edición: 2616 , Viernes, 14 diciembre 2018
07/03/2017
LA OREJA DE LARRAZ

Los contratos públicos incluirán consideraciones de tipo social y medioambiental

Xavier Gil Pecharromán
Los contratos públicos incluirán en sus articulados consideraciones de tipo social, medioambiental y de innovación y desarrollo, según se establece en el proyecto de Ley, que actualmente se encuentra en proceso de informe de la ponencia en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados.
Así, se impone al órgano de contratación la obligación de introducirlas, pero se le otorga libertad para decidir si las incluye en cada contrato en concreto como criterio de adjudicación o como condición especial de ejecución. En ambos casos, su introducción debe estar supeditada a que se relacionen con el objeto del contrato a celebrar.

Se siguen regulando los contratos reservados a centros especiales de empleo o reservar su ejecución en el marco de programas de empleo protegido, extendiéndose dicha reserva a las empresas de inserción y exigiéndoles a todas las entidades citadas que tengan en plantilla el porcentaje de trabajadores discapacitados que se establezca en su respectiva regulación.

Con respecto a la discapacidad, se introduce como causa de prohibición de contratar con las entidades del sector público, el no cumplir el requisito de que al menos el 2 por ciento de los empleados de las empresas de 50 o más trabajadores sean trabajadores con discapacidad, estableciéndose una regulación específica en la Disposición Adicional Decimoctava del anteproyecto sobre la forma en que se acreditará el cumplimiento de dicho requisito.

Esta normativa regula el régimen jurídico de la contratación pública en España con la excepción de la contratación regulada en legislación diferenciada referida a los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales; o a la Defensa y Seguridad.

Con este norma se transponen tres normativas europeas, como son la Directiva 2014/23/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión; la Directiva 2014/24/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE y la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE.

Estas nuevas Directivas suponen la derogación de las anteriores, del año 2004, que fijaban el marco normativo común de la Contratación Pública para los Estados miembros de la Unión Europea. La transposición de las dos primeras Directivas, supone la principal motivación para acometer la elaboración de una nueva Ley de Contratos del Sector Público, ya que  la Directiva 2014/25/UE y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE será objeto de transposición mediante un Proyecto de Ley independiente que combina la regulación de esta nueva Directiva con la mencionada Directiva de Concesiones.

En el ámbito medioambiental, se exigen certificados de calidad a las empresas licitadoras, como condición de solvencia técnica, esto es, para acreditar la experiencia o el “buen hacer” de esa empresa en el ámbito de la protección del Medio Ambiente.

En el ámbito de la innovación y desarrollo, con la idea de favorecer a las empresas más innovadoras, destaca especialmente la introducción del nuevo procedimiento de asociación para la innovación, el cual se ha previsto expresamente para aquellos casos en que resulte necesario realizar actividades de investigación y desarrollo respecto de obras, servicios y productos innovadores, para su posterior adquisición por la Administración. Se trata, por tanto, de supuestos en que las soluciones disponibles en el mercado no satisfagan las necesidades del órgano de contratación.

Por último en este apartado, y no por ello menos importante, debe aludirse a los objetivos que se pretenden en materia de defensa de la competencia. La salvaguarda de la libre competencia no se limita a ser un mero objetivo teórico a perseguir en la contratación pública, sino que el anteproyecto contempla medidas nuevas que pretenden su realización efectiva.

Así, por ejemplo, se contempla la obligación de poner a disposición de la  Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia una mayor información en materia de contratación pública (por ejemplo, se remitirá a la misma copia del informe de supervisión que en la materia ha de enviarse cada tres años a la Comisión Europea).

Especialmente destacable resulta, además, la regulación que realiza el artículo 148.1 del anteproyecto al prever que las mesas de contratación puedan trasladar, con carácter previo a la adjudicación del contrato, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a la autoridad de competencia autonómica correspondiente, indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de contratación.

El procedimiento a través del cual se pronunciarán aquéllas será sumarísimo y será definido reglamentariamente. Sí se contemplan en el anteproyecto, sin embargo, los efectos suspensivos en el procedimiento de contratación de dicho traslado. Se considera que esta nueva regulación vendrá a dar satisfacción a una demanda continua de los órganos gestores de la contratación pública de poder actuar frente a prácticas colusorias en el procedimiento con la premura que la tramitación de los expedientes de contratación exige.

Asimismo posibilitará que los organismos específicamente encargados de la defensa de la competencia reciban y conozcan a tiempo posibles incumplimientos para pronunciarse sobre los mismos. 

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