edición: 2561 , Martes, 25 septiembre 2018
04/01/2013
Rajoy recurrirá al IRPF o al IVA

Los contribuyentes no se salvan del nuevo impuesto a la banca

Un debate que amenaza con inestabilidad política nacional y autonómica para los próximos años
Juan José González

Formalmente, los presupuestos que van a guiar la actividad política y económica de Autonomías y Gobierno central en 2013, entran hoy en su cuarto día de vigencia. Lo hacen con asuntos pendientes, sin decidir si va a ser posible que se puedan aplicar algunas tasas de nueva creación o, por el contrario, no será posible porque una instancia jurídica lo decida en base a una norma estatal o de legislación básica. En todo caso, parece cierto que la entrada en vigor del impuesto sobre los depósitos bancarios -el impuesto a la banca- ya es una realidad en al menos cinco presupuestos de otras tantas Autonomías. Andalucía, Cataluña, Extremadura, Canarias y Asturias, son por el momento las Autonomías que mantienen el impuesto sobre los depósitos bancarios, decisión recurrida por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional cuya decisión al respecto puede ocasionar descuadres en las cuentas y un auténtico caos en las previsiones de ingresos. Sobre lo que no hay duda es que será el contribuyente, vía comisiones bancarias, IRPF o IVA, el `pagano´ del impuesto `a la banca´.

 

El Ejecutivo catalán ya cuenta en sus números con que ingresará al menos 500 millones de euros en el presente ejercicio en concepto de tasa sobre los depósitos bancarios. Andalucía espera poca más de 300 millones por el mismo concepto, y, finalmente, Canarias, Asturias y Extremadura en torno a los 35 millones respectivamente. Se trata de cantidades importantes, de peso en cualquiera de los presupuestos autonómicos citados y que por la misma razón, se espera que sean peleados hasta el final por sus reprentantes políticos. Al margen de que se trata de un impuesto que, tarde o temprano deberá recaer sobre alguien, el hecho real es que se trata de un gravamen doble, pues por el mismo hecho impositivo se producen dos impuestos: el estatal y el autonómico. Como también que el impuesto será soportado por el ciudadano, por el consumidor, a pesar de los esfuerzos de comunicación oficiales en demostrar que el gravámen es a la banca y no al cliente bancario, algo que sólo demostrará la práctica.

El Gobierno central parece estar interesado en las incursiones políticas que acaban finalizando ante el Tribunal Constitucional, lugar al que se dirigen, sin lugar a dudas, los impuestos autonómicos sobre los depósitos bancarios. Se interpreta con bastante base de razón jurídica -además de contar con un fallo como precedente en el caso de la Comunidad extremeña-, que la legislación básica estatal es superior en rango a la dictada por los gobiernos autonómicos en determinadas materias, como es el caso de los impuestos autonómicos o locales. Según esta interpretación, las Autonomías que hayan aprobado su impuesto sobre los depósitos bancarios, deberán anular las relativas a dicho gravámen. La forma en que los gobiernos autónomos podrían contar con los ingresos previstos para el presente ejercicio, pasaría por aceptar las compensaciones del Gobierno central que estarían fijadas con criterios de volumen de aumento o disminución de depósitos bancarios en la Autonomía correspondiente.

En este punto, de nuevo, aparece la gran duda: ¿quién paga el nuevo gravámen, el banco o el cliente de depósitos? En el caso en que la CC AA recauda directamente el tributo sobre los depósitos, parece que es sobre el banco sobre quien recae el impuesto. Pero sólo lo parece, pues nadie o casi nadie, duda que el impuesto, un nuevo coste para la entidad financiera, se acabe imputando finalmente, de una u otra forma, al cliente bancario. Si el gravámen a los depósitos se realiza de acuerdo con la normativa básica, o de la Administración central, el Gobierno se verá obligado por necesidades de control fiscal, de imputarlo a los ciudadanos, a los impositores, por la vía del IRPF o del IVA. La recaudación específica sería, en este caso, la cantidad a compensar a las CC AA por no aplicar el gravámen sobre los depósitos bancarios.

Por el momento, las espadas parecen estar en alto toda vez que el departamento que debe pronunciarse, Hacienda, no mueve ficha. Es posible que se trate de un asunto que a principios de año deba mantenerse al margen de la polémica. Pero no se descarta que el ministro Cristóbal Montoro, utilice el argumento legal (artículo 6.2 de la LOFCA) por el que "el Estado, en el ejercicio de su potestad tributaria originaria, puede establecer los tributos sobre hechos imponibles gravados por las CC AA...". 

En todo caso, es difícilmente presentable ante la ciudadanía que el Gobierno central haya fabricado un impuesto a la banca estatal, considerado como "tipo cero" que equivale a no recaudar nada, con el simple pretexto (político) de bloquear los impuestos autonómicos, y el objetivo de utilizarlo como una baza más de negociación política. Al fin y al cabo, si los depositantes no pagan el impuesto en su autonomía, deberán hacerlo por el mismo concepto por la vía del IRPF o del IVA; en definitiva, más impuestos al contribuyente (que no a la banca, como se le ha bautizado al nuevo gravámen).

Noticias Relacionadas

Director
Alfonso Pajuelo ( director@icnr.es )

Redacción (redaccion@icnr.es)

  • Juan José González
  • Javier Ardalán
  • Carlos Schwartz
  • Rafael Vidal

Intelligence and Capital News Report ®
es una publicación de Capital News Ediciones S.L.
Editor: Alfonso Pajuelo
C/ Joaquín María López, 30. 28015 Madrid
Teléfono: 92 118 33 20
© 2018 Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción sin permiso expreso de la empresa editora.

Optimizado para Chrome, Firefox e IE9+

loading
Cargando...