edición: 2977 , Viernes, 29 mayo 2020
17/03/2011

Los desacuerdos en el G-8, la UE y Naciones Unidas propician que Gadafi reconquiste los bastiones rebeldes

Pedro González
¿Y ahora qué? Poco le queda ya a Muammar El-Gadafi y a sus leales para que vuelvan a tomar y someter Bengasi, la capital nominal del Consejo Nacional Libio, al que el presidente francés, Nicolas Sarkozy, intentó que reconocieran todos los países de la Unión Europea como el legítimo representante del pueblo libio. Uno tras otro, los bastiones de la rebelión van cayendo en manos de las unidades especiales fieles al líder libio, al tiempo que persisten los bombardeos y consiguientes matanzas de los sublevados, todavía carentes de los suministros bélicos, y sobre todo de la formación adecuada para enfrentarse a fuerzas mucho mejor pertrechadas y entrenadas.

La Liga Árabe, tal y como exigían en principio los jefes de Estado y de Gobierno europeos, Zapatero incluido, dio luz verde para el establecimiento de una zona de exclusión área en Libia, es decir para impedir los vuelos de castigo de la aviación de Gadafi sobre los insurgentes. Sin embargo, el desacuerdo en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas impidió la puesta en práctica de tal operación. Un desacuerdo que se hizo aún más evidente en la reunión de París de los ministros de Asuntos Exteriores del G-8. Francia tiró por elevación y reclamó una intervención militar en Libia, iniciativa a la que se opusieron abiertamente Rusia y Alemania, mientras que Estados Unidos se despachaba con una contra-argumentación dilatoria. Como quiera que el G-8 no quería aparecer, con su ambigüedad, como el presunto “culpable” de permitir la hipotética victoria de Gadafi en su guerra civil, sí hubo consenso general en derivar todas las responsabilidades al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es decir implicar también a China en la no-toma de decisiones.

Así, pues, con las grandes potencias paralizadas respecto de esta contienda, las fuerzas de Gadafi están procediendo ya a duras represalias sobre los rebeldes que no logran huir de las ciudades y pueblos reconquistados. Elegida la vía represiva, al líder libio no le queda otra opción que profundizar en ella. Fuera de los comunicados oficiales, los voceros tanto de los gobiernos de la UE como de las instituciones internacionales implicadas señalan que se están estudiando todo tipo de opciones para evitar que Gadafi concluya esta guerra con una aplastante victoria. Tales fuentes no desmienten que entre las opciones barajadas estén la eliminación del propio Gadafi a manos de algún miembro de su círculo de hierro, ni tampoco la de convertirle en un “señor de la guerra” similar a los somalíes o afganos, un concepto todo lo peyorativo que se quiera, pero que en muchos casos no ha sido óbice para tener que pactar con ellos a la vista de su fuerza e influencia determinantes sobre el terreno.

La misma línea de resistencia y represión de Libia ha sido adoptada por el rey Hamad I Bin Isa al Jalifa de Bahréin, que ha decretado el estado de excepción por tres meses, ha desalojado violentamente la ya célebre plaza de La Perla en Manama, la capital, y ha permitido la incorporación de un millar de soldados saudíes y 500 emiratíes, enviados por el Consejo de Cooperación del Golfo, para apoyar las operaciones policiales de sus propios y escasos efectivos.

En realidad, estas operaciones no responden únicamente a los exclusivos designios del monarca bahreiní sino a la propia Arabia Saudí, decidida a no tolerar cualquier foco próximo de desestabilización, con riesgo evidente de extenderse a su propio territorio. No obstante, esta estrategia equivale a ampliar aún más la profunda brecha existente entre suníes y chiíes, los dos grandes grupos religiosos que componen la población de la península arábiga. Las diferencias religiosas lo son, además y sobre todo, de carácter político, tanto más cuanto que, como es el caso de Bahréin, apenas un 30% de suníes disponen de la práctica totalidad del poder frente a más de un 70% de chiíes, que reclaman una verdadera igualdad.

Estos grupos chiíes, hasta ahora escasamente identificados con la teocracia de Irán, pueden caer en la tentación de contemplar en Teherán a sus mejores valedores, lo que consagraría una ruptura tan grave que obligaría a las monarquías del Golfo a intensificar una represión tan impopular como abocada a una peligrosa espiral de dureza, lo que aumentarían los odios y resentimientos. El régimen de los ayatolás iraníes ya ha condenado las medidas adoptadas por Hamad I y ha efectuado los primeros movimientos diplomáticos de represalia, preludio de otras acciones más contundentes.

Elegida la vía de la represión, queda después poco margen para soluciones reformistas. Tanto el rey Hamad I como sus mentores saudíes y kuwaitíes parecen estar de acuerdo en que la persistencia de los manifestantes en exigir la salida y exilio del monarca bahreiní le(s) ponía ante una difícil disyuntiva: la de permitir ser despojados no solo del poder sino incluso de arriesgarse a ser tratados como parias y corruptos o bien la de encastillarse en sus torres de marfil en espera de que pase el temporal revolucionario. Han elegido esto último y tratan de convencer a sus aliados de Occidente de que, a pesar de todo,  siguen siendo los mejores garantes de un statu quo que se derrumbaría de inmediato caso de ser derrocados.

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