edición: 2579 , Lunes, 22 octubre 2018
01/06/2012
LA OREJA DE LARRAZ

Los inspectores de Hacienda critican por ineficaces los penales antifraude planteados por el Gobierno

Javier Ardalán

Los inspectores de Hacienda denuncian que hasta ahora no ha existido un verdadero plan de lucha contra el fraude fiscal, que complete las medidas necesarias para cambiar la situación del fraude fiscal existente en España, según un informe presentado en los XII Encuentros Tributarios, organizados por la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado. El ponente, el inspector de Hacienda José María Pelaéz, considera que las medidas presentadas ahora para luchar contra el fraude fiscal sirven para atajar fraudes concretos, como en el presente caso ocurre con el fraude en la etapa de recaudación, en algunos sectores que tributan en módulos y en la tributación por IVA de las operaciones con inmuebles efectuadas por clientes en operaciones concursales.

Con respecto a la medida para combatir el fraude de las facturas falsas en el régimen de módulos, se trata de una medida solicitada de manera reiterada desde la Organización de Inspectores de Hacienda y consideran que es un paso más para intentar atajar la emisión de facturas falsas en este régimen de tributación, habiéndose demostrado ineficaces otras muchas medidas aprobadas con anterioridad.

Con la modificación actual, consideran que se excluye de dicho régimen a empresarios de diversos sectores que factures menos del 50% de sus operaciones particulares, que son un caldo de cultivo muy activo sobre este tipo de fraude.

Opinan los inspectores, que la amnistía fiscal supone un “mazazo” para la conciencia fiscal de los que han cumplido y un aviso a los defraudadores de que su conducta fue acertada cuando no pagaron.

También presagian que la amenaza de que el defraudador va a ser duramente penalizado si no se acoge ahora a la amnistía aprobada, no surtirá efecto si no aumentan las posibilidades de que vaya a ser descubierto, y así lo perciba el defraudador. El mero incremento pecuniario de determinadas sanciones no va a cambiar su conducta.

Solamente cambiará la conducta fiscal del que no quiere pagar sus impuestos, según señala el informe, si se acomete un verdadero plan de lucha contra el fraude, que contemple medidas de todo tipo y que tenga como resultado un incremento de las posibilidades de ser descubierto.

También están de acuerdo con los embargos preventivos, con la responsabilidad subsidiaria de los administradores carentes d patrimonio, pero con actividad regular, o con la disposición de bienes inmuebles de sociedades cuyas acciones hayan sido embargadas. Y en otro orden de cosas, la posibilidad de adoptar medidas cautelares en expedientes de delito fiscal.

Con respecto al límite sin informar de los pagos en dinero en efectivo de cantidades que no alcancen los 2.500 euros, considera que esta medida no detendrá el pago de dinero en negro. Por ello, defienden que cualquier consumidor tenga derecho a pagar con tarjeta de crédito transferencia bancaria o cualquier otro medio que deje constancia de la operación efectuada con cualquier empresario o profesional.

Interpretan que ningún español se va a sentir amenazado por tener dinero oculto porque la nueva normativa prevea que todos los documentos deberán informar sobre cuentas y valores que tengan en el extranjero, con una multa de 10.000 euros por el incumplimiento de esta obligación.

Los inspectores reclaman un incremento de los medios humanos y materiales para seguir desarrollando sus labores en la Agencia Tributaria, ya que la plantilla media supera los 50 años y en los próximos años tienen previsto jubilarse cerca de 3.000 de estos funcionarios.

En la misma línea exigen cambiar los métodos de trabajo de la Inspección, abandonando los objetivos excesivos que se asignan y aducir el número de comprobaciones, ya que en muchas situaciones no se trabaja en combatir el  fraude, sino cumplimentar las aplicaciones informáticas y estadísticas.

Y finalmente, reivindican el refuerzo de la lucha contra los fraudes de carácter organizado y delictivo y la aprobación de un Estatuto Orgánico de la Agencia Tributaria.

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