edición: 2328 , Lunes, 23 octubre 2017
12/09/2017
LA OREJA DE LARRAZ

Los herederos podrán acceder a los datos del fallecido en la ‘nube’, que pueden ser una parte económica de la herencia

Xavier Gil Pecharromán
Los herederos de la persona fallecida podrán dirigirse a los prestadores de servicios de la sociedad de la información al objeto de acceder a dichos contenidos e impartirles las instrucciones que estimen oportunas sobre su utilización, destino o supresión, según establece  el Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, que actualmente se encuentra en fase de consulta pública.
En el marco de la sociedad actual es creciente la información que las personas facilitan a prestadores de servicios de la sociedad de la información. No solamente con el ánimo de que la hagan pública en un ámbito sometido a mayores o menores restricciones, como ocurre, por ejemplo, con la información incorporada a redes sociales o plataformas de intercambio de archivos, sino por motivos patrimoniales o económicos, tal y como ocurre con los servicios de contratación de servicios de computación en nube.

Estos datos, en manos de los proveedores de servicios de la sociedad de la información, pueden, incluso ser una parte no despreciable del caudal relicto de la herencia del fallecido, Estamos ante un caso, salvando las distancias, como el de las cajas de seguridad de los bancos, porque cada vez el mundo económico y empresarial es más digital. Ello, sin entrar en consideraciones sobre las nuevas monedas virtuales.

Por este motivo, se hace necesario establecer una normativa mínima que garantice al titular de la información la posibilidad de disponer de ella, tanto en lo que afecte a sus propios datos de carácter personal como en lo que respeta al resto de las informaciones cuando se haya hecho uso de estos servicios.

La Ley Orgánica establece en este punto un sistema que en parte puede asimilarse al de las instrucciones previas en el ámbito sanitario: el interesado podrá incorporar en un documento de instrucciones su manifestación de voluntad en lo que respecta al uso y destino de sus datos, documentos o ficheros, si opta por su conservación, destrucción o portabilidad, así como por el mantenimiento o cancelación de sus cuentas, pudiendo designar a una persona para que ejecute sus instrucciones.

Las instrucciones se podrán incorporar a un registro, para cuya creación y regulación se habilita al Gobierno y que sólo será accesible por terceros en caso de fallecimiento. Además sólo el designado y, en su defecto, los herederos del difunto podrán acceder al contenido mismo de las instrucciones para poder dar cumplimiento a la voluntad del fallecido y ejercer por él los derechos que le otorga el ordenamiento jurídico.

El carácter central de la información personal tiene aspectos positivos, porque permite nuevos y mejores servicios, productos o hallazgos científicos. Pero tiene también riesgos, pues las informaciones sobre los individuos se multiplican exponencialmente, son más accesibles, por más actores, y cada vez son más fáciles de procesar mientras que es más difícil el control de su destino y uso.
Como excepción, los herederos no podrán acceder a los contenidos del causante, ni solicitar su rectificación o supresión, cuando la persona fallecida lo hubiese prohibido expresamente o así lo establezca una ley.

El albacea testamentario así como aquella persona o institución a la que el fallecido hubiese conferido un mandato expreso para ello también podrá solicitar, con arreglo a las instrucciones recibidas, el acceso a los contenidos con vistas a dar cumplimiento a tales instrucciones.

En caso de fallecimiento de menores o personas con discapacidad para las que se hubiesen establecido medidas de apoyo, estas facultades podrán ejercerse, en todo momento, por el Ministerio Fiscal.

Mediante real decreto se establecerán los requisitos y condiciones para acreditar la validez y vigencia de los citados mandatos e instrucciones y, en su caso, el registro de los mismos.

Con esta norma, tal y como se venía haciendo hasta ahora, se regula el ejercicio del derecho fundamental de las personas físicas a la protección de datos de carácter personal, amparado por el artículo 18.4 de la Constitución. Sin embargo, con este nuevo texto se persigue adaptar y completar las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, Reglamento general de protección de datos, aprobando a tal fin una nueva Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal.

Se considera en el Anteproyecto que la existencia de un régimen armonizado en toda la UE tendrá un efecto económico positivo como es la ubicación de empresas y operadores económicos en el territorio de la UE. El cumplimiento de la obligación de establecer el régimen de las Autoridades de control independientes va a requerir un esfuerzo presupuestario.

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