edición: 2703 , Miércoles, 24 abril 2019
13/01/2010

Los economistas plantean cambios en otras normas para acabar con el fracaso de la Ley Concursal

Javier Ardalán
Los administradores concursales están preocupados por la supervivencia de las empresas que entran en concurso. La estadística del INE sobre el año pasado dice que sólo hubo nueve sociedades que llegaron a presentar una propuesta de convenio a sus acreedores para seguir funcionando. Una auténtica derrota para quienes creen que la Ley Concursal puede servir para salvar empresas, tal y como ocurre en Alemania o en Estados Unidos, y no sólo para liquidarlas.

Para los economistas que trabajan a las órdenes de los jueces, el problema no radica sólo en la Ley Concursal, que es mejorable y ya se está elaborando una profunda reforma, sino en que los empresarios dan el paso excesivamente tarde, cuando la empresa apenas tiene activos, y cuando llegan a tiempo se resisten a que la empresa se reflote para venderla al considerar los acreedores que el equipo directivo no es lo suficientemente competente para sacar adelante el plan de viabilidad.

Junto a la falta de medios de los juzgados, existen razones de carácter procedimental que hacen inviable que el concurso llegue a buen puerto. Entre estos problemas, por ejemplo, se encuentra la postura de los bancos, que no quieren negociar un posible convenio en tanto no conozcan el informe de la administración concursal, lo que lleva a que los plazos legalmente establecidos para hacerlo a partir de ese momento sean excesivamente cortos y se pierda la oportunidad de alcanzarlo.

También resulta excesivamente complicado para los acreedores presentar un concurso necesario. De una parte, porque resulta complicado en exceso que un particular pueda reunir las pruebas suficientes para demostrarle al tribunal que existe sobreseimiento de pago por parte del deudor. De otra, porque este tipo de denuncias tienen muy mala prensa entre los jueces, ya que en buena parte de las ocasiones se deben a motivaciones oportunistas de los acreedores, que amagan con el concurso para lograr el cobro de la deuda antes que los demás. Pero aún hay una tercera razón no menos trascendente y es que existen unas costas muy elevadas para quien promueva un concurso que sea rechazado por el juez.

Además, los concursos son declarados judicialmente al cabo de semanas o meses desde su solicitud, con el consiguiente perjuicio para los concursados y sus acreedores, que viven situaciones de inseguridad. Así, desde que trasciende que una empresa ha solicitado el concurso hasta que se admite, la totalidad de los proveedores dejan de atender a la sociedad con lo que se impide la continuidad de sus actividades y el deterioro de sus activos.

En vista de este panorama, los administradores concursales con titulación de economistas, integrados en el Registro de Economistas Forenses (REFOR) del Consejo General de Economistas han presentado una propuesta de modificaciones que van a entregar a la Comisión del Ministerio de Justicia encargada de elaborar la reforma de la Ley Concursal.

Las propuestas están dividas según su objetivo, entre las que buscan la reducción de los plazos legales en la fase común del concurso, las que buscan la supervivencia de empresas viables o, por ejemplo, las que pretenden mejorar los artículos que regulan los concursos de personas físicas.

Las de carácter procedimental más destacadas proponen, por ejemplo, que se puedan solventar las primeras protestas de los acreedores ante el reparto de créditos (deudas) dado a conocer por la administración concursal. Defienden una reducción de los primeros plazos. Así, abogan por un máximo de 15 días para protestar y otros 15 días para que los administradores concursales resuelvan.

Para paliar los asuntos que no se puedan resolver en ese tiempo, la propuesta del REFOR apuesta por iniciar un incidente concursal que no paralizaría la fase común, salvo en el caso de que afectase a los acreedores estratégicos, ya que ellos son los llamados a determinar  el éxito o fracaso del convenio, y con posibilidad alternativa de inicio de la liquidación, adoptándose en su caso las medidas cautelares que el juez estimase pertinentes.

Así, se pondría en marcha la liquidación anticipada, que junto con la refinanciación, han tenido un escaso éxito desde la entrada en vigor de la pasada reforma de la Ley Concursal (RD 3/2009).

En este mismo apartado, proponen la aprobación automática y provisional del concurso una vez solicitado, con nombramiento de la Administración Concursal y concesión al deudor solicitante de un plazo para subsanar los defectos formales de 15 días, transcurridos los cuales, sin la debida subsanación, se rechazaría el concurso y se tendría por no declarado.

Desde el prisma de la subsistencia de las sociedades se planeta la modificación de algunas normativas de gran calado, como permitiendo obtener certificado de estar al día de obligaciones fiscales si se atienden los créditos fiscales contra la masa y el tratamiento del crédito originado por las facturas rectificativas.

Otro cambio decisivo, aunque muy complicado, es que la legislación permita la obtención de crédito por las sociedades concursadas del Sistema Bancario: El Banco de España debería eliminar o, al menos reducir, las penalizaciones que existen sobra las dotaciones en la concesión de créditos a las sociedades concursadas.

De igual modo, plantean rectificar la Ley de Contratos del Estado para que dichas empresas tengan la posibilidad de seguir operando y, además, que se modifique la Ley General de Seguridad Social eliminando la subrogación en caso de cesión dentro del concurso.

Desde un punto de vista profesional muestra su interés porque se elimine la formulación de cuentas y su supervisión por parte de los administradores concursales, dejando esta responsabilidad para los administradores societarios, que serían los únicos responsables.

Y finalmente, aprovechan para solicitar algunos ajustes sobre el arancel que perciben, haciendo los cálculos sobre el pasivo de las sociedades y no sobre los activos, como ocurre ahora, y sobre la necesidad de pagar a los expertos independientes, que corren de su cuenta.

Raimon Casanellas y Julián Barrios, presidente y directivo del REFOR respectivamente, mostraron ayer a los medios de comunicación sus temores de que en 2010 se alcance una cifra similar a la registrada en 2009 en el número de concursos declarados, que ascendió a 6.000. Sin embargo, consideran que con la entrada en vigor de la reforma concursal, se distorsionó la estadística en el último trimestre del año pasado, lo que puede suponer un incremento en las estadísticas de este ejercicio.

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