edición: 2311 , Martes, 26 septiembre 2017
22/10/2009
OBSERVATORIO JURIDICO

Los ingresos obtenidos por venta de inmuebles no generaran un beneficio concreto a los accionistas pero sí obligación tributaria

DATADIAR
La sentencia del Tribunal Supremo núm. 891/09, de 18 de septiembre, trata sobre un delito contra la Hacienda Pública. Uno de los puntos clave de la sentencia es el que hace referencia a que el importe del incremento de valor desde el punto de vista fiscal es una cuestión que afecta a la valoración jurídica y no una mera cuestión de hecho. Además se afirma en la sentencia, que el “importe” de la dación en pago no puede ser otro que el efectivamente “obtenido” por el propietario deudor que es precisamente la extinción de sus deudas, sin perjuicio de las reducciones por gastos y tributos por él satisfechos.
La Audiencia Provincial de Madrid, Sección 16ª, condenó al acusado, hoy recurrente, como autor de un delito contra la Hacienda Pública del artículo 305 del Código Penal, sin la concurrencia de circunstancias modificativas, a la pena de un año de prisión, accesorias correspondientes, multa y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por tiempo de tres años, debiendo indemnizar a la Hacienda Pública en la suma defraudada con abono de intereses legales, siendo responsable civil subsidiaria la sociedad de la que era máximo gestor y responsable.

El condenado, en esta condición, presentó, a sabiendas de su incorrección y con el fin de eludir el pago de los impuestos correspondientes, declaración-liquidación incompleta del impuesto sobre sociedades del ejercicio de 1.994, consignando una base imponible negativa sin declarar beneficio alguno por enajenación de inmovilizado material. Éste, durante dicho ejercicio, procedió en nombre de la sociedad a enajenar una finca dando en pago la misma a una entidad bancaria, con quien mantenía una deuda, que traía base de una hipoteca de máximo. El importe de la deuda ascendía a más de cuatrocientos veintiocho millones de pesetas  y la dación en pago de la finca lo fue para compensar dicha deuda, valorándose la misma en dicho importe. Esta finca había sido adquirida en 1986 por veinticinco millones, de tal modo que en dicho ejercicio se produjo un incremento de patrimonio no declarado de más de cuatrocientos tres millones de pesetas. Formalizado el correspondiente recurso de casación, el Tribunal Supremo lo desestima.

Según expone el Tribunal Supremo, el importe del incremento de valor desde el punto de vista fiscal es una cuestión que afecta a la valoración jurídica y no una mera cuestión de hecho, por lo tanto no viene determinada por el informe de la inspección fiscal sino que es de la exclusiva responsabilidad del Tribunal a la hora de calificar los hechos. La sentencia parte de los artículos 11 y 15 de la Ley Reguladora del Impuesto de Sociedades vigente al tiempo del hecho imponible, en cuanto establece la determinación de la base imponible y los criterios de determinación de los incrementos patrimoniales.

Deduce el Tribunal Supremo, teniendo en cuenta los preceptos mencionados, que el valor de enajenación de un bien se estimará en el importe real en que dicha enajenación se hubiese efectuado, deduciéndose, en su caso, los gastos y tributos a que se refiere la ley del impuesto en cuanto satisfechos por el trasmitente. Más adelante, aplica lo anterior al instituto de la dación en pago, como medio de extinción de las obligaciones, afirmando que su importe no puede ser otro que el efectivamente obtenido por el propietario deudor y que equivale al valor de la extinción de la deuda. Recuerda que los ingresos obtenidos mediante la realización y venta de inmuebles no generarán un beneficio concreto a los accionistas, porque se destinó al pago de deudas, pero ello no significa que no fueran auténticos ingresos generadores de la obligación tributaria, tal y como expone la S.T.S. 686/04. Este importe o real beneficio es el relevante, aunque el precio de mercado de la cosa dada en pago sea muy inferior, añadiendo que no cabe confundir valor con precio y que en cualquier caso la diferencia entre el valor potencial de mercado y el real obtenido evidencia un beneficio que integraría también el incremento patrimonial.

En síntesis, el importe real obtenido lo determina la cuantía de la deuda que se da por extinguida, siendo intrascendente que esa deuda sea exclusiva del sujeto pasivo del impuesto dueño de la cosa, o que sea compartida con otros, si esa cotitularidad es solidaria. Ello ocurrirá cualquiera que sea el resultado de explotación en el ejercicio, ya que es un componente diferenciado de la base imponible, debiendo computarse el incremento aunque el resultado del ejercicio sea una base negativa.

