edición: 3028 , Viernes, 14 agosto 2020
12/12/2011

Los Estados comunitarios tendrán regulada la información mínima a facilitar a acusados de otros países

Xavier Gil Pecharromán
El Parlamento Europeo debate esta semana una propuesta de directiva que establece las  normas mínimas comunes sobre la información de los derechos y las acusaciones que se tendrán que proporcionar a los sospechosos o acusados de haber cometido una infracción penal. Se trata de un paso decisivo en el camino para mejorar la confianza recíproca entre los Estados miembros y crear un espacio de Justicia común para todos los ciudadanos de la Unión, puesto que se aplicará con independencia de la situación jurídica, ciudadanía o nacionalidad de las personas afectadas.

La presente Directiva se aplicará desde el momento en que las autoridades competentes de un Estado miembro ponen en conocimiento de una persona que es sospechosa o que se le acusa de haber cometido una infracción penal, hasta la conclusión del proceso, es decir, hasta la decisión definitiva que determina si el sospechoso o el acusado ha cometido o no la infracción, incluidas, cuando proceda, la imposición de la condena y la resolución de cualquier recurso.
 
También, al detenido se le debe dar información sobre los derechos procesales aplicables mediante una declaración de derechos redactada en términos fácilmente inteligibles para ayudarle a que comprenda realmente sus derechos.
 
Dicha declaración de derechos debe proporcionarse rápidamente a toda persona detenida cuando se vea privada de libertad a raíz de la intervención de las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley en el contexto de un proceso penal. Deber incluir información básica relativa a las posibilidades de impugnar la legalidad de la detención, obtener una revisión de la misma o solicitar la libertad provisional, siempre que tal derecho exista en la legislación nacional. A fin de ayudar a los Estados miembros a elaborar esa declaración de derechos.
 
Un acusado, o su abogado, deberá tener derecho a impugnar, de conformidad con los procedimientos de la legislación nacional, el hecho de que las autoridades competentes no le hayan proporcionado la información contemplada o determinados materiales del expediente con arreglo a la presente Directiva, o bien se hayan negado a hacerlo. Este derecho no conlleva para los Estados miembros la obligación de prever un procedimiento específico de recurso, un mecanismo o procedimiento de reclamación aparte mediante el cual pueda impugnarse ese hecho.
 
En caso de que la legislación de un Estado miembro prevea la imposición de una sanción para infracciones menores por parte de una autoridad distinta de un tribunal con competencia en materia penal, pero la sanción pueda ser objeto de recurso ante este tipo de tribunal, la presente Directiva sólo se aplicará al proceso ante dicho tribunal a raíz del recurso en cuestión.
 
La Directiva establece que el afectado debe ser informado a su debido tiempo por las autoridades competentes, ya sea oralmente o por escrito, de los derechos, previstos con arreglo al Derecho nacional, que son esenciales para salvaguardar un proceso justo, con arreglo a lo establecido en la presente Directiva. Con objeto de que las personas sospechosas o acusadas puedan ejercer esos derechos de manera práctica y efectiva, dicha información debe proporcionarse con prontitud durante el proceso y, a más tardar, antes del primer interrogatorio oficial del sospechoso o acusado por parte de la policía o de otra autoridad competente.
 
No obstante, se incluye en su texto, que una vez que se haya proporcionado la información sobre un determinado derecho, se entiende que las autoridades competentes no deben estar obligadas a repetirlo, a menos que así lo exijan las circunstancias específicas del caso o las normas específicas establecidas en la legislación nacional.
 
Sin perjuicio de la independencia judicial y de las diferencias en cuanto a la organización del poder judicial en la Unión, los Estados miembros deben facilitar o fomentar la formación adecuada a los funcionarios competentes respecto a los objetivos de la presente Directiva.
 
El suministro de información deberá hacerse constar de conformidad con los procedimientos de registro en vigor según la legislación nacional de los Estados miembros, sin ninguna obligación adicional de introducir nuevos mecanismos ni cargas administrativas adicionales.

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