edición: 2596 , Jueves, 15 noviembre 2018
05/03/2014
Mercado español muy vulnerable

Los fondos extranjeros se aprovechan de la debilidad jurídica y la falta de control oficial

Banco de España, CNMV, Economía y Hacienda, todo son facilidades para comprar inmobiliario y carteras de deuda
Juan José González

El mercado España sigue en precio para los inversores extranjeros y es probable que continúe así a corto plazo. Soros, Slim, Gates, Paulson y Ortega, inversores institucionales, grandes inversores, fondos y más fondos, se están convirtiendo en accionistas inmobiliarios, hoteleros, banqueros, medios de comunicación... Aparentemente, todo lo que se mueva es susceptible de interés, especulación, ganancia y disparo. Codere, Azora, Sacyr, NH, Bankia, Lico Corporación, Inversis y ahora Prisa. Prisas por entrar en el país de las gangas, de las oportunidades y de la recuperación bendecida a diario, consagrada desde ayer por el FMI y la UE. Sensación de que al Gobierno le quitan de las manos las acciones de un puñado de empresas cotizadas, al parecer, porque entienden que están en precio y que el potencial de ganancia es elevado. Da igual que tengan o no deuda elevada porque se compra también (o por eso mismo). En este escenario, la labor de vigilancia del Banco de España y de la CNMV debe ser extrema, ya saben, el buitre avisa de su llegada porque es visto, pero no de su salida, habitualmente en la oscuridad.

El Gobierno está pletórico porque el ejercicio inversor le beneficia a corto, medio y largo plazo: el reconocimiento público le sirve como dividendo y si renueva mandato en las urnas recogerá la plusvalía. La entrada de capital extranjero, buitre o no, es un crédito, un aval, un cheque en blanco para el Ejecutivo. A cambio, aprovechan el rally que muestra su meta en la cresta de la ola, momento en el que se lo piensan, calculan y pliegan velas. Todo parece rápido y sencillo, si en el transcurso entre entrada y salida no hay problemas no sucede nada, de lo contrario, el mercado está siendo vigilado por el Banco de España, la CNMV y Economía y Hacienda. Al menos, esta es la sensación de confianza y seguridad en estas instituciones del Estado en el ejercicio de sus funciones naturales.

La práctica, sin embargo, señala que el escenario anterior no es tan idílico ni perfecto como apunta la teoría. Los fondos de capital riesgo, los fondos `buitre´ y algunos de los inversores institucionales citados, lo son en la medida de la ganga que proporcionan precio y una coyuntura de debilidad (endeudamiento y/o pérdidas). No son precisamente inversiones productivas, sino financieras y especulativas basadas en un precio de oportunidad o derribo. En todo caso, se trata de una operativa regulada por leyes, si bien, la práctica ha mostrado ciertas debilidades o zonas grises en la normativa en algunas de las ocasiones en que ha sido puesta a prueba por más de un fondo `buitre´. En otras palabras, la seguridad jurídica queda en entredicho con frecuencia en este tipo de inversiones.

Debe llamar la atención de los supervisores, en particular de la CNMV y del Banco de España, esa fijación de los Blackstone de turno por hacerse con los pisos de protección de oficial del Ayuntamiento madrileño; de Goldman Sachs-Azora por las viviendas del Ivima. Como también por otros fondos como Fortress por la adquisición de los servicios financieros de las cajas reunidos en Lico Corporación, y así un largo etcétera de fondos y más fondos que han adquirido carteras de deuda, recibos impagados, deudas pendientes de `telecos´ para reclamar los pagos bajo amenaza de incluirles en el Registro de Morosos.

CNMV y Banco de España (por supuesto, también Economía y Hacienda) deberían fijar su atención en el modus operandi de estos inversores `financieros´ que acuden al mercado español (como a cualquier otro mercado) en busca de ganancias relámpago, de corto plazo, y de las que el Gobierno se siente orgulloso porque entiende que son un elemento de confianza hacia un país solvente. Son los supervisores quienes, en el ejercicio de sus funciones están obligados a vigilar con mayor celo los pasos de estos inversores rápidos y ocasionales, que presumen de financiadores privados, extrabancarios. Supervisores que no deberían actuar en función del conocimiento aportado por los medios de comunicación, sino como resultado de sus propios sistemas de control.

En los últimos meses ya se han detectado numerosas irregularidades en la actuación de varios fondos extranjeros. Algunos han adquirido bloques enteros de viviendas a la Sareb y, por tanto, se supone que ésta aplicará un seguimiento de las actuaciones del comprador. Otros, compradores de carteras de deuda, ya han maniobrado para ocultar su denominación social cambiando de nombre, y otros, una vez propietarios de inmuebles o de deudas, no han dudado en cambiar las condiciones de los contratos mediante la introducción de cláusulas no precisamente favorables al inquilino o al deudor de un recibo de teléfono. Por tanto, sería el momento más adecuado para los intereses de los consumidores e inquilinos de viviendas ex-Sareb, ex-Ivima y ex-Ayuntamiento de Madrid, para reformar una ley que como la de Usura se ha quedado anclada (y oxidada) en el inicio del siglo pasado, aunque probablemente no sea del gusto ni del interés del Gobierno.

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