edición: 2577 , Jueves, 18 octubre 2018
05/08/2010

Los fotovoltaicos buscarán la ‘repesca’ de septiembre con Sebastián

La propuesta de recorte de primas no menciona ‘retroactividad impropia’, pero tampoco la descarta
No será hasta otoño cuando sepan los efectos de la persecución a los 800 Mw sospechosos de fraude
ICNr

Permitió, después de tres regulaciones en tres años, que se instalasen 2.500 MW entre 2007 y 2008, en vez de 500MW, e incentivó que, antes del recorte en un 30% a las primas de 2008, se incrementaran las conectadas al sistema hasta en un 300%. Nada que Sebastián pueda mantener, después de que las primas al Régimen Especial en 2009 se dispararan hasta los 6.200 millones de euros, 2.600 de ellos para la solar. Los atisbos de nueva retribución llegaban por sorpresa y a solas, el primer domingo de agosto, justo cuando las patronales ya daban congeladas las negociaciones hasta septiembre. El ministro envía al sector de vacaciones, pero ‘caliente’. No descartan que el silencio de Montoro y de la Subcomisión del Congreso vuelvan de nuevo a la mesa de Sebastián en otoño. No ha definido el horizonte de las instalaciones ya operativas, ni conocerá hasta ese mes el dictamen de la Comisión, o el efecto de las sanciones a las plantas fraudulentas. Tratarán de convencerlo para que haga sitio a algunas de sus salvaguardas: impulsar el autoconsumo y evitar 5.000 millones de euros en ineficiencias del sistema.

Es verdad que los fotovoltaicos llegaron a temer recortes de primas de suelo del 65% y de techo de hasta el 25%. Y que el recorte desvelado hasta ahora afectaría a un máximo de 4.038 plantas que son las que pueden construirse de aquí a finales de 2020, según el cupo legal que el Gobierno estableció a finales de 2008, frente a las más de 51.000 que se han puesto en marcha en apenas tres o cuatro años. 

Pero la rebaja de primas del 45% para los huertos solares y de entre el 25% y el 5% para las instalaciones en tejados, “es un palo muy duro”, en palabras a El País de Juan Laso, el presidente de AEF, la Asociación que cuantifica el recorte: donde una instalación cobraba 440 euros por megavatio-hora producido (huertos en funcionamiento antes de septiembre de 2008) se va a cobrar, en nuevas instalaciones, por debajo de 160 euros megavatio-hora. Una medida que, según el sector, suma y sigue con lo que consideran "una moratoria de facto" en su actividad desde el RD del año 2008 y, sobre todo, con la incertidumbre de meses de indefinición, que han dejado -según los cálculos de las patronales- más de 10.000 millones de inversión congelados en el tejado de las dudas. Al fin y al cabo, Industria lanzó a solas la propuesta a la Comisión Nacional de la Energía para el recorte a las primas fotovoltaicas futuras, pero había prometido a las asociaciones no tomar decisiones hasta que continuara el diálogo en septiembre. A falta de medidas de acuerdo, tras cinco meses de rifirrafes y después del malestar por la reunión a solas entre ASIF y representantes de Industria, las empresas y las tres grandes asociaciones fotovoltaicas se enteraban de las intenciones de Sebastián con la publicación de la nota de prensa que anunciaba la propuesta remitida a la CNE.

Además, ahora, como las empresas afectadas, las patronales aún no tienen la certeza plena de si la propuesta remitida por Sebastián a la CNE, además del recorte del 45% de las primas de suelo y la limitación a 25 años de las primas para las instalaciones acogidas a la anterior normativa RD 661/2007 sin posibilidad de prórroga, supondrá más adelante un recorte también de las primas a las instalaciones ya en marcha, lo que Industria llama “retroactividad impropia”. Tampoco lo pueden descartar de plano. Nadie sabe a ciencia cierta si es un golpe a solas de Miguel Sebastián, otro anticipo del supuesto pacto de Estado de Energía con Génova, o sólo otro órdago para seguir más adelante con su pulso a la APPA, la AEF y la AFI: no es sencillo que el informe de la CNE llegue en pleno agosto.

AÚN SÓLO HAY DUDAS

En el Ministerio advierten de que no es posible hacer el cálculo del recorte de costes que supondría esta medida en la tarifa de acceso, pues afectará a instalaciones que se pondrán en marcha en el futuro. Además, la rebaja, según la propuesta de real decreto que el ministerio ha remitido a la Comisión Nacional de la Energía (CNE), se comenzaría a aplicar sólo a la potencia que Industria adjudique en la convocatoria del cuarto trimestre de este año.  La norma también deberá ser dictaminada por el Consejo de Estado. La respuesta no llegará, desde Industria -que esperaba que la nueva normativa estuviera operativa desde octubre- al menos hasta septiembre, como los resultados de la persecución a las plantas que se han beneficiado ilícitamente de las primas del RD 661.La Fiscalía General del Estado asegura haber iniciado a instancias del Ministerio de Industria actuaciones por vía penal contra algunos casos “clamorosos” de fraude fotovoltaico, al margen de las medidas administrativas del Gobierno para retirar la actual prima a las instalaciones irregulares.

