edición: 2351 , Viernes, 24 noviembre 2017
18/08/2017
banca 

Los fondos que tenían bonos del Popular se suman a la lluvia de demandas ante la JUR

ICNR
Un grupo de inversores titulares de bonos de Banco Popular ha presentado diversos recursos para anular la resolución de la entidad que llevó a los accionistas y a un nutrido grupo de bonistas a perder la totalidad del dinero invertido.
Los demandantes argumentan que la Junta Única de Resolución (JUR) faltó al secreto profesional al filtrarse información sobre supuestos problemas en la entidad que desembocaron en una masiva salida de depósitos y también critica supuestos "errores" en el proceso de resolución así como una "excesiva precipitación" de la Comisión al refrendar la decisión de la JUR.

"La violación del secreto profesional por parte de la JUR, que incluye también comentarios públicos de que se estaba vigilando a Banco Popular, socavó la confianza de los inversores e intensificó una fuga de depósitos del banco", explicó el jueves Richard East, de Quinn Emanuel, la firma que representa a los bonistas. "Irónicamente fue esta formidable fuga de liquidez del Banco Popular la que se emplea posteriormente por la propia JUR para justificar su intervención en el banco".

Desde mediados de mayo empezó a filtrarse información sobre la preocupación en Europa por la situación de Banco Popular tras reconocer la propia entidad que necesitaba una ampliación de capital o una operación de fusión para sobrevivir.
Tras perder más de un 50 por ciento de su valor bursátil y sufrir una importante fuga de fondos, la entidad fue resuelta y vendida a Santander por el precio simbólico de un euro el siete de junio atrapando a miles de accionistas y bonistas.

En los recursos presentados el grupo de bonistas - titulares de una parte "significativa" de los bonos que se evaporaron en la operación y que incluye a la estadounidense Anchorage Capital y a las británicas Algebris y Ronit Capital - critica también que la evaluación del mecanismo de resolución por parte de la Comisión Europea duró "como máximo 77 minutos", según los propios registros de la CE.

Un mes antes de su resolución, Popular declaraba un valor patrimonial en 10.777 millones de euros a pesar de que, con motivo de la intervención se elaboró un informe independiente, que no se ha hecho público, que arrojó una valoración económica negativa de entre 2.000 millones y 8.200 millones de euros de la entidad en dos escenarios.

Popular capitalizaba unos 1.300 millones de euros el día de su resolución, que dejó a cero el valor de las acciones y el de 1.900 millones de euros emitidos en bonos convertibles y subordinados.

Los recursos anunciados el jueves hacen hincapié en que la JUR basó su decisión en "una información incompleta, en parte basada en un precipitado informe de evaluación elaborado por Deloitte" que no se ha hecho público.

"Tras su decisión y, a pesar de las repetidas y razonables peticiones realizadas, la Junta Única de Resolución ha demostrado tener una falta total de transparencia, ocultando o reteniendo documentos cruciales como el informe de Deloitte, entre otros", dijo Richard East.

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