edición: 3023 , Lunes, 3 agosto 2020
01/04/2014
Escalada del desempleo

Los ERE de la embotelladora de Coca-Cola y Tragsa reabren el debate sobre la reforma laboral

Los ciudadanos auguran un 2014 con menos cotizantes, deflación y subidas de impuestos, y con un millón de parados sin prestación alguna
La mayoría de los internautas aplaude que los jueces frenen los despidos colectivos abusivos y reclaman a la empresa pública `dar ejemplo´
ICNr

Doble ración de EREs. Mientras la embotelladora de Coca-Cola cumplió ayer su promesa de despedir a nada menos que 235 trabajadores de la fábrica de Fuenlabrada (Madrid) que no se habían adherido al plan de bajas voluntarias y recolocaciones, otra empresa, Tragsa, vio cómo la Audiencia Nacional declaraba nulo el Expediente de Regulación de Empleo que se llevó a cabo en su marco, obligando a la sociedad a la `inmediata admisión´ de los trabajadores despedidos. Una y otra noticia se convirtieron en exponente de las prácticas que permite la reforma laboral, así como del auge de los despidos masivos como fórmula para `limpiar´ las empresas de mano de obra clara, con salarios `precrisis´.

De un lado, el caso de Coca-Cola demuestra, a juicio de los internautas, que la era de los despidos en masa no ha llegado aún a su fin. Nada menos que el 45 por ciento de la plantilla del centro de la embotelladora de esta multinacional en España se verá afectado por estas cartas de despido, en las que se fijan indemnizaciones de 33 días por año trabajado, en lugar de los 45 que la sociedad tiene previsto a todos aquellos que se marchen con una baja voluntaria. En cuanto a los trabajadores que figuran en el ERE voluntario -un total de 955-, éstos serán recolocados, o bien se irán de forma voluntaria o se prejubilarán.

La respuesta de los sindicatos no se ha hecho esperar: Comisiones Obreras ha impugnado el ERE y ha solicitado su nulidad, emitiendo también un comunicado en el que asegura que `desde hoy nos planteamos otro reto, la opción de readmisión de todos los trabajadores que han despedido forzosamente y que tan sólo pretenden conservar su puesto de trabajo y su planta de producción en una empresa que va más que bien´. El expediente es masivo: más allá de la plantilla madrileña, la embotelladora de Coca-Cola cerrará también sus fábricas en Alicante, Palma de Mallorca y Asturias, aunque en estos casos no hará falta hacer despidos forzosos -prácticamente toda la plantilla se ha apuntado al plan de bajas voluntarias-. La racha de despidos, por tanto, continúa.

De otro lado, la justicia sigue poniendo coto a los Expedientes de Regulación de Empleo que vienen llevando a cabo las empresas en España a lo largo de toda la crisis, especialmente a los amparados por la reforma laboral. Ayer fue la Audiencia Nacional la que volvió a dar un golpe a uno de estos procesos de despido colectivo, en concreto, el de la empresa pública Tragsa. Se trata de nada menos que 726 trabajadores afectados, el 12,5 por ciento de la plantilla, de los cuales 150 ya han sido despedidos.

La sentencia, además de ordenar la readmisión de forma `inmediata´ de los despedidos a sus puestos de trabajo, también obliga a la empresa al abono de los salarios dejados de percibir. Así, la Sala de lo Social aprecia causa de nulidad por la forma en que se seleccionó a los trabajadores que iban a ser despedidos, sin respetar los criterios de mérito y la capacidad de los empleados. Además, la Audiencia Nacional recuerda que, en el caso de las administraciones públicas `es exigible una precisión mucho más estricta que permita la determinación de los trabajadores afectados sin acudir a decisiones arbitrarias o discrecionales sin relación con los principios de mérito y capacidad´.

Es precisamente este punto el que más críticas generó entre los internautas, cansados de una `mala praxis pública´ que se extiende a todas las esferas posibles. No se entiende que, tal y como asegura la sentencia, los criterios utilizados para llevar a cabo el despido colectivo no se fijaran en el periodo de consultas ni en su momento inicial ni en la decisión final, siendo `totalmente imprecisos y permitiendo múltiples aplicaciones´. Además, los internautas recordaron que si alguien tiene que parar por los desmanes de la empresa pública, son sus gestores y, en última instancia, `los políticos´. No hay que olvidar que a la empresa `no la han hundido los trabajadores, lo han hecho los políticos y directivos enchufados´, señaló un lector.

En resumidas cuentas, si ni siquiera se puede esperar de la Administración que ésta actúe de forma ejemplar en materia de empleo  -y desempleo-, no se podrá esperar respeto hacia los trabajadores desde ninguna otra esfera.
Parece que las propias empresas públicas intentan sacar el mejor partido a la norma, aseguran los lectores, y ello sólo puede ser consecuencia de un conocimiento sobre la laxitud de criterios que ésta, en principio, parecía admitir. Pero son muchas las sentencias que acotan poco a poco los grandes efectos de la reforma laboral y, con ello, cortan las alas a quienes han intentado hacer de ella un `todo vale´ de los despidos.

Lo peor es que, por cada ERE que se anula, hay otros muchos que pasan por el aro y la consecuencia es, en definitiva, un aumento exponencial de los casos de despido. `Hay que ir asumiendo que la era del empleo se está acabando; cada vez más máquinas hacen el mismo trabajo más eficientemente, y esto es lo que tienen que pensar lo políticos: que dejen de decir a la gente que busque empleo, que es una perdida de tiempo´, aseguró un lector. Más común fue leer comentarios en los que se alude al agresivo ajuste de los salarios vía despidos, que promete traer al país una precariedad laboral como hace décadas que no se ha vivido.

Las consecuencias son de sobra conocidas, pero aún hay más problemas, a largo plazo, por llegar: `Menos cotizantes, deflación -que ya es un hecho- y perspectivas de subidas de impuestos. Y lo peor es que este año se le acaban los subsidios de desempleo a los muchos, cerca del millón, que fueron echados en 2012. Los desahucios van a ser tan cotidianos como el café de las mañanas´, sentenció un lector.

Tampoco faltaron detractores de tanto coto a los despidos colectivos, y hubo quien aseguró que, en el caso de los llevados a cabo por empresas públicas, parece que los `funcionarios (jueces) salvaguardan a otros empleados públicos, mientras los trabajadores del sector privado aguantan con contratos basura, mal pagados y temporales´. Otros lectores fueron más allá, criticando que, `como siempre, los jueces se carguen todos los EREs y los despidos´. `Aquí por lo visto da lo mismo que una empresa gane o esté en la ruina; los trabajadores no se pueden despedir según esos jueces desfasados, a los que habría que eliminar de la judicatura. Son los responsables de los millones de parados que tenemos, porque si las empresas pudieran adaptar sus plantillas a la nueva situación se habrían salvado millones de empleos, pero como al final las empresas no pueden más, se hunden y desaparecen y toda la plantilla al paro´, aseguró un ciudadano.

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