A pesar de haberle transmitido a las principales asociaciones del sector en la penúltima de sus reuniones que “Industria no era la policía” “para identificar las instalaciones indebidamente acogidas al 661/2007”, el Consejo de Ministros decretaba el 29 de julio la supresión de la concesión de primas a las instalaciones que el 29 de septiembre de 2008 no dispusieran de todos los paneles fotovoltaicos comprometidos en su proyecto y un 15% de las instalaciones están bajo inspección (hasta 800 Mw según las patronales). Pero  la ‘amnistía para los confesos’ les permitirá la posibilidad de renuncia al régimen económico del Real Decreto 661/2007 sin sanciones. Lo justo para que el sector desconfíe de los efectos de una ‘purga’ que, según sus cálculos, podría afectar hasta a y aligerar el peso en el déficit de tarifa y el conjunto de las primas a las renovables. Al fin y al cabo, habían sido las propias AEF y APPA las que dejaron en bandeja el castigo a los tramposos. Las patronales calculan que las instalaciones irregulares pueden llegar a 600 Mw (1/5 del total) y, sobre todo, que acabar con ellas ahorraría hasta 600-800 millones de euros en primas. No fue hasta casi un año después de la fecha límite cuando se disparó la energía vertida un 30%. Sacar a estas plantas del régimen de retribución les daría más tiempo para que prosperen sus propuestas de autoconsumo y revisión de las ineficiencias del sistema eléctrico.

La propuesta remitida el 1 de agosto a la Comisión de la Energía sugiere además no recuperar para convocatorias futuras los cupos de potencia de instalaciones fotovoltaicas que no se hayan ejecutado y excluir del tipo I (cubierta) las instalaciones que se ubiquen sobre estructuras de invernaderos y cubiertas de balsas de riego. Junto a esto, se incluye una regulación técnica sobre la capacidad de gestión de las plantas fotovoltaicas de tamaño medio y grande para optimizar su integración en el sistema. También establece, para todo el régimen especial, un control administrativo sobre los cambios de titularidad durante la fase de promoción y construcción, y hasta 24 meses después de la puesta en marcha para intentar “reducir las especulación en el sector" y garantizar un mayor dinamismo industrial. Queda por definir el reglamento, y hasta donde llegará la prohibición de revender licencias. Así, en los cuatro años siguientes a su adquisición, la transmisión de las instalaciones de más de 50 MW “estarán sujetas a autorización administrativa previa de la dirección general de la Energía”, según el texto. El real decreto incorpora además mejoras para la cogeneración para impulsar inversiones en renovación de equipos y exige la tramitación telemática en la concurrencia a los prerregistros. Al sector fotovoltaico también se le someterá a más vigilancia técnica. Habrá una regulación técnica sobre la capacidad de gestión de las plantas fotovoltaicas de tamaño medio y grande para optimizar su integración en el sistema.

En Industria han negado durante semanas la ‘paternidad’ de todos los rumores y las propuestas que implicaban ‘retroactividad impropia’, a pesar de que a las asociaciones fotovoltaicas el Secretario de Estado en persona les planteó desde el 15 de junio por primera vez un recorte retroactivo del 30% en las primas a los proyectos ya en marcha, así como una rebaja del 45% a las futuras plantas de suelo, del 25% a las grandes instalaciones en tejado y del 5% a las pequeñas (la que finalmente ha llevado al Decreto). Desde entonces, después, el Ministerio daba ‘pistas’ de las claves de nuevos topes de producción horaria por tecnología: durante 2009 y 2010 la producción media de las plantas solares fue de 2.000 horas cuando estaba previsto que fuera de 1.300, un exceso de producción que en moneda corriente es un coste extra de 1.000 millones de euros. Pero la limitación por horas ha desaparecido de la propuesta regulatoria.

DE VAIVÉN EN VAIVÉN, TAMBIÉN PARA LA FOTOVOLTAICA

Industria sopló y sopló hasta inflar unas expectativas solares a las que ahora intenta expulsar de la mesa de sus promesas. Permitió, después de tres regulaciones en tres años, que se instalasen 2.500 MW entre 2007 y 2008, en vez de 500MW, e incentivó que, antes del recorte en un 30% a las primas de 2008, se incrementaran las conectadas al sistema hasta en un 300%. Nada que en realidad las renovables no hicieran bajo un paraguas de legalidad, amparadas en una directiva europea y en los planes de Industria, que sólo tenía ojos para una estimación de demanda eléctrica que nunca llegó y una remuneración a la solar 10 veces superior a la eólica (430 euros por MWh generado). Nada que Sebastián pueda mantener, después de que las primas al Régimen Especial en 2009 se dispararan hasta los 6.200 millones de euros, 2.600 de ellos para la solar.

