edición: 2861 , Jueves, 5 diciembre 2019
22/12/2008

Los comités de empresa comunitarios tendrán regulación sin acuerdo patronal

Javier Ardalán

Los comités de empresa europeos tendrán nueva regulación comunitaria a partir del próximo 1 de enero de 2009, después de que el pleno del Parlamento Europeo haya dado su visto bueno, a la Directiva sobre comités de empresa europeos en las compañías de dimensión comunitaria. Se trata de una refundición de la Directiva de 1994, cuyo objetivo es mejorar la información y la consulta a los trabajadores en el nivel transnacional y aumentar la proporción de comités de empresa europeos constituidos.

Desde 1994 sólo se han puesto en marcha 841 comités de empresa europeos (de los aproximadamente 2 400 cuya creación sería posible), que representan a 14,5 millones de trabajadores con el fin de informarlos y consultarlos a nivel transnacional.  En España cuentan con este tipo de comités tan sólo BBVA, Santander y Aguas de Barcelona.

Los requisitos para constituir un comité europeo (un derecho para los trabajadores, pero no una obligación para las empresas) sólo se aplica a las compañías que tengan al menos 1.000 empleados y 150 al menos en cada uno de dos o más países europeos.

El ejercicio efectivo de los derechos de información y consulta transnacionales en las empresas de dimensión comunitaria no está plenamente asegurado, especialmente porque Existen incertidumbres jurídicas que conllevan carencias en la aplicación de la directiva, especialmente en los casos de fusión o adquisición y en lo que concierne a la relación entre los niveles nacional y europeo de información y consulta.

Mientras que las centrales sindicales apoyan esta iniciativa, la organización patronal no ha querido participar en la elaboración de la propuesta, que ya bloqueó en el anterior intento de regulación, en el año 2003.

Para el Consejo Económico y Social Europeo (CESE), que ha emitido un informe sobre esta normativa, este resultado es poco satisfactorio, y el Comité pide que esta refundición se adopte lo antes posible, puesto que la Directiva en vigor resulta insuficiente.

Esta norma trata de garantizar que los trabajadores sean consultados en el momento en que la dirección de la empresa prevé adoptar una decisión y no cuando la decisión está a punto de aplicarse.

Es conveniente que el carácter transnacional de una cuestión se determine teniendo en cuenta tanto el alcance de sus efectos potenciales como el nivel de dirección y representación que implica. A este efecto, se consideran transnacionales las cuestiones que interesen al conjunto de la empresa o del grupo de empresas, o al menos a dos Estados miembros.

Entre estas cuestiones se encuentran, con independencia del número de Estados miembros interesados, las que revistan importancia para los trabajadores europeos en términos del alcance de sus posibles efectos o las que impliquen transferencia de actividades entre Estados miembros.

Entre las razones que han motivado la elaboración de la Directiva es necesario destacar que los comités de empresa europeos existentes no son correctamente informados en más de la mitad de los casos de reestructuración. Además, la tasa de creación de este tipo de comités es relativamente débil (solamente un 36%) y no se ha incrementado en los últimos años.

Para colmo, las definiciones de los conceptos de “información” y de “consulta” que figuran en la directiva de 1994 difieren de las contenidas en las directivas más recientes en materia de información y consulta de los trabajadores, y la articulación entre estas directivas no está adecuadamente regulada.

Pero, con objeto de evitar dudas a ese respecto, la Eurocámara incluyó enmiendas que precisan que cuando una decisión de cierre o reestructuración se tome en un país pero afecte a los trabajadores de otro, también se considerará una cuestión trasnacional.

Se ha eliminado, asimismo, el límite de cincuenta empleados para el establecimiento de órganos especiales de negociación, para no discriminar a los Estados miembros más pequeños que tendrían dificultades para llegar a ese número.

Aunque la Directiva es importante, las limitaciones impuestas a la misma resultan notorias, puesto que no podrá afectar a los procedimientos de información y consulta contemplados en la Directiva 2002/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, por la que se establece un marco general relativo a la información y a la consulta a los trabajadores en la Comunidad Europea, ni a los procedimientos específicos sobre los despidos colectivos.

Mucho más destacable, es que se excluye de esta normativa la exigencia sobre  los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad. Sobre este asunto existe una importante jurisprudencia en contra de la actuación de los sindicatos transnacionales en beneficio de la libertad de movimientos empresariales.

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