edición: 2861 , Jueves, 5 diciembre 2019
21/05/2014
LA OREJA DE LARRAZ

Los expertos demandan cambios en la regulación de las provisiones y el control por los acreedores de la gestión de los concursos

Javier Ardalán

La regulación en materia de provisiones ha penalizado de manera relevante la aportación de dinero nuevo a compañías marcadas por su situación de “refinanciadas”. Los posibles cambios en materia de provisiones deberían impedir que el aporte de dinero nuevo a las compañías, así como las financiaciones de circulante, estén penalizados en los balances de las entidades que prestan a compañías refinanciadas a las que hoy aplica provisión por tratarse de riesgo subestandar.

Hasta el momento, una gran parte de los procesos de refinanciación vividos en nuestro país han buscado el aplazamiento de las obligaciones de pago y no han permitido que las empresas realicen reestructuraciones operativas profundas. Esto se ha debido, entre otros factores, a la regulación en materia de provisiones no ha ayudado a las entidades financieras a prestar dinero nuevo a las compañías en situación de refinanciación, lo que ha condenado en muchos casos al concurso y a la liquidación.

Se trata de una de las principales conclusiones del informe Temas candentes de las reestructuraciones financieras elaborado por PwC a partir de la opinión de un nutrido grupo de expertos, jueces y profesionales relacionados con el ámbito de las reestructuraciones financieras, que determinan que el actual marco regulatorio impide que las empresas puedan completar con éxito sus procesos de reestructuración. El informe concluye que la normativa en materia de provisiones debería reformarse para evitar que la concesión de dinero nuevo a compañías en situaciones delicadas penalice los balances de las entidades que lo prestan.

La existencia de una provisión en los balances de las entidades financieras sólo se convierte en una quita real cuando la entidad cobra una parte de lo que se le debe, de manera que son pocos los casos en los que las compañías se acaban beneficiando de dicho efecto. Se deben fomentar mecanismos para que las compañías se beneficien del esfuerzo que las entidades hacen en materia de provisiones.

Por ello, entienden los expertos que la provisión debería generar desapalancamiento en beneficio de la continuidad de la actividad empresarial. A pesar de los numerosos cambios legislativos de los últimos años y del importante aumento de los procesos concursales (hemos pasado de 2.445 en2008 a 8.716 en 2013), España sigue teniendo un sistema que incentiva reestructuraciones en las que se mantienen tanto a los equipos gestores en sus puestos como los activos en manos de los accionistas. En otros países se opta por facilitar que sean los acreedores quienes tomen el control y decidan cuál es la vía para preservar el valor de la compañía refinanciada.

Dice el informe que se ha mejorado de manera importante la figura del preconcurso de acreedores. Ha sido una pena que no se haya aprovechado para paralizar también posibles acciones de las entidades de derecho público, tradicionalmente quienes más acostumbradas están a en situación preconcursal.

El nuevo Real Decreto-ley 4/2014 ha introducido igualmente modificaciones muy sustanciales en materia de homologación de acuerdos de refinanciación con efecto arrastre para acreedores minoritarios. Tampoco en este caso se ha aprovechado para arrastrar a entidades de derecho público, ni tampoco para pedir un cierto esfuerzo a los proveedores de las compañías, a los que se respeta íntegramente. Otro ámbito mejorable de la legislación tiene que ver con la representación que los acreedores tienen en el proceso concursal.

Los acreedores, teóricos dueños económicos de los activos, tienen enormes dificultades para decidir sobre el futuro de éstos. La legislación les otorga una protección en el ámbito de la realización de sus bienes, pero no tienen capacidad para contribuir a la viabilidad de la compañía en concurso salvo en la aprobación del convenio.

Por ello, insisten en que los acreedores deberían poder decidir activamente sobre la figura del administrador concursal que represente sus intereses para asegurar que sus intereses se gestionan de manera adecuada. Por otro lado, se debería crear la figura del comité de acreedores como  órgano supervisor de las actuaciones llevadas a cabo por el administrador concursal. De esta forma, el juez sólo tendría que supervisar la existencia de acuerdos entre la compañía y sus acreedores durante el proceso.
Dicen también, que esta ausencia de los acreedores en los procesos convive con la existencia de una cuestionable y poco profesional actitud de algunos profesionales que se dedican a la administración concursal. La profesión de administrador concursal sigue sin contar con un colegio profesional que garantice unos requisitos mínimos para tan  compleja actividad.

La práctica, el sistema de nombramiento y el mecanismo de remuneración fomentan que sigan existiendo actuaciones cuya motivación está muy lejos tanto de las necesidades y viabilidad de las compañías concursadas como del pago a los acreedores.

Según el Banco de España, el 23,1% del riesgo concedido a empresas en diciembre de 2013, se corresponde con operaciones refinanciadas y reestructuradas (158.949 millones de euros). Por sectores, la mayoría de las operaciones están centradas en los sectores de construcción e inmobiliario, donde hay clasificados 91.236 millones de euros por este concepto, representando un 38,5% del total de la cartera crediticia de estos dos sectores. El resto de empresas concentran operaciones reestructuradas y refinanciadas por valor de 67.713 millones, representando un 15% del total de la exposición crediticia de estos sectores en dicha fecha.

Finalmente considera el grupo de expertos que el sistema ha venido haciendo importantes esfuerzos en materia de provisiones que deben continuar en el futuro si queremos preservar el valor de nuestro tejido no inmobiliario. Por ello, demandan que la regulación en materia de provisiones debería impedir que el aporte de dinero nuevo a las compañías esté penalizado en los balances de las entidades que prestan. También, defienden la búsqueda de mecanismos para que las compañías se beneficien del esfuerzo que las entidades hacen en materia de provisiones. La provisión debe generar desapalancamiento en beneficio de la continuidad de la actividad empresarial.

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