edición: 2472 , Miércoles, 23 mayo 2018
06/07/2015
LA OREJA DE LARRAZ

Los directivos seguirán sin exención por despido

Xavier Gil Pecharromán
La Dirección General de Tributos mantendrá su criterio contrario a que los directivos de las empresas puedan aplicarse la exención en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a las indemnizaciones por despido, a falta de pacto con la empresa, al considerar que estas carecen de carácter obligatorio a efectos tributarios.
Así lo resuelve este organismo en una consulta de carácter vinculante (V1965-15), de 23 de junio de 2015, que mantiene los mismos términos que la emitida el 27 de noviembre de 2013 (V3472-13), que ha venido marcando la pauta .

En el artículo 11 del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de Alta Dirección, se establecen unos importes indemnizatorios para los casos de desistimiento del empresario y despido improcedente en los que no se haya pactado una indemnización en el contrato.

La DGT mantiene que en estos casos, como no existe ningún límite mínimo máximo que sea obligatorio, las indemnizaciones a altos directivos tributan, sin derecho a la exención, concepto que basan en la doctrina establecida por el Tribunal Supremo, en su sentencia de 21 de diciembre de 1995.

No obstante, el Alto Tribunal emitió una nueva sentencia, de 22 de abril de 2014, en la que abordaba la indemnización por desistimiento unilateral del empresario y recordaba que las indemnizaciones de altos directivos pueden pactarse en el contrato pero que, a falta de pacto, debe pagarse la cuantía que establece la citada norma y concluía que, en todo caso, ese derecho al pacto no puede llevar a que se acuerde que no haya indemnización alguna.

A criterio del Tribunal Supremo, la norma no permite un pacto cuyo contenido no se limita a fijar una cuantía diferente de la señalada con carácter subsidiario en el Real Decreto en defecto de pacto, sino que elimina totalmente la indemnización, ya que al permitir el libre desistimiento empresarial sin indemnización alguna dejaría el contrato al arbitrio de uno de los contratantes.

La Sentencia cuenta con el voto particular de tres magistrados, según el cual en la relación laboral especial de alta dirección, a diferencia de otras relaciones laborales especiales, la autonomía de la voluntad de las partes contratantes tiene un margen más amplio y no es aplicable la irrenunciabilidad de derechos del art. 3.5 del Estatuto de los Trabajadores.

El ponente, el magistrado Alarcón Caracuel, establece en esta sentencia que el legislador confiere directamente al alto directivo un derecho no condicionado a recibir una indemnización cuando su contrato se extinga por voluntad unilateral del empresario sin necesidad de causa justa alguna. Además, el legislador no establece directamente la cuantía de dichas indemnizaciones sino que se remite a la que pacten las partes.

A pesar de la importancia de este fallo, la sentencia cuenta con el voto particular de tres magistrados, según el cual en la relación laboral especial de alta dirección, a diferencia de otras relaciones laborales especiales, la autonomía de la voluntad de las partes contratantes tiene un margen más amplio y no es aplicable la irrenunciabilidad de derechos.

La indemnización considerada obligatoria por Hacienda es la establecida en el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, de 20 días de salario en metálico por año de servicio y hasta un máximo de 12 mensualidades en los despidos declarados judicialmente improcedentes o de siete días y seis mensualidades si el cese de la relación laboral es de mutuo acuerdo.

La sentencia señala también, que el legislador establece una norma subsidiaria para el caso de que las partes no hayan pactado dicha cuantía: "a falta de pacto la indemnización será equivalente a siete días de salario en metálico por año de servicio con el límite de seis mensualidades".

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