edición: 3026 , Lunes, 10 agosto 2020
12/06/2014
LA OREJA DE LARRAZ

Los inspectores de Hacienda apuestan por recuperar los tributos cedidos a las autonomías en la próxima reforma fiscal

Javier Ardalán

Los inspectores de Hacienda presentaron este miércoles un amplio informe en el que sugieren medidas para una reforma fiscal integral, que aumentaría los controles nacionales e internacionales de la Inspección de Hacienda. El objetivo es acabar con los agujeros negros que permiten el fraude fiscal y la economía sumergida. Un informe criticable por lo excesivamente ambicioso frente a algunos derechos de los ciudadanos que quedan olvidados.

En el informe apuestan por recuperar la gestión estatal del Impuesto de Sucesiones, el de Patrimonio y el de Donaciones para evitar, como denunció el inspector de Hacienda Domingo Carbajo, la “guerra sucia” entre autonomías. La organización también ha planteado unificar el sistema informático de la administración tributaria para así integrar la red estatal, autonómica y local.

El reparto de esta recaudación, así como la cesión de crecientes competencias normativas y porcentajes de impuestos a las comunidades autónomas, han incrementado la complejidad del sistema fiscal, generando cada vez más barreras a la unidad de mercado, ante las cuales el propio Gobierno ha tenido que reaccionar, como demuestra la publicación de la Ley de garantía de la unidad de mercado.

Esa separación gasto-ingreso a nivel territorial ha traído como causa las demandas de fraccionamiento de la Agencia Tributaria y la ruptura de la caja única de la Seguridad Social por parte de algunas comunidades autónomas, lo cual podría tener efectos devastadores, tanto en el coste de cada euro recaudado por impuestos y cotizaciones sociales (que, en España, es uno de los más bajos del mundo, según los propios datos de la OCDE) como en el control del fraude fiscal, precisamente, en un entorno cada vez más globalizado.

El sistema tributario español actualmente existente daña a la economía española, retrasa nuestra salida de la crisis, no cumple con los principios constitucionales del sistema tributario (artículo 31.1 de la Constitución) y es causa directa de tensiones territoriales y sociales crecientes.

Consideran también, que los ciudadanos pagan más o menos impuestos y están más o menos dispuestos a contribuir a las arcas públicas, según el convencimiento que tengan respecto de la adecuación y justicia del gasto público a sus necesidades y anhelos. Por ello, demandan para lograr un sistema tributario general, justo y eficiente, es que el gasto público atienda a las necesidades generales de la población, se distribuya con justicia, de manera transparente y, como mínimo, sin corrupción.

Sin embargo, para afrontar un cambio completo de tal situación, entienden que no basta con un diseño adecuado de las figuras tributarias que compondrán el Sistema Fiscal español; ni siquiera con una adicional reforma de las normas que definan y desarrollen la aplicación de esos tributos, su gestión, su comprobación e investigación y su recaudación.

Cualquier propuesta de Reforma Fiscal española quedaría incompleta sin, a la vez, configurar una Administración Tributaria que gestione eficaz y eficientemente tal sistema, junto con la minoración de los niveles de fraude fiscal y de economía sumergida ahora existentes.

Después, el Gobierno debería emprender una revisión del modelo organizativo encargado de la aplicación práctica del Sistema Fiscal y, en general, de toda la configuración (legal, organizativa, metodológica, etc…) vinculada a lo que la Ley General Tributaria denomina “aplicación de los tributos”.

El objetivo de la reforma para los inspectores de Hacienda debe ser múltiple, para conseguir del nuevo sistema una mayor simplicidad de los tributos y de los procedimientos para aplicarlos y pagarlos; una suficiencia de los ingresos, con una recaudación más justa y equitativa; cumplir el compromiso de continuar en la senda de la consolidación fiscal; un respeto a los principios de equidad, generalidad y progresividad constitucionales; contribuir al crecimiento y al desarrollo económico, priorizando los estímulos a la actividad realmente productiva, la creación de empleo y la internacionalización de las empresas, fomentando la dupla ahorro-inversión; y, finalmente, respeto a la unidad de mercado a nivel nacional, evitando además introducir distorsiones en el mismo (neutralidad fiscal).

Entienden que es necesario contemplar el fenómeno del fraude fiscal en un contexto más amplio. Para ello, recomiendan sustituir dicho indicador por otro más fiable, a partir de los datos económicos de todo tipo, no solo los ingresos declarados por la persona destinataria de la norma concreta en el IRPF, sino también la situación patrimonial de la persona y de su entorno familiar, a partir de datos sobre titularidad de vehículos, inmuebles y resto de activos, etc.

Otro paso importante debería ser el establecimiento de un sistema enérgico de represión normativa frente al problema general del fraude, como exigir la devolución de las ayudas, inhabilitar durante un cierto periodo de tiempo para la concesión de ayudas futuras, sancionar con la pérdida temporal de determinados derechos al uso de servicios públicos de toda clase, aplicando porcentajes máximos de copago, sancionar con multas extratributarias por falseamiento en los requisitos para la asignación de ayudas ,en definitiva, ampliar las sanciones a otros ámbitos no pecuniarios de la vida diaria.

Piden que acabe la politización de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que se revitalice el Tribunal de Cuentas, de la Agencia para la Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicio y que en los Presupuestos Generales del Estado, de las comunidades autónomas y de las entidades locales establecerán, de manera sistemática, un sistema de valoración de la eficacia y eficiencia de las partidas de gastos que figuran en los mismo
También muestran su convencimiento de que es necesario reforzar la cooperación y coordinación entre el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetario (Sepblac) y la Inspección de Hacienda. Esta cooperación entiende que debería  materializarse en una mayor presencia de la AEAT en el SEPBLAC.

Y en el capítulo de los medios de pago se aboga por ampliar las restricciones a los pagos en efectivo, por ejemplo, declarando no deducibles, fiscalmente hablando, los pagos realizados con tales medios.

Y como es costumbre en todos los informes de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado reclaman a los Poderes Públicos un esfuerzo extraordinario en el incremento de medios personales para la AEAT.

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