edición: 2309 , Viernes, 22 septiembre 2017
16/09/2015
LA OREJA DE LARRAZ

Los ciudadanos desplazados a otro Estado y que buscan empleo no tienen derecho a prestaciones asistenciales

Javier Ardalán
Los Estados comunitarios pueden excluir de las prestaciones en metálico y no contributivas que otorgan a sus propios ciudadanos en situación de búsqueda de empleo, a quienes se desplazan a su territorio, aunque hayan trabajado allí durante un tiempo, sin que se considere que existe discriminación por razón de nacionalidad.
Así lo establece una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de 15 de septiembre de 2015, que complementa otra previa de 11 de noviembre de 2014, en la que se dictaminó que esa exclusión es legítima respecto de los nacionales de un Estado miembro que llegan al territorio de otro Estado miembro sin voluntad de encontrar empleo en él.

La ponente, la magistrada Maria Berger, estima que si bien el TJUE ya ha juzgado que la Directiva 2004/38 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, conocida como ‘Directiva del ciudadano de la Unión’, exige que el Estado miembro considere la situación individual de una persona interesada cuando se disponga a adoptar una medida de expulsión, o a constatar que esa persona se ha convertido en una carga excesiva para la asistencia social a lo largo de su residencia (sentencia Brey), ese examen individual no es exigible sin embargo en un supuesto como el del asunto principal.

El TJUE declara que este tipo de prestaciones están destinadas a garantizar la subsistencia a personas que no tienen medios económicos para ello y que se financian mediante impuestos, careciendo de carácter contributivo, a pesar de formar parte de un régimen que prevé además prestaciones tendentes a facilitar la búsqueda de empleo. Al igual que en la sentencia 11 de noviembre de 2014, subraya que estas prestaciones deben calificarse de ‘prestaciones de asistencia social’.

La sentencia basa su decisión en el principio de que para poder acceder a prestaciones de asistencia social como las que se dirimen en el litigio, un ciudadano de la UE sólo puede reclamar la igualdad de trato respecto de los nacionales del Estado miembro de acogida si permanece en el territorio de dicho Estado conforme a los requisitos establecidos en la Directiva 2004/38/CE.

Si un ciudadano de la UE que ha disfrutado de derecho de residencia como trabajador se encuentra en paro involuntario tras haber trabajado menos de un año y se ha inscrito en el servicio de empleo competente como demandante de empleo, conserva la condición de trabajador y el derecho de residencia durante al menos seis meses. Durante ese mismo período puede invocar el principio de igualdad de trato y el derecho a prestaciones de asistencia social.

Cuando un ciudadano de la UE aún no ha trabajado en el Estado miembro de acogida, o cuando ha terminado el período de seis meses, un demandante de empleo no puede ser expulsado de ese Estado mientras pueda demostrar que sigue buscando trabajo y que tiene posibilidades reales de ser contratado. En ese caso, el Estado miembro de acogida puede denegar no obstante toda prestación de asistencia social.

En el caso en litigio, las demandantes conservaron la condición de trabajadoras durante al menos seis meses después de terminar su último empleo en Alemania, pero ya no disponían de esa condición en el momento en que se les denegaron las prestaciones discutidas.

Considera la sentencia que al permitir que los interesados conozcan sin ambigüedad sus derechos y sus obligaciones, a saber, un plazo de seis meses desde el cese de una actividad profesional durante el que se mantiene el derecho a la ayuda social, permite, por tanto, garantizar un alto grado de seguridad jurídica y de transparencia en el contexto de la concesión de prestaciones de asistencia social del seguro básico, a la vez que se ajusta al principio de proporcionalidad.

Además, señala que en lo que atañe al examen individual dirigido a una apreciación global de la carga concreta que representaría la concesión de una prestación en el conjunto del sistema nacional de asistencia social objeto del asunto principal, hay que observar que la ayuda concedida a un solo solicitante difícilmente puede calificarse de ‘carga excesiva’ para un Estado miembro, en el sentido del artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2004/38, carga que podría pesar sobre el Estado miembro interesado, no cuando se le hubiera presentado una solicitud individual, sino necesariamente una vez sumadas todas las solicitudes individuales que se le hubieran presentado.

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