edición: 2362 , Martes, 12 diciembre 2017
03/11/2010

Los inspectores de Hacienda preocupados con la entrada en vigor de la reforma del Código Penal

Javier Ardalán
Rubalcaba acudió este martes al Congreso para hablar sobre la lucha contra el crimen organizado, y anunció que durante el pasado ejercicio se desarticularon 354 tramas de forma total y 207 de forma parcial, dedicadas al tráfico de drogas, delitos contra el patrimonio, blanqueo de capitales, delitos contra las personas y la libertad, delitos en la Red, trata de personas e inmigración ilegal y corrupción.  De ellos, siete de cada diez son de ámbito multinacional. En cuatro años se han duplicado el número de grupos criminales activos.

Se trata de una demostración de la necesidad de la entrada en vigor, el próximo 23 de diciembre, de la reforma del Código Penal, que incluye numerosos instrumentos con los que perseguir más eficazmente la criminalidad de corte socioeconómico, así como las diferentes formas de corrupción.

Así, se regula la corrupción privada, modalidad delictiva que responde a la transposición de la Decisión Marco 2003/568/JAI del Consejo relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado. Y es que, hasta ahora, el delito de cohecho sólo era aplicable si quien recibía un soborno era una autoridad o funcionario público.

El nuevo Código también castigará los actos encaminados a corromper a los administradores de entidades privadas de forma similar a lo que se hace a través del delito de cohecho. Concretamente, se incluye un nuevo Título denominado corrupción entre particulares, que se regula como artículo único (286 bis,) y que castiga, siguiendo la estructura tradicional del cohecho, tanto la corrupción activa -quienes ofrezcan el soborno-, así como a la modalidad pasiva -es decir, a quienes acepten los beneficios-.

Ojo, no obstante, a la gran bolsa de impunidad que se ha creado al eximir a las empresas públicas de la responsabilidad societaria, puesto que tampoco están acogidas a las figuras penales que rigen en el Código Penal para los funcionarios.

Con este panorama, los inspectores de Hacienda quieren liquidar y cobrar las cantidades no declaradas por los contribuyentes antes de enviar los expedientes a los tribunales en los casos de delito fiscal, lo que evitaría que la Agencia Tributaria tenga que esperar hasta diez años para percibir la recaudación, una vez finalizados los procedimientos judiciales. De esta forma, desaparecerán menos contribuyentes de los que lo hacen en la actualidad.

En un informe elaborado por la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda se aboga por la modificación del artículo 180 de la Ley General Tributaria, lo que evitaría que los funcionarios deban abstenerse de todo procedimiento tan pronto como se detecta la existencia de delito, lo que considera necesario que se incluya a los expedientes que están ya en los tribunales.

También, afirma, que es preciso cambiar el artículo 68.1.b de la Ley General Tributaria por el que se establece la suspensión de los plazos de prescripción para que Hacienda liquide cuando las actuaciones se remiten a los tribunales por delito contra la Hacienda Pública.

Los casos de delito fiscal bloqueados en los tribunales ascienden a 6.000 millones de euros, aseguran los inspectores de Hacienda. Las cuotas pendientes de cobro por delito fiscal equivalen al tijeretazo aplicado por el Gobierno a la política de infraestructuras -algo suavizado posteriormente- y no han dejado de crecer en los últimos años.

Algunas estimaciones no oficiales, sitúan el monto del fraude fiscal en España en 70.000 millones de euros al año, entre un 20% y un 25% del PIB, el doble que la media europea. En cuatro años, el período que la normativa tributaria establece para la prescripción,  suponen cerca de 280.000 millones.

Y no sólo es el gran fraude fiscal lo que preocupa, sino también el pequeño fraude. Por poner un ejemplo, en 2006-2007 (últimos años contabilizados oficialmente), el fraude en los alquileres de viviendas no declaradas rondaba los 200.000 millones de euros, lo que supone que la bolsa de fraude es superior a todo el recorte presupuestario que ahora se propone el Gobierno.

El informe critica también que en la mayoría de los casos esas cantidades, recurridas hasta el final por los presuntos deudores, no vengan respaldadas por medidas cautelares que garanticen el cobro.

No obstante, el director de la Agencia Tributaria, Juan Manuel López Carbajo, ya ha matizado estos datos, al señalar que en la actualidad la casi totalidad de las cantidades recurridas ya cuentan con aval y están aseguradas para Hacienda.

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