edición: 2559 , Viernes, 21 septiembre 2018
11/01/2016
LA OREJA DE LARRAZ

Los ciudadanos estiman que se debe aplicar la Ley de Transparencia a las empresas con subvenciones

Xavier Gil Pecharromán
El 80,7% de los ciudadanos está a favor de que la Ley de Transparencia se extienda también a la empresa privada que recibe financiación pública, según las conclusiones de la encuesta sobre Opiniones y Actitudes Fiscales de los Españoles en 2014, realizada por el Instituto de Estudios Fiscales, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Así, al igual que en el caso del Estado, la ciudadanía mayoritariamente considera que la empresa privada también se comprometa a ofrecer una información transparente y clara. En el lado opuesto, el 19,3% de los entrevistados se declara contrario a esa iniciativa.

La Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno establece una serie de principios éticos generales y también de obligaciones concretas para los miembros del Gobierno, los altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal.

Esta ley persigue garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a la información; obligar a las distintas administraciones a ser transparentes; y a fiscalizar la actividad pública, es decir, establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento.

El trabajo es fruto de 3.000 entrevistas realizadas en toda España sobre población activa mayor de 18 años, tanto asalariados como empresarios y profesionales.

Un 73,7% de los entrevistados se manifiesta de acuerdo con la idea de que la Ley de Transparencia va a tener un efecto positivo sobre el buen uso de “lo público”, frente al 26,3% que no cree en la eficacia de esta. En Europa, todos los países de más de un millón de habitantes tienen alguna norma que regula el acceso de los ciudadanos a la información sobre los gobiernos y sus administraciones. España era la excepción a la norma hasta su entrada en vigor en 2013.

Los hombres y los individuos entre 25 y 34 años de edad son aquellos colectivos más familiarizados con la Ley. Por segmentos de ocupación también se observan algunas diferencias tales como los empresarios y profesionales, con mayor conocimiento de la Ley. Un motivo claro es que les afecta directamente, especialmente a los primeros.

No se observan, sin embargo, diferencias destacables entre los diferentes segmentos de la población, si bien los más optimistas los podemos encontrar entre la población mayor (de más de 65 años).

El 68,3% de los encuestados se declara a favor de que la Ley vaya a representar un cambio de actitud en el contribuyente, haciendo que éste mantenga una disposición más favorable al pago de sus obligaciones con la Hacienda Pública. Sin embargo, en el lado más crítico se posiciona el 31,4% de los entrevistados que no cree que la Ley modifique la forma de pensar y la actitud de los contribuyentes. Por segmentos se observa que son los mayores de 65 años y el colectivo de agricultores los que se posicionan más a favor con la idea de la repercusión positiva.

Lo que no aborda la encuesta son las rigideces y problemas que plantea a los ciudadanos el acceso de quejas y consultas a través del Portal de Transparencia. La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha señalado en diversas ocasiones que la Ley de Transparencia representa un avance importante y un “buen antídoto contra la corrupción” pues obliga a dar cuenta de cómo se gasta el dinero del contribuyente y a que los datos se expongan claramente. La transparencia, ha señalado que también supone “responder a toda la información solicitada” por los ciudadanos.

Por ello, esta institución ha pedido al Gobierno que cambie el modo de acceso y permita que un ciudadano pueda enviar un simple correo electrónico con su nombre, DNI y su pregunta. Cree que así quedaría suficientemente identificado.

Los pasos del sistema actual son en exceso complejos y muy largos, por lo que pueden resultar disuasorios e incluso convertirse en obstáculos para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

Aunque el Estado lleva ya doce meses con la Ley de Transparencia en pleno funcionamiento, las comunidades y los ayuntamientos han tenido un año más de plazo para crear sus propios organismos de control y portales de transparencia. Todavía les queda mucho camino que andar a la vista de los problemas que ha planteado su funcionamiento en la Administración del estatal.

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