edición: 2349 , Miércoles, 22 noviembre 2017
19/07/2013
LA OREJA DE LARRAZ

Los gastos de asistencia sanitaria transfronteriza se pagarán por adelantado y después los reembolsará la Administración

Javier Ardalán

Los gastos derivados de la asistencia sanitaria transfronteriza que se presten en otro Estado miembro a un paciente asegurado en España serán costeados por el paciente y se le reembolsarán con posterioridad. El mismo tratamiento recibirán los extranjeros atendidos en España, según se regula en el borrador de proyecto de real decreto por el que se establecerán las normas para garantizar la asistencia sanitaria transfronteriza, que adapta al sistema español la Directiva comunitaria sobre la materia.

Con ello, se trata de reducir el conocido como `turismo sanitario´, que supone importantes quebrantos para las arcas españolas frente a países como Reino Unido o Alemania. Y, además, se pretende controlar un dinero que habitualmente resulta irrecuperable.

Si bien buscar asistencia en otros Estados de la Unión Europea no es algo que se planteen habitualmente los ciudadanos, las cifras indican que es una realidad que se ha ido incrementando. En mayo de 2007, el Eurobarómetro sobre servicios sanitarios transfronterizos reflejó que aunque más de un 30% de europeos desconocen que tienen derecho a asistencia sanitaria fuera de sus países de origen, más de la mitad (un 54%) se declararon abiertos a la posibilidad de hacerlo y un 4% la había recibido en los doce meses anteriores a la publicación del documento.

Así, el texto del Ministerio de Sanidad propone que los gastos abonados por un asegurado o beneficiario del Sistema Nacional de Salud que haya recibido asistencia sanitaria transfronteriza serán reembolsados por las comunidades autónomas, el Instituto de Gestión Sanitaria y mutualidades de funcionarios, según corresponda.

Regula el texto del futuro reglamento que en el caso de desplazamientos para recibir en otro estado un tratamiento adecuado a su estado de salud será necesaria la evaluación por un médico de atención primaria u hospitalaria autorizado por el Sistema Nacional de Salud español o por otro estado, que justifique la indicación de la prestación sanitaria que se debe prestar al paciente y en el caso de dispensación de medicamentos, será necesaria la prescripción médica que la justifique.

Los gastos de la asistencia sanitaria transfronteriza serán reembolsados por la comunidad autónoma donde tenga el domicilio el interesado hasta la cuantía que habría asumido la Administración competente, si la asistencia sanitaria se hubiera prestado en su territorio, sin exceder del coste real de la asistencia sanitaria efectivamente prestada y sin considerar los gastos conexos.

Las comunidades autónomas garantizarán un procedimiento transparente para el cálculo de los costes de la asistencia sanitaria transfronteriza que se haya de reembolsar al asegurado ajustándose a la normativa que esté establecida sobre tasas y precios y teniendo en cuenta el coste real de la asistencia.  Se utilizarán como tarifas aplicables para el reembolso de los costes sufragados en otros Estados miembros por los pacientes que tengan derecho, los precios públicos o tarifas que se aplican por la prestación de servicios sanitarios y que son aprobados y publicados en cada comunidad autónoma.

La Directiva ha ampliado las posibilidades de los Estados de denegar la autorización  previa y ha introducido criterios para hacerlo que pueden fomentar cierta arbitrariedad, pero ha sido el tributo a pagar por conseguir que saliera adelante. La asistencia sanitaria transfronteriza no escapa, pues, al principio de subsidiariedad y los Estados siguen siendo responsables de las prestaciones y la organización de sus sistemas.

Los proveedores de asistencia sanitaria aplicarán a los pacientes de otros Estados miembros las mismas tarifas que aplican a los pacientes nacionales en situaciones médicas comparables.
En el caso de los titulares de una pensión y los miembros de su familia que residen en España, si son nacionales de un Estado miembro, que haya reconocido, de conformidad con las disposiciones de dicho Reglamento, los derechos a las prestaciones sanitarias para dicho Estado cuando estén en su territorio. En este caso, el Estado les proporcionará la asistencia sanitaria y correrá con los gastos correspondientes con arreglo a su legislación y en las mismas condiciones que si residiesen en ese Estado miembro.

El reembolso de los gastos se limita a la asistencia sanitaria establecida en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud, siendo la comunidad correspondiente la obligada a asumirlo. Para ello se exigen las mismas condiciones y trámites que se impondrían si la asistencia sanitaria se prestase en su territorio.

El papel que se reserva al Estado en esta regulación, además de garante de los reembolsos de los gastos de sus ciudadanos en el exterior, cuando correspondan, es, fundamentalmente, el de responsable e impulsor de unos determinados niveles de calidad y seguridad en la atención sanitaria, tanto para sus ciudadanos como para los comunitarios en general.

Los Servicios de Salud de las comunidades deberán hacer frente, por un lado, al posible incremento de pacientes provenientes de otros Estados miembros y, por otro, habrán de rembolsar los gastos de sus afiliados que decidan ser atendidos en otro Estado de la Unión.
El núcleo de la directiva sobre todo para aquellos Estados miembros que, como España, tienen un sistema sanitario basado en un servicio nacional de salud con vocación de universalidad, es la regulación que hace del reembolso de los gastos y de la autorización previa. Estas figuras ya tienen su regulación en el Reglamento (CE) 883/2004, pero con una amplitud y un enfoque muy diferentes. En la directiva, el reembolso se establece de una forma muy amplia y la autorización previa, de una forma restrictiva.

La asunción de los gastos derivados de la asistencia sanitaria transfronteriza por los Estados obligados a ello tiene como límite la cuantía que habría asumido dicho Estado si la asistencia sanitaria se hubiera prestado en su territorio, sin exceder del coste real de la asistencia efectivamente prestada. Estos gastos de reembolso se fijarán según costes, con un procedimiento transparente de cálculo, basado en criterios objetivos, no discriminatorios y conocidos de antemano.

Tan sólo por razones imperiosas de interés general podrán limitarse las normas de reembolso, restringiéndose ello a lo que sea necesario y proporcionado, sin que constituya un medio de discriminación aleatoria o un obstáculo injustificado a la libre circulación de las personas, los bienes y los servicios.

Algunos Estados comenzaron a ser conscientes de que, de incrementarse estas cifras, el trasiego sanitario complicaría aún más tanto los costes que soportaban sus sistemas nacionales de salud como la planificación y gestión eficaz de hospitales y centros sanitarios. La cuestión era, además, de indudable interés para España, uno de los destinos prioritarios del denominado turismo sanitario, no tanto por el número de quienes buscan en él un tratamiento específico (que pese a existir no son tantos como a veces se ha proclamado) cuanto por el de europeos que la eligen como lugar de residencia tras su jubilación.

Noticias Relacionadas

Director
Alfonso Pajuelo ( director@icnr.es )

Redacción (redaccion@icnr.es)

  • Juan José González
  • Javier Ardalán
  • Carlos Schwartz
  • Rafael Vidal

Intelligence and Capital News Report ®
es una publicación de Capital News Ediciones S.L.
Editor: Alfonso Pajuelo
C/ Joaquín María López, 30. 28015 Madrid
Teléfono: 92 118 33 20
© 2017 Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción sin permiso expreso de la empresa editora.

Optimizado para Chrome, Firefox e IE9+

loading
Cargando...