edición: 2328 , Lunes, 23 octubre 2017
17/09/2013
LA OREJA DE LARRAZ

Los fiscales denuncian su escasa participación en los concursos y solicitan que los administradores sean técnicos públicos

Javier Ardalán

La Fiscalía General del Estado muestra en la Memoria 2013, presentada ayer, su desacuerdo con el escaso papel que la Ley Concursal da a sus funcionarios en los procedimientos al considerar que únicamente tiene participación en la fase de calificación, en la que puede declararse concurso culpable o fortuito. Sin embargo, no en todos los casos se abre en determinados casos y circunstancias, establecidos en la propia Ley, y los fiscales no tienen acceso en muchas ocasiones a conocer los hechos que, en su caso podrían determinar la culpabilidad de los concursados.

En las calificaciones en las que participa, la Ley le otorga el plazo de diez días para emitir un informe de calificación y para que manifieste si el concurso debe ser declarado fortuito o culpable y para ello, dispone únicamente de los informes emitidos previamente por la administración concursal y de los escritos de alegaciones que efectúan los acreedores a los que se les ha reconocido interés legítimo. Por ello, justifica que en la mayor parte de los casos exista una coincidencia de sus informes con las conclusiones de la administración concursal, al carecer de habilitación legal para solicitar diligencias y de apoyo técnico que permita a la Fiscalía apartarse de las tesis de la misma. Se queja la Fiscalía de que carecen de legitimación directa para la solicitar medidas cautelares o acciones de reintegración de bienes de la concursada en manos de terceros.

A pesar de estas reticencias legales, y con un éxito que depende de la voluntad del juez del concurso, en algunas ocasiones, aunque no existe previsión legal, cuando se da traslado al fiscal para que emita su dictamen sobre la calificación del concurso, éste solicita diligencias en orden a aclarar el informe de la administración concursal.  Sin embargo, aunque el juez admita esta solicitud, la información de que dispone el fiscal es escasa, por el hecho de no haber intervenido en la tramitación de ninguna de las piezas hasta llegar a la de calificación. Además, el Ministerio Fiscal se queja de que y la carencia de medios técnicos a su disposición para valorar el origen y las causas de la situación económica de la concursada, frustran el fin que la Ley pretende al encomendar al fiscal la calificación del concurso.

Por otro lado, explica la Memoria de la Fiscalía, que los acreedores con interés legítimo ven cercenadas por la Ley las posibilidades de ejercitar sus propias pretensiones individuales y separadas de las de los fiscales y la administración concursal, ya que la Ley sólo les reserva la facultad única de efectuar alegaciones antes de los informes del administrador concursal y del propio fiscal y sin vinculación alguna para el juez del concurso, de modo que solicitada por estos últimos la calificación de fortuito, el Juez decreta el archivo, sin más trámites. La Fiscalía considera, que ello hace que los acreedores terminen acudiendo al Ministerio Fiscal con la pretensión de que haga suyas sus peticiones, fundamental mente en los casos en los que no han sido objeto de inclusión en el informe de la administración concursal.

El tema ha sido parcialmente abordado por el Tribunal Constitucional, en sentencia de 13 de febrero de 2012, que concede el amparo a unos acreedores laborales por cuanto que “apartándose de forma patente de las previsiones legales, restringe de manera constitucionalmente reprochable el derecho de acceso a la jurisdicción garantizado por el artículo 24.1  de la Constitución Española. No obstante, no entra a establecer el contenido concreto del derecho de acceso a la jurisdicción del acreedor en la pieza de calificación, por lo que no soluciona la polémica apuntada. Concede el amparo al considerar que los acreedores fueron expulsados de la pieza sin concedérseles siquiera la limitada intervención.

Sin embargo la posterior sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 9 de marzo de 2012 analiza la cuestión afirmando que la administración concursal y el Ministerio Fiscal son los que ostentan, en exclusiva, la facultad de interesar del juez del concurso los pronunciamientos que entiendan que proceden en el seno de la fase de calificación, sin que incumba ni a los acreedores ni a otro sujeto con interés legítimo la iniciativa para formular tal tipo de pretensiones.

Este escenario sugiere que debería revisarse la intervención del Ministerio Fiscal en materia concursal, limitándola a aquellos supuestos en los que exista un interés público relevante y, en este caso, la intervención del fiscal debería ser más amplia, debiendo contar además con medios técnicos propios para poder evaluar la situación de la concursada.

En el apartado de las diferentes secciones, los fiscales de Badajoz  propugnan en la propia Memoria que, en el futuro, el cargo de administrador concursal recaiga siempre en técnicos públicos, al tiempo que manifiestan su extrañeza de que instituciones financieras y profesionales con alto grado de reconocimiento social (registradores, notarios, asesores fiscales) nunca eleven a Fiscalía o Juzgados, sus sospechas del posible blanqueo de sus clientes.

En el ejercicio 2012, las actuaciones de la Fiscalía en los procedimientos concursales ascendieron a 4.064.

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