Hoy, a Sebastián le explotan a la vez en la mesa todas las ‘burbujas’ fotovoltaicas: las de la retribución presente -lo reconoce el ministro- son insostenibles: las solares (99% fotovoltaica) recibieron casi el 60% de las primas a las renovables en 2009 y aportaron solo el 12% de la generación renovable. Las burbujas del debate para un nuevo modelo solar mantienen -según las patronales- más de 10.000 millones de inversión congelados en el tejado de las dudas y han paralizado dos salidas a Bolsa (Renovalia y T-Solar) en el último mes. El año de transición que fijaba antes de que se bajaran las tarifas un 30% con el RD 1578/2008, provocó un efecto llamada entre el sector que supuso la instalación entre agosto de 2007 y agosto de 2008 de una potencia de 3.500 megavatios cuando el Plan de Energías Renovables apenas contemplaba 400.

La pasividad de Industria chocó con la carrera desenfrenada de los inversores para obtener la retribución del Real Decreto 661/2007, al que se puso fecha de caducidad. Ya tras el boom en 2007 que llevó a que a finales de 2008 la potencia instalada fuera 10 veces superior a la establecida en el Plan de Energías Renovables 2005-2010, durante el pasado ejercicio, la ralentización hasta 500 MW fijada por el Ministerio de Industria para contener al sector finalmente derivó en la instalación ‘sólo’ de 70 MW, por los recelos regulatorios, cinco meses de parálisis por el nuevo registro de preasignación de retribución y la caída en un 50% del precio de los paneles en un año.

ALTERNATIVAS PARA ALIGERAR LOS RECORTES

Las fotovoltaicas intentan ‘limpiarse’ las manchas del déficit de tarifa, achacan a la cogeneración más de 1.100 millones de los 6.000 que se atribuyen a las primas del Régimen Especial; buscan hacer valer unas tecnologías que, según sus datos, ahorran al sistema unos 2.000 millones de euros (500 de ellos la solar) al abaratar el precio del pool eléctrico hasta un 15% y contabilizar efectos positivos como su contribución medioambiental y a la dependencia energética. Aunque las grandes eléctricas aseguran que los gastos del sistema (transporte y distribución) se han incrementado un 32% desde 2006 mientras que los costes asociados, donde se encuentran las primas a las renovables, se han disparado un 340%.  ASIF sugiere revisar ineficiencias en el conjunto del sector eléctrico (como los windfall profits del parque de generación ya amortizado, los sobrecostes extrapeninsulares y por restricciones técnicas, o la optimización del sistema tarifario del último recurso) y que en su conjunto podrían tener un impacto de entre 4.000 y 5.000 millones de euros anuales.

La fotovoltaica, además, le intenta abrir a Sebastián el ‘melón’ del autoconsumo. Podría permitir al mercado -anunciaban- crecer un 35% hasta 2020 y alcanzar 17.000 Mw. Ahora, la legislación permite el autoconsumo aislado de luz procedente del sol y, por el contrario, obliga a que la electricidad generada en las 55.000 instalaciones censadas -la mayor parte, huertos solares- se vierta en la red por entero, sólo para venderla. Pero países como Alemania, Italia y Bélgica permiten que los particulares instalen paneles, utilicen la electricidad generada en sus propias necesidades y vendan el sobrante a la red, lo que conlleva emitir una factura adicional para los autoconsumidores en la que se reflejen los pagos o cobros que correspondan, ya sea la compensación por autoconsumo (cobro) o los impuestos y los peajes a la compañía distribuidora de electricidad (pagos).

Las empresas fotovoltaicas agrupadas en la patronal ASIF -más de 500 sociedades- piden lo mismo a partir de 2012. Según los datos que maneja el sector español, “a mediados de la próxima década podrían llegar a la paridad de red, será tan rentable usar la fotovoltaica para autoproducirse la electricidad que para comprarla”. Los particulares podrán autoconsumir entre el 60% y el 80% de su energía generada -y vender a la red sólo el excedente-, mientras las estimaciones para las industrias se reducen a entre el 30% y el 50%. En ese contexto se proponía incentivar el autoconsumo con regulación desde 2012 (año en el que el vigente real decreto 1578/2008 contemplará la posibilidad de revisiones en la retribución) hasta que se obtenga la paridad de red y empujar, vía autoconsumo  una reducción de los recursos asignados en la tarifa eléctrica a la fotovoltaica, para que pudieran destinarse a incrementar el mercado solar.

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