edición: 2388 , Viernes, 19 enero 2018
15/06/2016
LA OREJA DE LARRAZ

Los economistas aportan ideas para reformar el sistema autonómico de financiación

Javier Ardalán
En el futuro sistema de financiación de las comunidades autónomas se debería cuantificar el grado de riqueza y el índice de desarrollo –a igualdad de esfuerzo fiscal–, para determinar el volumen de recursos tributarios que puede obtener cada una de ellas, según la propuesta de reformas realizada por el Consejo General de Economistas.
Sin embargo, esta medida debería ser complementada con la definición del nivel de gasto necesario para atender con eficiencia los servicios transferidos y acordar, en consonancia con lo anterior, el volumen total de recursos que el Estado destina a cubrirlo.

Además, consideran necesaria una revisión del concepto de población ajustada para reflejar mejor el principio de necesidad, lo cual será la base para cumplir con los principios de suficiencia y solidaridad, así como poner al día la cesta de tributos cedidos y realizar las reformas normativas necesarias con el objetivo de mejorarlos técnicamente, graduar las diferencias de tributación entre territorios y homogeneizar los principales tributos propios, aunque cediendo a las comunidades autónomas amplias capacidades normativas.

Otras medidas que se podrían observar a la hora de reformar el sistema de financiación territorial es el rebajar el porcentaje de recursos tributarios que cada Comunidad aporta al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, para cumplir mejor el principio de corresponsabilidad fiscal e, incluso, la eliminación del resto de fondos, aportando los recursos del Estado que los nutren a un único fondo de reparto, consiguiendo así mayor transparencia.

En su informe, los economistas denuncian que el actual sistema, que hace ya muchas legislaturas que se viene solicitando su reforma, carece de transparencia, puesto que se trata de procedimientos extremadamente complejos, que no son muy sencillos de comprender.

El resultado es un reparto de recursos arbitrario, que mantiene unas diferencias entre comunidades que no se explican por sus necesidades de gasto, al tiempo que se altera el principio de ‘ordinalidad’, en el sentido de que, después del reparto, Comunidades con mayor capacidad recaudatoria pasan a tener menor financiación por habitante que otras con menos capacidad y viceversa.

Denuncian también, que el reparto arbitrario y el incumplimiento de la ‘ordinalidad’ se producen porque se quiso mantener el ‘statu quo’ previo a la implantación del nuevo sistema y por la consideración de criterios institucionales.

Los recursos globales de que disponen las comunidades en la actualidad parecen insuficientes para atender los gastos transferidos y. además, denuncian que no se cumple con el principio de corresponsabilidad fiscal, pese a que las comunidades autónomas tienen amplia capacidad normativa en muchos tributos, ya que el 75% de sus ingresos tributarios alimentan un fondo estatal (el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales) que luego se reparte.

Por si todo ello fuera poco, en su informe, dicen los economistas que la cesta de tributos cedidos no es coherente con una tributación global de la riqueza, algunos de ellos están obsoletos y los tributos propios tienen una regulación caótica.

Por ello, también proponen que se respete el principio de ‘ordinalidad’; que se incremente  la interacción entre la Agencia Tributaria (AEAT) y las agencias u organismos tributarios autonómicos y con la Seguridad Social; así, como que se profundice en  la independencia de la AEAT del Ejecutivo y se reforme el Consejo de Política Fiscal y Financiera para potenciar sus funciones.

La reforma del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común realizada en el año 2009 tuvo dos objetivos fundamentales: garantizar la suficiencia financiera y la igualdad de recursos para la financiación de los servicios públicos básicos.

El primer objetivo se ha visto lastrado por la crisis económica y su incidencia en la recaudación tributaria, que ha colaborado en buena medida al incumplimiento de los objetivos de déficit y al incremento de deuda pública.

En este sentido, uno de los principales problemas de la reforma reside en la diferente situación económica del país entre el año base de negociación, 2007, y el año 2009, en el que el acuerdo se puso en práctica.

En términos de equidad, no se han conseguido resolver los problemas que se atribuían al modelo anterior. La pauta redistributiva provocada por la aplicación del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales se ve desvirtuada cuando se adicionan los recursos procedentes del Fondo de Suficiencia Global y de los Fondos de Convergencia.

Estos mecanismos provocan un reparto final de recursos difícil de explicar en términos de equidad y contribuyen a mantener unas diferencias de recursos entre comunidades que no se corresponden con sus necesidades de gasto; tampoco se han resuelto los problemas de falta de ‘ordinalidad de los sistemas anteriores, lo que provoca un reparto arbitrario de recursos.

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