edición: 2808 , Viernes, 20 septiembre 2019
07/03/2011

Los fiscales consideran que la desaparición del recurso de apelación en juicios de escasa cuantía merma las garantías del ciudadano

Xavier Gil Pecharromán
La Fiscalía advierte en un reciente informe que la eliminación de la posibilidad de interponer recurso de apelación contra las sentencias dictadas en los juicios verbales por razón de cuantía (aquellas que no superen los 6.000 euros), que se incluye en el Proyecto de Ley de medidas de agilización procesal, dejará sin posibilidad de tutela ordinaria al litigante que entienda que se ha producido un vicio en el procedimiento. Además, en su texto considera que la limitación propuesta no cuenta con referente alguno en nuestro derecho histórico. Recuerda que cualquier medida que se adopte con la finalidad de acelerar la resolución de los procesos judiciales debe llevarse a efecto sin mermar las garantías y derechos de todos los ciudadanos que concurren ante la Administración de Justicia.

Por ello, en el caso de que finalmente se estime oportuno eliminar el recurso de apelación contra estas sentencias, extremo que no debería llevarse a efecto según subraya en su informe la Fiscalía, sería conveniente que se mantenga al menos el recurso de apelación contra las sentencias cuya cuantía excede de 3.000 euros.

Así, mientras que el derecho a la obtención de una resolución judicial razonada y fundada goza de una protección constitucional en el artículo 24.1 de la Constitución Española, el derecho a la revisión de esta resolución es, en principio, y dejando a salvo la materia penal, un derecho de configuración legal al que no resulta aplicable el principio ‘pro actione’ (derecho a ser oído por un juez).
 
En efecto, dicho principio sólo rige en el ámbito del acceso a la jurisdicción, esto es, del derecho a obtener una respuesta judicial y también en el de la doble instancia penal. En los demás casos, el derecho de acceso a los recursos sólo surge de las leyes procesales que regulan dichos medios de impugnación. Por tanto, la Fiscalía acepta la exclusión de la segunda instancia en las resoluciones referidas.

Por tanto, lo mismo dice, respecto de las sentencias dictadas en toda clase de procesos que, por disposición legal, carezcan de efecto de cosa juzgada, ya que en este caso, al no producirse el efecto de cosa juzgada, puede plantearse en cualquier momento un nuevo proceso en el que se analice de nuevo la misma cuestión.

En relación con el recurso de casación, teniendo en cuenta que lo que se persigue es agilizar los procesos y que los mismos no se prolonguen indefinidamente, en principio entiende que es conveniente que se eleve la cuantía, si bien el salto cuantitativo se presenta desproporcionado visto las cantidades vigentes y las que se proponen como límite mínimo, extremo que puede dar lugar a que se restrinja considerablemente la posibilidad de interponer recursos de casación por razón de cuantía lo que pudiera en algún caso limitar la formación de criterios jurisprudenciales. Por ello, estima oportuno sugerir que se establezca un límite de 500.000 euros en lugar de 800.000 euros, muy por encima, no obstante de los actuales 150.000 euros.

En cuanto a la jurisdicción Contencioso-Administrativa, el Proyecto elimina la distinción entre la fase de proposición y de práctica de la prueba, propuesta que se considera acertada en el informe, ya que resulta innecesario que una vez solicitada la prueba por medio de los escritos de demanda, contestación o en escritos de alegaciones complementarias se establezca otro trámite de proposición. Esta opción, sin lugar a dudas, agilizará el proceso ya que en un mismo trámite procesal se cumplimentará lo que actualmente esta diferenciado en dos fases.

En relación con el recurso de apelación ordinario previsto en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el Anteproyecto eleva el límite cuantitativo para evitar el acceso a la segunda instancia de las sentencias recaídas cuya cuantía sea inferior a 50.000 euros. Esta previsión constituye una opción legítima del legislador, si bien el salto cuantitativo se presenta desproporcionado por lo que la Fiscalía estima oportuno sugerir que se establezca un límite no tan elevado que pudiera situarse aproximadamente en los 30.000 euros.

El Proyecto de Ley modifica 32 preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero, 8 disposiciones de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y afecta a la Ley 28/1998, de 13 de julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles, y se circunscribe en el nuevo marco diseñado por el Plan Estratégico de Modernización de la Justicia.

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