las arcas públicas –los salarios de los funcionarios se perciben como `excesivamente altos´ en relación a la calidad del trabajo desempeñado- y, de otro, el hecho de que la tranquilidad que produce contar con un salario `de por vida´ se traduce, inevitablemente, en una ineficiencia que cuesta muchos millones a los contribuyentes. A todo ello se suma el problema de la división territorial: son muchos los lectores partidarios de `eliminar duplicidades´ –una idea que, copiada de la clase política, se repite constantemente en los comentarios- e incluso de una reagrupación que se traduzca en eliminar instituciones, con todo lo que ello conlleva. No se trata sólo de lo que cuesta el personal de cada organismo, sino de toda una serie de gastos corrientes –edificios, mantenimiento, etc.- que, simplemente, son inasumibles para las arcas públicas.

OPORTUNIDAD DE CAMBIO

En este marco, analistas e internautas destacan que, a raíz de los Presupuestos presentados por Montoro, cada una de las distintas Administraciones tendrá una `oportunidad´ para decidir de forma inteligente de dónde recorta. La poda resulta obligada en el caso de los ministerios, en los que se llevarán a cabo grandes recortes y, por ello, se barajan incluso opciones como posibles ERES acordes con esa necesaria política de austeridad. Esta solución, defendida por la CEOE –que pide la eliminación de 900.000 empleos públicos-, cuenta cada vez con más defensores. La cifra defendida por la patronal supone la diferencia entre las 821.357 personas que traspasó la Administración central a las comunidades autónomas y los 1.744.00 empleados públicos con los que cuentan ahora las regiones, una cifra exagerada para algunos –la población y los servicios han crecido desde que se traspasó esta facultad-, pero que da una pista de hasta qué punto resulta popular la idea de recortar parte de ese exceso.

En este sentido, un sector muy amplio de la opinión pública entiende que la posibilidad de que los distintos niveles de la Administración puedan contratar por su cuenta se ha convertido en una vía perfecta para colocar a `amigos y familiares´ de los políticos y miembros de estas Administraciones, una práctica altamente censurada por los lectores. Del mismo modo, los internautas no dejan de lado que una simple reestructuración en cada uno de estos escalones administrativos probablemente bastaría para limitar el gasto: eliminar servicios innecesarios, racionalizar los existentes o eliminar burocracias innecesarias reduciría considerablemente el peso presupuestario de las distintas instituciones.

REPARTIR LA REDUCCIÓN DEL GASTO

Toca mover ficha, en definitiva, al sector público, ya que `no es justo que todo el esfuerzo recaiga en manos del sector privado´, mientras se mantiene el peso de una Administración `sobredimensionada y mal organizada´ que da soporte a nada menos que 2.680.000 trabajadores, o 6,5 funcionarios por cada cien habitantes. Introducir criterios propios de la empresa privada se concibe como una necesidad ineludible y, en esta línea, a las políticas de recorte `a hachazo´ le deberían seguir otras enfocadas, por ejemplo, a mejorar los sistemas informáticos, reducir papeleo, o introducir objetivos de obligado cumplimiento a los trabajadores públicos. Son muchos los partidarios de revisar incluso el carácter vitalicio de determinados puestos si no se trabaja con la eficiencia necesaria, por mucho que sea necesaria una oposición para acceder a ellos.

Aunque esta posibilidad, en cierto modo, existe, los internautas denuncian que su uso es nulo y que, al contrario, debería ser una responsabilidad más de la Administración perseguir aquellos casos en que los funcionarios no cumplan con su cometido. 
Entre las fórmulas propuestas, los lectores abogan por revisar los puestos de funcionariado periódicamente, por ejemplo, cada ocho años. `De esta manera, al haber competitividad habría más calidad y se acabarían los amiguismos´. Hay que echar, en definitiva, `a quien se deba echar, y no a quien se pueda echar´, de forma que `si un funcionario de carrera es un inútil y un contratado interino o no es competente, a quien hay que echar es al inútil aunque sea funcionario´. Del mismo modo, se denuncia que hay funcionarios a quien `se les ha facilitado la oposición o se les ha regalado la plaza´.

RECORTE INSUFICIENTE

Del lado de los funcionarios, se censura que la `capacidad y la frivolidad´ con la que se habla de despedir a miles de empleados públicos. `La mayor parte de los empleados públicos trabajamos y desarrollamos una labor de servicio público con la misma profesionalidad que cualquier empleado del sector privado realiza su tarea´. Para este sector, además, no es cierto que sólo se hayan tomado medidas en el sector privado: `En el 2010 se nos congeló el sueldo y además se nos redujo un 5 por ciento. A esto tendremos que añadir las nuevas partidas que se vayan a reducir en los Presupuestos y que seguramente afecten a nuestros salarios´. Por ello, existe la percepción de que se utiliza a los funcionarios como `chivo expiatorio´.

El problema está en que en lo público `no hay un principio de objetividad, aunque sea tan poco estético, como el que opera en las empresas´. En ellas `se echaría al menos productivo´, mientras que en lo público `lo que cuenta es cómo le caes al jefe, y éste depende de caerle en gracia al que tiene encima, y así sucesivamente hasta llegar al jefe político, el cual no tiene ni pajolera idea de lo que quiere, ni para lo que sirve un departamento´. Y es que para que un político siga en el poder, `la optimización de recursos no suele ser un objetivo, ni siquiera en tiempos de crisis´, y ello complica mucho las cosas cuando se trata de instaurar eficiencia.

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