El punto clave de la sentencia se encuentra al analizar la incidencia fiscal de la dación en pago como incremento patrimonial, estableciendo el Tribunal Supremo como pauta de referencia el valor del inmueble en atención al importe de la deuda extinguida con independencia de su valor de mercado. Merece especial mención también el elemento subjetivo que no se compone más que por la consciencia de que la omisión de la correspondiente declaración, en la liquidación del impuesto, implicaba la correlativa pérdida, para la Hacienda, de lo que ésta habría de recaudar. Lo que, como razona la sentencia recurrida, es impensable que ocurriese en relación a un empresario de la entidad y antigüedad del acusado. El cual, ya que nada predica lo contrario, pese a ello, decidió voluntaria y libremente omitir la manifestación del incremento patrimonial indicado. Esto se tradujo en la elusión del pago del impuesto que tal incremento exigía, siendo el importe no ingresado y que debería ingresarse por razón de aquel incremento, superior a 120.000 euros.

Equipo Jurídico de Datadiar.com

LEGISLACIÓN

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 18 junio de 2008, sobre la propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO RELATIVA A PROCEDIMIENTOS Y NORMAS COMUNES EN LOS ESTADOS MIEMBROS PARA EL RETORNO DE LOS NACIONALES DE TERCEROS PAÍSES QUE SE ENCUENTREN ILEGALMENTE EN SU TERRITORIO (COM(2005)0391 – C6-0266/2005 – 2005/0167(COD))
Los Estados miembros deben asegurarse de que el poner fin a la estancia ilegal de nacionales de terceros países se lleva a cabo mediante un procedimiento justo y transparente. De conformidad con los principios generales del Derecho de la UE, las decisiones que se tomen en el marco de la presente Directiva deberán adoptarse de manera individualizada y fundándose en criterios objetivos, lo que implica que es preciso tener en cuenta más hechos que la residencia ilegal. Cuando se usen modelos normalizados de decisiones sobre retorno, los Estados miembros deben respetar este principio y dar pleno cumplimiento a todas las disposiciones aplicables de la presente Directiva.

JURISPRUDENCIA

Penal

Delito de apropiación indebida. Sociedad que suscribe un contrato de agencia de ventas a pasajeros apropiándose del dinero percibido de los pasajeros. Autoría. Artículo 31 CP. Responsabilidad administrativa o mercantil y la responsabilidad penal. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 29 de abril de 2009
Delito de administración desleal. Artículo 295 CP. El acusado era apoderado y conforme a esa relación, la entidad agente actuaba en nombre y por cuenta de la perjudicada cuando vendía los billetes a clientes. Y el dinero que percibía de éstos, había de ser entregado a aquella. El dinero es propiedad de la perjudicada y la agente lo custodia en calidad de depósito. El gestor debería cuidar siempre de mantener la disponibilidad de líquido bastante para atender en cada momento la obligación de entregar al principal, por cuya cuenta actúa, la cantidad, que recibe de los clientes; y al no hacerlo así, la sociedad agente incumplió dicha obligación, desatendiendo el deber de lealtad dicho.

Mercantil

La entidad de televisión contratante esta obligada al pago de la remuneración pactada con la entidad de gestión por la autorización de utilización de videos musicales.  TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 08 de julio de 2009
Contrato de autorización de utilización de videos musicales celebrado por una Entidad de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual y una Entidad de Televisión. Reclamación por la Entidad de Gestión de la remuneración pactada. Negativa al pago por parte de la entidad de televisión contratante por entender que el abono debe efectuarle otra entidad que es la "operadora" -emisora en sentido técnico-. Actos propios. Actos coétaneos y posteriores que revelan la responsabilidad de la entidad contratante como obligada al pago.

Acción cambiaria. Requisito del timbre. Asimilación del juicio cambiario LEC 2.000 al sumario ejecutivo de la LEC 1.881  TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 10 de julio de 2009
Acción cambiaria. Requisito del timbre. Asimilación del juicio cambiario LEC 2.000 al sumario ejecutivo de la LEC 1.881. Mantenimiento de la doctrina jurisprudencial que exigía para la acción ejecutiva cambiaria el cumplimiento del requisito formal del timbre previsto en la legislación fiscal.

Civil

Carácter indivisible de los Bienes de Interés Cultural dada su integración en un conjunto administrativamente calificado y protegido como tal.   TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 30 de abril de 2009
División de cosa común. Alcance de la acción concedida a los comuneros por el código civil. Bien declarado de interés cultural. Indivisibilidad jurídica derivada de la aplicación de las normas que regulan la protección del patrimonio histórico.

