edición: 2112 , Viernes, 9 diciembre 2016
25/09/2008

Los empresarios vascos, víctimas colaterales de la ´vacaciones fiscales vascas´

Xavier Gil Pecharromán

La Justicia Europea ha dejado en el aire la legalidad de las rebajas de tipos en el Impuesto sobre Sociedades del País Vasco. Las autoridades vascas han entendido que la reciente sentencia supone un espaldarazo a su sistema fiscal, mientras que las comunidades limítrofes (Castilla y León y La Rioja fundamentalmente) consideran que si bien se acepta la existencia de cupo, se rechaza en el texto legal la posibilidad de seguir aprobando nuevas “vacaciones fiscales”. Los empresarios vascos son las víctimas colaterales de esta decisión.

Si se lee con detenimiento el texto, la sentencia se limita a remitir la cuestión al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, ya que si bien las figuras de las haciendas vascas cumplen los principios de autonomía política y de procedimiento que les permite tener normas fiscales diferentes a las del resto de España, el Cupo no se puede utilizar para compensar la posible caída de los ingresos por la reducción de impuestos.

El Comisario de Competencia, Jonathan Todd, ha explicado que el fallo sobre la capacidad del País Vasco de dictar sus propias normas impositivas no tiene ninguna incidencia en las decisiones de la Comisión Europea de considerar ayudas de Estado las llamadas “vacaciones fiscales”. Así,  la comunidad autónoma vasca puede tener una fiscalidad diferente a la del resto de España, lo cual no invalida las denuncias de su Departamento sobre las ventajas tributarias de las “vacaciones fiscales vascas”.

El Gobierno español no ha querido manifestarse demasiado explícitamente sobre el asunto a la espera de que sea el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco el que se pronuncie definitivamente. No obstante,  vicepresidente Solbes ha reiterado las palabras de Todd al señalar que  el cupo vasco no tiene nada que ver con la autonomía fiscal vasca.

En su línea habitual, Juan José Ibarretxe, y los tres diputados generales, afirmaron en rueda de prensa que ésta ´es una oportunidad de oro para blindar definitivamente el Concierto Económico´ y reclamaron ´con serenidad y firmeza al PP y al PSOE que cesen en sus ataques de una vez y para siempre desde las comunidades autónomas limítrofes y las instituciones españolas al concierto económico vasco, porque es evidente que tenemos capacidad para desarrollar nuestra fiscalidad en virtud de los acuerdos que hemos alcanzado´.

Castellano-leoneses y riojanos consideran que las “vacaciones fiscales vascas” entran en competencia con sus territorios, ya que la reducción de ingresos acaba por ser compensada por el Estado vía Concierto Vasco.

Este debate demuestra que no existe ninguna garantía de que desaparezcan los conflictos entre el Estado y los territorios históricos acerca de la legitimidad de las normas forales. De hecho, es probable que continúen, porque el Concierto es contradictorio cuando, al mismo tiempo que da autonomía plena en el Impuesto de Sociedades, exige que no haya ninguna distorsión. Es esta incoherencia, que subyace a la mayoría de los conflictos, la que debe ser resuelta para dar estabilidad a las normas forales vascas.

El drama se cierne ahora sobre los empresarios que se acojan. La falta de definición actual sobre la legalidad de futuras rebajas impositivas es un auténtico peligro para su propia supervivencia en muchos casos,, porque pueden verse nuevamente en la tesitura de devolver las cantidades que se habían deducido. Un auténtico drama para muchas empresas que, en busca de ahorrarse dinero han incurrido en costes de traslado al territorio vasco, lo que les ha supuesto una operación ruinosa.

Por ello, es necesario que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se pronuncien con claridad sobre la viabilidad de estas rebajas de impuestos para competir con las regiones limítrofes o, lo que es lo mismo, si estas ayudas se pueden considerar ayudas de Estado. Mientras tanto, parece prudente no adoptar nuevas medidas, por mucho que el respaldo legal homologado por Bruselas.

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