edición: 2614 , Miércoles, 12 diciembre 2018
27/01/2009

Los gastos de los consejeros no deducen porque sus puestos son incompatibles con la alta dirección

La relación establecida carece de eficacia y no puede ser tenida en cuenta a efectos tributarios
Javier Ardalán

Presidentes, vicepresidentes, consejeros y consejeros delegados tienen sus días contados como asalariados de sus empresas. El Tribunal Supremo acaba de publicar una sentencia que declara que los altos responsables de las empresas son incompatibles con los de alta dirección y, por ello, las cantidades pagadas a los miembros del Consejo (presidente, vicepresidente y consejero delegado) en cumplimiento de un contrato laboral de alta dirección no son deducibles, según impone en una sentencia, de 13 de noviembre de 2008.
En el texto se interpreta que ni el consejo de administración, ni el consejero delegado en su propio beneficio, pueden acudir al contrato de alta dirección, creando la figura de alto directivo en quien legalmente no puede ser definido como tal. En suma, interpreta que la relación establecida carece de eficacia y no puede ser tenida en cuenta a los efectos tributarios, pues infringe la exigencia del artículo 130 de la Ley de Sociedades Anónimas de que la retribución de los administradores sea fijada en los estatutos.

Basa estos argumentos la Sala Tercera, en que la jurisprudencia laboral determina que los administradores están unidos a la sociedad por un vínculo de naturaleza mercantil, no laboral, con total independencia de que hubieran celebrado un contrato laboral de alta dirección, estuvieran dados de alta en Seguridad Social y se hubiesen realizado las oportunas retenciones para los rendimientos del trabajo y contabilizado las mismas en la cuenta de «sueldos y salarios» y no en la específica del “consejo de administración”.

A estos efectos se refiere a la doctrina de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, que en sentencia de 26 de diciembre de 2007, establece que la jurisprudencia admite que los miembros del Consejo de administración puedan tener al mismo tiempo una relación laboral con su empresa, pero ello sólo sería posible para realizar trabajos que podría calificarse de comunes u ordinarios; no así cuando se trata de desempeñar al tiempo el cargo de consejero y trabajos de alta dirección (gerente, director general, etc.) dado que en tales casos el doble vínculo tiene el único objeto de la gestión y administración de la empresa, es decir, que el cargo de administrador o consejero comprende por sí mismo las funciones propias de alta dirección.

Otro de los argumentos principales de esta teoría, es que no existe la relación de ‘ajenidad’ propia de la relación laboral, por lo que no puede considerarse que los estatutos fijen con certeza sus retribuciones y éstas puedan ser deducibles.

Esta falta de ‘ajenidad’ con la sociedad la basa en diversas sentencias de la Sala Social, que han venido a decir que ni el consejo de administración, ni el consejero delegado en su propio beneficio, pueden acudir al contrato de alta dirección, creando la figura de alto directivo en quien legalmente no puede ser definido como tal, con la única finalidad de poder ser retribuido de forma extraordinaria y anómala.

También el Supremo ha vetado la posibilidad de reclamar cantidades adeudadas de carácter laboral, argumentando que la relación establecida carece de eficacia y no puede ser tenida en cuenta a los efectos de las reclamaciones de cantidad formuladas por el demandante, pues infringe la previsión de carácter imperativo del artículo 130 de la Ley de Sociedades Anónimas, que regula que la retribución de los administradores deberá ser fijada en los estatutos".

De todas estas disquisiciones deduce el ponente de la sentencia que no cabe, por lo tanto, aplicar el artículo 13.d) de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que permite la deducción de estos gastos a la empresa.

El Supremo no entra expresamente en la limitación de la cuantía de las remuneraciones, en las sentencias emitidas el pasado 13 de noviembre, pero sugiere que, si son abusivamente altas, Hacienda podría llegar a considerar su no deducibilidad.

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