edición: 2391 , Miércoles, 24 enero 2018
02/09/2009
‘Impasse’ en la puesta en marcha del fondo de reestructuración bancaria

Los Gobiernos autonómicos bloquean el FROB

El Banco de España ‘maniatado’ por las CC AA que rechazan fusiones interterritoriales
En 37 días parece ser que las quiebras de varias cajas, tres para ser exactos, han debido esperar a una negociación política que se producirá antes del quince de septiembre
Juan José González

Como corresponde a un buen guión de una serie de enredo, los actores se implican en una trama de despropósitos cuyo final es una situación absurda. Algo así es lo que sucede en la actualidad con el FROB, ese fondo con el que se quiere remediar de un golpe el complejo mundo de las cajas y bancos con problemas. El Banco de España no puede actuar porque los Gobiernos regionales amenazan con recurrir la ley de creación del fondo. Para el Gobierno es una baza ideal de negociación política, destinada a servir a objetivos de corto plazo –Presupuestos Generales, financiación autonómica…-, para el Banco de España supone el ejercicio típico de sus funciones, la intervención en el sector financiero para que reine el orden y la disciplina. Pero el papel de las CC AA es injustificable si pretende proteger y asegurar una banca regional, propia de otros tiempos. El peor papel, el comprometido de verdad, es el que deberá desarrollar el ministerio de Economía, pero en Cibeles y en Alcalá no se deciden a tomar la iniciativa.

Ni el Banco de España ni la secretaría de Estado de Economía, órgano administrativo este inicialmente encargado de gestionar el FROB, han dado señales de vida en los últimos 37 días. La ministra Elena Salgado, en una de sus últimas intervenciones públicas en el mes de julio, se mostraba firme al asegurar, tajante, que la intervención de su departamento en la crisis bancaria sería rápida. Y poco después, su secretario de Estado José Manuel Campa, subrayaba esa premura en referencia a la particular situación de las cajas de ahorros en crisis. Pues bien, todo parece estar en punto muerto a la espera de que sean solventadas algunas dudas sobre quién debe tomar la iniciativa.

En esos 37 días parece ser que las quiebras de varias cajas, tres para ser exactos, han podido y debido esperar a una negociación política que se producirá antes del quince del presente mes. Gobierno y Banco de España contaban a finales de julio con el dinero y avales públicos suficientes para que el instrumento creado a tal efecto –la reestructuración financiera-, el FROB, comenzase a cumplir su función, es decir, la reestructuración ordenada del sector financiero. Y aunque las fechas corrían, todo iba viento en popa; con movimientos razonables; con cajas castellanas dispuestas a unir sus balances; con cajas andaluzas más que dispuestas a sumar fuerzas y problemas de diverso tamaño en una gran caja andaluza; con las catalanas en pleno trance de fusión. Todo muy bien hasta que por deseo expreso de los Gobiernos de Galicia y Cataluña –se desconoce si la acción era concertada- se les ocurre amenazar con la denuncia del FROB ante el Constitucional para limitar –o eliminar, o anular- la posición que tiene el Banco de España en las operaciones corporativas, en las intervenciones.

En la actualidad, los servicios jurídicos de la Generalitat y de la Xunta de Galicia estarían estudiando hasta dónde puede alcanzar su capacidad de veto, a través de un recurso que presentarían ante el alto tribunal, si llegara a prosperar o a plantearse con seriedad, una propuesta de fusión entre una entidad financiera gallega y otra extremeña, por ejemplo, o entre una catalana y una andaluza. El caso del movimiento protagonizado por la caja madrileña en julio pasado, por el que pretendía cerrar un ‘Grupo Financiero de Ahorro’ –como figuraba en el proyecto que no llegó a ver la luz- con la unión de Caja Madrid, Caixa Galicia y la CAM valenciana, puso sobre la pista a los Gobiernos regionales que comprobaron por dónde iban los tiros, apresurándose a lanzar mensajes directos a las autoridades económicas sobre la posible denuncia del citado fondo ante el Constitucional.

Así las cosas, el Banco de España frenó en seco y no se tomaron más decisiones en las últimas cinco semanas, con un verano por medio en el que se pretendía –en Cibeles todos estaban preparados, medio banco sin vacaciones- dar a conocer las primeras decisiones y propuestas de acciones del FROB. Primeras medidas destinadas a evitar el anuncio de quiebra de esas tres cajas que, como la de CCM, no tendrán más remedio que pasar a ese grupo de entidades que en un futuro no muy lejano, se prevé que serán subastadas.

Pero en Economía no andan sobrados de ideas. Tienen pocas o las que tienen son poco claras. Lo cierto es que poner en marcha el fondo va a costar sangre, sudor y pacto político. En este sentido, la próxima jugada de Moncloa puede ir encaminada a lograr un acuerdo que reuniría sobre una misma mesa de negociación, partidas de financiación autonómica, presupuestos generales para 2010 y, como no, la intervención de la Administración central en el terreno jurídico de las fusiones de cajas de ahorros.

Al final, serán los partidos políticos, en sus acuerdos o desacuerdos, quienes controlen el proceso de reestructuración financiera impulsado por Gobierno y Banco de España, un escenario en el que éste último, curiosamente, jugaría un papel secundario cuando en realidad podría ser y debería ejercer de actor principal de la reordenación del sector financiero, un poder y legitimidad que le confiere nada menos que la Ley de Disciplina Financiera. Y todo ello sin menoscabo del derecho que asiste a las CC AA en el ejercicio de su derecho a interponer recurso.

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