edición: 2559 , Viernes, 21 septiembre 2018
04/10/2010

Los impuestos medioambientales sobre las instalaciones de las eléctricas son compatibles con los demás impuestos

Xavier Gil Pecharromán
Los impuestos que gravan las actividades que inciden en el medio ambiente, concretamente la producción, almacenaje y transformación de energía eléctrica, así como el transporte de energía eléctrica, telefonía y telemática, efectuados por los elementos fijos del suministro de energía eléctrica o de las redes de comunicaciones son constitucionales y no suponen una doble tributación. Esta es la nueva doctrina del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en torno al Impuesto autonómico sobre Instalaciones que Incidan en el Medio Ambiente, recogidas en tres sentencias de 27 de julio de 2010.

Dictaminan las sentencias que los impuestos que están destinados a financiar medidas y programas de carácter medioambiental tienen una base tributaria distinta a las de los tributos cuya función es recaudatoria por lo que no puede acusárseles de suponer doble tributación para los contribuyentes ni en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) ni sobre el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE).

De esta forma, Unión Fenosa Generación, Endesa Generación y Endesa Distribución Eléctrica han visto rechazados sus recursos ante la máxima instancia judicial autonómica, ya que las argumentaciones de las tres sentencias consideran que se trata de un tributo directo y real sobre los elementos patrimoniales afectos a la realización de actividades que incidan sobre el medio ambiente.

Las sentencias determinan que los impuestos medio ambientales tienen una función ‘extrafiscal’, que tienen acomodo constitucional en el ámbito del poder tributario autonómico, y en este caso, en modo alguno, el nuevo Impuesto autonómico ha mermado la capacidad recaudatoria de las Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Indican también los textos jurídicos que la materia imponible o fuente de riqueza gravada en los tributos locales en nada resulta afectada por la imposición del tributo autonómico de actividades que incidan en el medio ambiente. No existe disminución de la recaudación de los tributos locales, y ello es así debido a que no existe similitud de materias imponibles. Por ello, afirman que el Impuesto autonómico en nada perturba ni incide en el poder tributario local sino que funciona independientemente de las figuras impositivas locales que existen.

El objeto del tributo son los bienes muebles e inmuebles, los derechos reales sobre los mismos y los demás derechos de uso de titularidad de los sujetos pasivos que estén afectos o vinculados a los procesos productivos, prestaciones de servicios, ejecuciones de obras o realización de actividades que perturben el medio de Extremadura o comporten potenciales riesgos extraordinarios en su territorio; y las actividades gravadas son las de producción, almacenaje, transformación y transporte de energía eléctrica, así como también son gravadas las redes de telecomunicaciones telefónicas o telemáticas.

Este tributo  fue objeto de un recurso de inconstitucionalidad en el cual el Abogado del Estado imputaba a la norma legal autonómica la vulneración del artículo 6.3 Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), al establecer un tributo sobre materias reservadas a las corporaciones locales, en cuanto que gravaba los elementos patrimoniales gravados por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Finalmente, el Gobierno extremeño modificó la normativa para evitar la doble imposición.

Posteriormente, la sentencia del Tribunal Constitucional número 179/2006, de 13 de junio, declaró inconstitucional la regulación inicial contenida en la Ley 7/1997, de 29 de mayo, de Medidas Fiscales sobre la Producción y Transporte de Energía que Incidan sobre el Medio Ambiente, en su redacción previa a las modificaciones operadas por la Ley de la Asamblea de Extremadura 8/2005, de 27 de diciembre. El Tribunal Constitucional no extendió el objeto de la cuestión de constitucionalidad de la nueva regulación del Impuesto contenida en la Ley 8/2005, de 27 de diciembre, sobre la que ahora se planteaban las dudas de constitucionalidad.

Consideran los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo que la modificación introducida cambia sustancialmente la regulación del Impuesto y afecta a los elementos esenciales del mismo (hecho imponible, criterios de cuantificación de la base imponible y determinación de la cuota tributaria). Se han corregido en profundidad aquellas cuestiones que entraban en conflicto con el artículo 6,3 L.OFCA., y entendemos que la reforma efectuada por la Ley 8/2005, se ha realizado siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional plasmada en la sentencia número 168/2004, de 6 de octubre.

También dicen en sus razonamientos, que el objeto de gravamen tampoco coincide con el Impuesto sobre Actividades Económicas puesto que el gravamen autonómico no somete a tributación la capacidad económica exteriorizada derivada hipotéticamente del ejercicio de actividades empresariales, profesionales o artísticas, sino la realización de las actividades, a través de las instalaciones y demás elementos patrimoniales afectos a las mismas, que incidan, alteren o ocasionen riesgo de deterioro sobre el medio ambiente.

Finalmente, los magistrados extienden su doctrina al considerar que la nueva regulación hace que el Impuesto se asemeje al gravamen catalán declarado ajustado a la Carta Magna por el Tribunal Constitucional.

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