edición: 2186 , Martes, 28 marzo 2017
17/01/2017
LA OREJA DE LARRAZ

Los Eurodiputados quieren incluir en la lista negra de países vinculados al lavado de dinero a los paraísos fiscales

Xavier Gil Pecharromán
El Pleno del Parlamento Europeo decidirá el próximo jueves si pide a la Comisión Europea que revise su lista negra de países considerados en riesgo por sus vínculos con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
La normativa comunitaria persigue con su legislación la protección del sistema financiero contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo mediante medidas de prevención, investigación y detección.

El proyecto de resolución aprobado por las comisiones de Asuntos Económicos y Libertades Civiles reclama que se incluyan también territorios que facilitan la comisión de delitos fiscales.

El intercambio de información es, mientras tanto, una realidad que los bancos locales comenzarán a hacer con sus pares de otras partes del mundo, cuenta Apertura A lo largo de este año, se intercambiará información por montos superiores a 100.000 dólares entre 55 países a los que se sumarán otros 39 en 2018.

Recuerda la ponente, la eurodiputada Judith Sargentini –del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea-  que la lista de la Comisión enumera once países, entre ellos Afganistán, Irak, Bosnia Herzegovina y Siria, por sus deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Las personas físicas y jurídicas de los países incluidos en la lista se enfrentan a controles más estrictos de lo habitual a la hora de hacer negocios en la UE.

Si el Parlamento respalda la propuesta de devolver la lista negra a la Comisión y a la espera de la revisión, seguirá vigente la lista existente de terceros países considerados poco eficaces en este ámbito.

Considera que las pruebas reunidas por la Comisión Especial sobre Resoluciones Fiscales y Otras Medidas de Naturaleza o Efectos Similares (TAXE 2) y la Comisión de Investigación Encargada de Examinar las Alegaciones de Infracción y de Mala Administración en la Aplicación del Derecho de la Unión en relación con el Blanqueo de Capitales y la Elusión y la Evasión Fiscales, indican que puede haber efectivamente deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en lo que se refiere a aspectos no incluidos en la actual lista de terceros países de alto riesgo.

Sostienen los proponentes de la resolución, que la cuarta Directiva sobre la lucha contra el blanqueo no es exhaustiva y que delitos relacionados con el blanqueo de capitales, como los delitos fiscales, entran en el ámbito de estos criterios y deberían tenerse debidamente en cuenta en el proceso autónomo de la Comisión.

En la misma línea indican que la evasión fiscal y el blanqueo de capitales no siempre coinciden, pero que se muestran en profundo desacuerdo con la posibilidad de una distinción absoluta entre jurisdicciones que no cooperen en materia fiscal y las deficiencias relativas a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, en particular cuando se trata de requisitos para comunicar operaciones sospechosas.

El uso de productos de dinero electrónico se considera cada vez más como un sustituto de las cuentas bancarias, lo que justifica la sujeción de esos productos a la lucha contra el blanqueo de dinero y la lucha contra la financiación de las obligaciones de terrorismo. Sin embargo, en determinadas circunstancias probadas de bajo riesgo y bajo estrictas condiciones de mitigación del riesgo, los Estados miembros deberían poder eximir a los productos de dinero electrónico de determinadas medidas de diligencia debida de la clientela.

La actual normativa europea cuenta con un enfoque basado en el riesgo. La importancia de un enfoque supranacional para la identificación de riesgos ha sido reconocida a nivel internacional. La Comisión lleva a cabo una evaluación de los riesgos de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo que afectan al mercado interior y se refieren a actividades transfronterizas. A tal fin, la Comisión elabora en la actualidad, a más tardar el 26 de junio de 2017, un informe en el que se identifiquen, analicen y evalúen estos riesgos a nivel de la Unión.

Los Estados miembros tienen que garantizar que la información se encuentre en un registro central de cada Estado miembro o en un registro público. Debe ser accesible a las autoridades competentes, las unidades de inteligencia financiera y las entidades obligadas, como los bancos.  En cuanto a los fideicomisos, se utiliza el registro central de información sobre la propiedad beneficiaria cuando el fideicomiso genere consecuencias en materia tributaria.

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