edición: 2612 , Lunes, 10 diciembre 2018
02/03/2017
Las cuentas no cuadran 

Los expertos para reducir el déficit fiscal logran aumentarlo

La idea inicial era eliminar deducciones, crear impuestos extraordinarios y especiales, pero algo salió mal
Juan José González
Como cada año, a un mes de cierre del primer trimestre, para muchos, la fase de arranque fiscal del ejercicio, regresan a la palestra pública los problemas crónicos de la economía (en realidad, del Estado) en tanto que males, defectos o desajustes habituales y de larga duración. Que el problema fiscal de España radica en que el Estado no tiene (ni logra) los ingresos suficientes para financiar las necesidades del Estado, no es un relato reciente, sino que viene de tiempo atrás. A propósito de que la comisión de expertos que se encarga estos días de revisar el modelo de financiación autonómica, parece haber identificado un primer escollo en la compleja y farragosa maraña fiscal, vigente en España para particulares y empresas, a alguien de la comisión se le ha ocurrido la idea de que es necesario simplificar, clarificar y, de paso, reducir y eliminar algunos impuestos, tasas y subvenciones que estropean y ensucian el mapa de impuestos del Estado y sus autonomías. Pretenden revisar más de 200 deducciones fiscales en muy poco tiempo. Parece una tarea imposible, de nuevo sobreactuación política de cara a la galería, lo que garantiza mayor vida al carácter crónico del problema fiscal.
En principio, la comisión quiere resolver las notables diferencias que sufren los contribuyentes españoles que, en función de su lugar de residencia, deben hacer frente a facturas fiscales de distinto volumen. En el fondo, la idea es modernizar la legislación fiscal, poner al día tributos para hacerlos más eficaces. Otro asunto diferente es que esa modernización fiscal que se pretende, logre en el futuro -en tres o cuatro ejercicios presupuestarios- algún avance para  corregir, resolver o, si acaso, enderezar el desajuste del déficit.

Pero el problema de fondo sigue siendo el mismo; aumentar la recaudación para cubrir los 55.000 millones de euros del déficit. Y con el objetivo de buscar una solución, por supuesto, de naturaleza recaudadora, partidos políticos y expertos se sientan en torno a una mesa para pensar, acordar y proponer al Gobierno el o los arreglos posibles. La tarea a abordar se presenta casi inabordable dada la amplitud y embrollo de cientos de impuestos y tasas a revisar, así como el también extraordinario y numeroso catálogo de subvenciones existentes que viven y coexisten en el mapa del Estado (y sus Autonomías).

Ya puestos a realizar el cometido, la comisión repara en que, por qué no comenzar con optimismo, elaborando una lista de ideas/medidas que, de entrada, aliviarían los 55.000 millones de euros del problema. Y así, manos a la obra, salen unos 4.000 millones de euros sólo de eliminar las deducciones del impuesto de sociedades. A estos habría que sumar otros cerca de 3.000 millones de euros recaudados, como impuesto extraordinario, a las grandes fortunas, es decir, 2.000 millones más de lo que se recaudaron en el último presupuesto. Para finalizar la partida de optimismo, los impuestos especiales darían unos ingresos más de 5.000 millones. Y así, otros detalles más que podrían reforzar los ingresos pero que, como se puede comprobar de la simple suma (unos 12.000 millones) no son suficientes, ni siquiera, para poder ser optimista.

La solución a los problemas fiscales, del su déficit, suele residir en la idea peregrina (así lo viene demostrando la práctica) de que el resto, los 43.000 millones de euros con los que se anularía el déficit, se quiere que procedan del resultado de la lucha contra el fraude, arma con la que los últimos Ejecutivos han querido resolver el déficit fiscal. Ahora, la comisión de expertos se debate entre resolver el galimatías de la financiación autonómica y presionar para que otra comisión acelere los trabajos de un nuevo IRPF. El asunto de la financiación corre prisa, hay que evitar como sea, que las distintas Autonomías entablen una guerra (ya hay episodios claros de enredo) para la caza y captura del contribuyente vecino.

Pero por otra parte, se quiere que otra comisión en marcha (cuya materia prima y necesidades pasa también por la recaudación) la que trabaja para buscar soluciones a las pensiones futuras (y presentes) comience a dar frutos. Curiosamente, los expertos y políticos de la primera comisión (para reducir el déficit fiscal del Estado) no reparan en que los allí sentados parten con el compromiso político inicial de un aumento de gastos sociales cercanos a los 8.000 millones de euros. Y así, si inicialmente el objetivo era reducir el déficit y la solución un aumento de la recaudación, el resultado final será, de nuevo, más gasto, quizá más recaudación y más déficit y así garantizar que el problema crónico se convierte en secular. El tiro salió por la culata.

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