Una obra de cerramiento que no modifica el título constitutivo, ni impide ni dificulta el acceso a los locales del edificio no necesita acuerdo por unanimidad. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 03 de junio de 2009
Obra de cerramiento que no modifica el título constitutivo, no impide ni dificulta el acceso a locales del edificio, ni causa perjuicio a los mismos. No se produce infracción de la LPH al no haberse aprobado el acuerdo con unanimidad. Tampoco se produce oposición a doctrina jurisprudencial que parte de distintos presupuestos fácticos. Arrendamiento de elemento común que no supone perjuicio para los copropietarios, no impide el uso o utilización del mismo y no es incompatible ni altera sustancialmente el uso previsto en el título constitutivo.

Laboral

Sólo procederá el reintegro por parte empresarial, cuando la contratación fraudulenta o abusiva haya ocasionado un perjuicio a la Entidad Gestora al haber abonado unas prestaciones de desempleo, que conforme a ley, no estaba obligada a satisfacer. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de Fecha: 10 de junio de 2009
Entre la sentencia recurrida y la de contraste concurren las identidades exigidas por el artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral , pues en ambas el Servicio Público de Empleo Estatal, al amparo del artículo 145 bis de la Ley de Procedimiento Laboral , reclama a la empresa el abono de las prestaciones de desempleo que han sido percibidas por unos trabajadores que previamente habían concertado con la empresa sucesivos contratos temporales, seguidos de percepción de prestación por desempleo, no siendo la modalidad contractual utilizada la adecuada a la prestación laboral a realizar. Es irrelevante que en la sentencia recurrida los contratos suscritos fueran temporales por acumulación de tareas y la modalidad contractual adecuada el contrato de fijo discontinuo, en tanto en la de contraste los contratos que se suscribieron fueron para obra o servicio determinado de carácter anual y la modalidad contractual adecuada el de obra o servicio determinado (de duración incierta pues está sometido a la duración de la contrata) y a tiempo parcial (es actividad discontinúa que se repite en fechas ciertas, actividad de comedor escolar que se repite todos los años a lo largo del curso escolar).

La prestación por maternidad se causará con arreglo a la misma base reguladora del subsidio por incapacidad temporal que venía cobrando la beneficiaria al tiempo del parto. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 16 de junio de 2009.
Maternidad. Subsidio. Base reguladora. Incapacidad temporal-desempleo.Cuando la maternidad se inicia desde una situación de incapacidad temporal subsidiada, tras agotarse las prestaciones por desempleo, la base reguladora coincide con la de la I.T., esto es con el IPREM.
  
Administrativo

Deslinde bienes de dominio público marítimo-terrestre. Las características naturales son las que determinan su calificación jurídica.  TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 24 de junio de 2009
El Tribunal Supremo declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto frente a la Sentencia de instancia que desestimó el recurso formulado frente a la resolución de aprobación del deslinde bienes de dominio público marítimo-terrestre. El Alto Tribunal recuerda cuál es el régimen constitucional de los bienes demaniales y resumen cuál es el régimen legal del deslinde del dominio marítimo-terrestre en las Leyes de Costas de 1969 y 1988 destacando que el sistema transitorio que esta última establece demuestra que la Ley impone su regulación también hacia el pasado ya que se superpone incluso a anteriores declaraciones de propiedad hechas por sentencia firme. En el caso resuelto, la Sala casacional estima improcedente acoger el argumento que sostiene que los terrenos delimitados, que ahora son salinas- eran antes marismas que, no obstante tal origen, perdieron sus características naturales, por lo que, al no estar deslindados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas, dichos terrenos siguen siendo de propiedad particular. Lo que importa en la regulación, sostiene la Sentencia por contra, no es el terreno tal como ha sido transformado por obras o instalaciones sino tal como es por naturaleza; las características naturales son las que determinan su calificación jurídica y son las que han de ser tenidas en cuenta al trazar el deslinde.

Retraso en el inicio del expediente de expropiación forzosa. Desestimación de recurso de casación para la unificación de la doctrina.  TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 06 de abril de 2009
Se desestima el recurso de casación para la unificación de la doctrina relativo a la fecha a la que debe referirse la valoración de la finca objeto del expediente de expropiación forzosa no tienen las identidades exigidas legalmente, toda vez que las sentencias aportadas como término de comparación contemplan casos en los que se inició el expediente de justiprecio años después de ocupada la finca, o en los que, pese a los intentos previos de llegar a un mutuo acuerdo, dicho expediente no se inició sino cuanto la Administración expropiante requirió a los expropiados para que presentasen la hoja de aprecio, mientras que en el caso analizado en la resolución impugnada no consta que la finca fuese ocupada mucho antes de iniciarse el expediente de justiprecio, ni contiene ningún juicio de valor para imputar un retraso a la Administración expropiante o a la sociedad beneficiaria.

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