edición: 2327 , Viernes, 20 octubre 2017
21/12/2016
LA OREJA DE LARRAZ

Los economistas esta vez están de acuerdo con los cambios en la contabilidad de las pymes

Javier Ardalán
El Consejo General de Economistas, a través de dos de sus órganos especializados (REA+REGA Auditores y EC-Economistas Contables) valora positivamente el trabajo realizado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, y por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) en el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, mediante el que se traspone dicha Directiva Contable Europea al ordenamiento jurídico español. Tras las disensiones generadas por la Ley de Auditoría, es una buena noticia que haya consenso en una materia tan importante para las pymes como es la contabilidad.
Así, los economistas consideran que esta norma, publicada en el BOE el pasado sábado, plasma la normativa europea mediante la elaboración de un nuevo plan contable para pequeñas y medianas empresas que simplifique los trámites a la hora de presentar las cuentas anuales.

El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, ha revelado que el margen de actuación que tenía el regulador español era escaso dado que la directiva marcaba muy claramente las pautas a seguir; no obstante, se han aprovechado adecuadamente las opciones existentes.

El objetivo de la norma es facilitar a las pequeñas empresas el cumplimiento de sus obligaciones. Además, se ha mejorado de forma notable el tratamiento contable de los inmovilizados intangibles, y, en particular, del fondo de comercio.

En opinión de los economistas, resulta acertado el criterio de vida útil definida de estos inmovilizados y la presunción, salvo prueba en contrario, de una vida útil para el fondo de comercio de diez años. Es un criterio práctico, sensato y que supone una forma adecuada de homogeneizar su tratamiento contable. Además, se establecen unas opciones de transición que cada empresa podrá elegir en función de sus propias circunstancias.

El objetivo de esta Directiva, aparte de la armonización contable entre los Estados miembro de la Unión, es simplificar la documentación a realizar y presentar por parte de las pequeñas y medianas empresas y en especial por las microempresas. La idea es lograr un equilibrio adecuado entre las cargas administrativas soportadas por las empresas más pequeñas y las necesidades de información de los destinatarios de los estados financieros de este tipo de empresas.

No obstante, los economistas estiman que, como consecuencia de la transposición de la Directiva, la sustitución del actual modelo de memoria (abreviada y pymes) por otro con menores requerimientos podría llevar a una pérdida sensible de información incluida en las memorias de las empresas más pequeñas, pero también más numerosas tanto en España como en el resto de Europa.

La consecuencia de todo ello podría suponer una reducción de la transparencia y fiabilidad de la información financiera. Si bien es obligatorio incluir una información mínima, para conseguir entender las cuentas anuales de las empresas debería incluirse toda aquella información que sea necesaria para lograr el objetivo de transparencia, ya que este es el fin principal que debe alcanzar la formulación de las cuentas anuales. Por ello, los economistas recomiendan que las empresas incluyan información adicional de forma voluntaria.

La calificación como inmovilizado intangible o existencias de estos derechos ha sido una cuestión ampliamente discutida en el contexto internacional, pero cuya repercusión práctica no es excesivamente relevante. Por ello, existiendo argumentos a favor de su tratamiento como existencias, como la circunstancia de que estemos ante un activo cuya permanencia en el patrimonio de la empresa, con carácter general, no será duradera, y cuya depreciación sistemática tampoco resulta evidente, el cambio en su calificación contable se configura como una solución práctica para contabilizar un hecho económico que en el nuevo marco regulatorio de los inmovilizados intangibles tenía difícil encuadre.

Este cambio apenas altera la regulación sobre esta materia contenida en la Resolución de 28 de mayo de 2013, del ICAC, por la que se dictan normas de registro, valoración e información a incluir en la memoria del inmovilizado intangible, que por lo tanto se mantiene en vigor a excepción de la modificación reseñada.

Adicionalmente, nótese que en el nuevo contexto de simplificación contable para las pequeñas empresas deja de ser obligatoria para el modelo abreviado de memoria y para las empresas que apliquen el PGC-Pymes la información que la resolución del ICAC exigía incluir en este documento sobre los citados derechos.
En la disposición adicional segunda se establece la regulación sobre información comparativa en las primeras cuentas anuales de los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2016.

En la disposición transitoria única se configura un régimen transitorio para las modificaciones aprobadas. Así, se aclara que el plazo de amortización del fondo de comercio, o de cualquier otro activo intangible que hasta la fecha no se venía amortizando, se empezará a computar desde el primer ejercicio que comience a partir del 1 de enero de 2016, y que la reserva por fondo de comercio se reclasificará a otra cuenta de reservas y será disponible desde esa fecha en el importe que exceda del valor en libros del fondo de comercio contabilizado en el activo del balance. Sin perjuicio de lo anterior, también se introduce la opción de ajustar su valor en libros con cargo a reservas.

En virtud de la disposición final primera se incorpora un nuevo artículo al Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, que prevea la tramitación abreviada del procedimiento sancionador de conformidad con la habilitación contenida en el artículo 69.5 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas.

Dicha tramitación se prevé para aquellos casos en que a la fecha de iniciarse el procedimiento se tengan o conozcan todos los elementos fácticos que permitan apreciar, sin que suponga complejidad alguna, las conductas infractoras, como así sucede por ejemplo con las firmas de informes de auditoría sin estar habilitado legalmente para ello o las faltas de remisión o publicación de información exigida.

Por último, en las restantes disposiciones finales además de una declaración expresa sobre el ámbito competencial se recoge la entrada en vigor y la habilitación al Ministro de Justicia para que mediante orden ministerial pueda exigir el depósito de la información que hasta la fecha se venía exigiendo en la memoria por disposiciones mercantiles o de otra índole, salvo los requerimientos de información previstos por la legislación tributaria, y que deja de ser un contenido obligatorio a incluir en las cuentas anuales de los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2016.

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