edición: 2364 , Jueves, 14 diciembre 2017
20/05/2015
LA OREJA DE LARRAZ

Habrá registros centralizados con los nombres de los propietarios efectivos de las empresas

Javier Ardalán
Los Estados de la UE tendrán que tener registros centralizados con los nombres de los propietarios efectivos de las empresas, accesibles tanto a las autoridades como a las personas con un “interés legítimo”. Por ejemplo, los periodistas, según se establece en el proyecto legislativo de Directiva de Blanqueo que el Parlamento Europeo debate actualmente, y que pretende combatir el lavado de dinero, los delitos fiscales y la financiación del terrorismo.
Se considera que el propietario efectivo de una empresa es el que controla sus actividades y autoriza las transacciones en última instancia, independientemente de que la titularidad sea directa o mediante personas interpuestas.

Entre las novedades incluidas en el transcurso de la tramitación se ha incluido que las disposiciones relativas a la información sobre el beneficiario efectivo: esta información se almacenará en un registro central de cada Estado miembro, lo que constituye una mejora de la transparencia que concuerda con la ampliación de las políticas de la Comisión.

Sin embargo, por lo que se refiere a las disposiciones específicas sobre el acceso a dicha información, la Comisión considera que la noción de “interés legítimo” debe interpretarse y comprenderse a la luz de las exigencias derivadas de los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales, en el pleno respeto de las normas en materia de protección de los datos personales y el derecho a la intimidad.

Al transponer la Directiva, los Estados miembros deberán prestar especial atención a estos requisitos, a fin de garantizar que el acceso de terceros persigue un objetivo de interés general y que se establece plenamente la necesidad y proporcionalidad que justificaría la restricción de la protección de los datos personales y el derecho a la intimidad.

Las disposiciones relacionadas con el nivel de las sanciones pecuniarias administrativas aplicables a las entidades financieras y a las entidades no financieras: en el caso de las entidades financieras y en lo que se refiere a las personas jurídicas, el nivel máximo de las sanciones pecuniarias será de al menos cinco millones de euros o el 10% del volumen de negocios total anual y, en lo que respecta a las personas físicas, el máximo de las sanciones pecuniarias es de un mínimo de cinco millones de euros; en el caso de las entidades no financieras, el importe máximo de las sanciones pecuniarias es de un mínimo del doble del importe de los beneficios derivados de la infracción o, al menos, un millón de euros.

El uso de actos delegados en vez de actos de ejecución, con el fin de identificar las jurisdicciones de terceros países que tengan deficiencias estratégicas en sus regímenes contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Todos los proveedores de servicios de juegos de azar, sin limitarse a los casinos, estarán obligados a aplicar medidas de diligencia debida con respecto a los clientes en toda operación de un valor igual o superior a 2.000 euros. En circunstancias estrictamente limitadas y justificadas, y sobre la base de un riesgo bajo demostrado de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, los Estados miembros estarán autorizados a establecer algunas excepciones.

Teniendo en cuenta la necesidad de mantener la coherencia entre el marco de la UE aplicable al dinero en efectivo, la Comisión apoya que el umbral aplicable a las personas físicas o jurídicas que negocien con bienes o servicios se aumente de 7.500 euros a 10.000 euros.

La supresión de la distinción entre personas del medio político (PMP) «extranjeras» y «nacionales», de la que se derivan la exigencia de medidas reforzadas de diligencia debida en el caso de cualquier PMP, independientemente de su origen, representa un justo equilibrio entre las preocupaciones del Consejo, las reservas del Parlamento Europeo y las recomendaciones actuales del GAFI.

El papel otorgado a la Comisión para realizar un análisis supranacional de los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que podrían afectar al mercado interior y relacionado con fenómenos transfronterizos aportará un enfoque coherente a los requisitos a escala europea en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Los eurodiputados también se pronunciarán sobre las nuevas reglas para facilitar el rastreo de las transferencias bancarias.

La cuarta directiva anti blanqueo obligará por primera vez a los Estados miembros a registrar los datos de los titulares últimos de las entidades corporativas y otras entidades jurídicas, así como de los fideicomisos. Esta cláusula fue incorporada por el Parlamento durante las negociaciones. El texto exige que los bancos, auditores, abogados, agentes inmobiliarios y casinos, entre otros, vigilen con más atención las transacciones sospechosas de sus clientes.

El pleno también votará el acuerdo alcanzado en diciembre sobre el reglamento sobre “transferencias de fondos”, que persigue mejorar el rastreo de pagadores y beneficiarios y sus activos.

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