edición: 2788 , Viernes, 23 agosto 2019
22/10/2010

Los Estados debaten si deben reconocer el secreto profesional de los asesores de patentes

Javier Ardalán
El secreto profesional del asesor de patentes se ha convertido en unos de los asuntos prioritarios para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), puesto que una mayoría de las delegaciones nacionales considera que esa limitación en las comunicaciones puede plantear dificultades para la preparación de solicitudes de patente y para tomar otras medidas necesarias, ya que los clientes y los asesores de patentes abordan una amplia gama de cuestiones como la patentabilidad de las invenciones y la posibilidad de infringir patentes ya existentes y la falta de secreto profesional desalienta a que el cliente hable con la debida claridad.

Para beneficiarse de la protección por patente en otros países, los solicitantes deben obtener una patente en cada uno de los países en los que desea gozar de protección. Si un tercero desea revocar la patente, debe dirigirse al tribunal del país en el que se haya concedido la patente. Dada la dimensión territorial de las patentes, las partes se ven obligadas a contratar abogados y agentes de patentes nacionales y extranjeros que les presten asesoramiento en relación con la normativa que se aplica en unas y otras jurisdicciones.

De ahí que puedan plantearse dificultades en los casos en los que el cliente es parte en un litigio en otro país que el suyo y en el que el sistema jurídico es diferente. La obligación de secreto profesional en un país puede no ser suficiente para que un cliente se niegue a exponer el contenido de las comunicaciones que haya mantenido con su asesor de patentes ante el tribunal de otro país.

Sin embargo, no todas las delegaciones están en esta línea de actuación, sino que algunas, fundamentalmente del entorno de la órbita del derecho británico, disienten de la necesidad de amparar legalmente el secreto profesional ante los tribunales al considerar que esta protección podría utilizarse para ocultar información y, por lo tanto, perjudicaría al interés público Por ello, defienden que se mantenga únicamente para el caso de los abogados, que ya lo tienen reconocido para la defensa de sus clientes en los procesos judiciales.

Hay también delegaciones que opinan que el interés público exige la divulgación de información ante los tribunales, lo que redundará en favor de la justicia. Se parte de que es necesario velar por una transparencia en la información a los fines de que el tribunal encargado de zanjar una controversia llegue a un resultado imparcial y justo.

En la medida en que el tribunal no tenga acceso a toda la información disponible, su capacidad para llegar a un resultado justo se verá limitada, por no decir comprometida. Por consiguiente, desde esta óptica se pone en tela de juicio el concepto de “prerrogativa del secreto profesional” en los procedimientos judiciales en general. Eso contrasta con la práctica que se observa en varios países, que aplican la “prerrogativa” a los fines de promover el interés público en la observancia de la Ley.

Los asesores jurídicos facultados para representar a sus clientes ante un tribunal desempeñan una función esencial en la administración de justicia. Por consiguiente, los que están a favor de esta óptica consideran que la confidencialidad entre asesores jurídicos que son abogados y clientes debe enfocarse de forma diferente que la confidencialidad en otras relaciones profesionales.

El Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes  de la OMPI ha debatido este asunto en diversas ocasiones y ha mantenido abierto el debate la pasada semana en una reunión celebrada en Ginebra (Suiza) ya que , aunque los asesores de patentes tienen la obligación de no divulgar a terceros, sin el consentimiento de su cliente, los contenidos de documentos obtenidos o elaborados en el ejercicio de su actividad, así como la información confidencial obtenida como parte de la aplicación de un contrato con el cliente, a diferencia de los abogados, los asesores jurídicos sobre patentes no gozan de “inmunidad” y deben presentar información confidencial cuando así se lo exija un tribunal.

Una de las principales razones en la que coinciden la mayoría de los países en la necesidad de adoptar de medidas en el plano internacional por el hecho de que los activos de propiedad intelectual, como las patentes, conllevan la singularidad de ser internacionales, tanto desde el punto de vista jurídico como comercial, en la medida en que entrañan una solicitud de registro y protección en un país y conllevan automáticamente un derecho de prioridad en otros muchos países. Esas disposiciones se remontan al siglo XIX, señal de que hace ya mucho tiempo que la propiedad intelectual se ha globalizado.

 Desde entonces se han consolidado en el plano internacional principios básicos como el de trato nacional y de nación más favorecida, en la forma en que se consideraron factibles en la fecha de adopción de dichos acuerdos internacionales, a los fines de garantizar el mismo trato sin consideración de fronteras nacionales.

En algunos países no es necesario ser jurista para trabajar en calidad de asesor de patentes, y la falta de formación jurídica no es impedimento para representar a un cliente ante un tribunal en determinados casos relativos a la propiedad intelectual.

Eso denota reconocimiento de los conocimientos especializados que aportan los asesores de patentes. Además, en un gran número de países, los asesores de patentes están supeditados a la obligación del secreto profesional, y en caso de incumplimiento de dicha obligación pueden incurrir en graves sanciones. Dicha obligación atañe por igual a abogados de patentes y a asesores de patentes.

Todo apunta a que una mayor seguridad jurídica con respecto al tratamiento de la información confidencial en todos los países generaría una mayor confianza entre clientes y asesores de patentes, lo que en definitiva contribuiría a mejorar la calidad del asesoramiento.

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