edición: 2725 , Lunes, 27 mayo 2019
21/11/2008

Los inspectores quieren evitar que las filiales españolas sigan eludiendo el pago de impuestos

Javier Ardalán

Los inspectores de Hacienda, que se reúnen estos días en Valencia para estudiar las nuevas formas de defraudar al Fisco de las tramas de empresas, quieren que el Gobierno español ponga solución, mediante la reforma del artículo 20 del Reglamento de la Ley General Tributaria, a la pérdida de miles de millones de euros que todos los años se produce en la recaudación del Impuesto sobre Sociedades, debido al endeudamiento de las filiales españolas de las multinacionales frente a las filiales de los países con un trato más benigno o incluso nulo. El problema es que el Gobierno español se enfrentaría en el caso de adoptar esta medida con la Justicia Comunitaria, que tiene ya incluida en su doctrina que es imposible ponerle límites al endeudamiento entre filiales, puesto que forma parte de la libertad de movimiento de capitales, salvo en el caso de que se trate de sociedades con residencia en paraísos fiscales.

La solución que se ha aportado en Valencia, lugar donde se celebra el XVIII Congreso de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado, es imponer a los endeudamientos entre empresas del mismo grupo un tipo de interés de mercado y un porcentaje de endeudamiento neto remunerado sobre los recursos propios de la sociedad española, sin afectar a la libertad de empresa para decidir el grado de endeudamiento del grupo.

Esta posibilidad sí que podría contar con el respaldo de los tribunales comunitarios, que ya se han mostrado una vez dispuestos a acptar la imposición por els Estados miembros de la UE de ‘cláusulas antiabuso La solución que se ha aportado n Valencia, lugar donde se celebra el XVIII Congreso de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado, es imponer a los endeudamientos entre empresas del mismo grupo un tipo de interés de mercado y un porcentaje de endeudamiento neto remunerado sobre los recursos propios de la sociedad española, sin afectar a la libertad de empresa, aplicables, únicamente, a operaciones internacionales.

Esta forma de operar se conoce entre los miembros de la Inspección de Hacienda como ‘subcapitalización deliberada’, que consiste en que un grupo internacional en el que la filial española esté fuertemente endeudada con otras empresas del grupo sometidas a menor tributación, evita el pago del Impuesto de Sociedades en España.

En la actualidad existen Estados como Irlanda o Bélgica donde los tipos de Sociedades son muy bajos. Para justificar este endeudamiento, las entidades españolas adquieren activos, cuyos rendimientos no tributan en España, tales como participaciones en sociedades del grupo, cuyos dividendos están exentos de tributación  en España.

La situación actual, es que solo están regularizando su situación aquellas empresas que han incurrido en los supuestos más graves. La necesidad de tramitar expedientes muy complejos y de utilizar el último recurso del ordenamiento jurídico implica que sólo aquellos supuestos de subcapitalización más extremos. Esto conlleva que importantes reducciones de la base imponible de Sociedades no sean regularizadas, con la consiguiente pérdida de recaudación.

Como era de esperar, a la luz de la postura de la Justicia comunitaria, la litigiosidad  en estos supuestos es elevadísima.

Si la Justicia comunitaria no aceptase la propuesta realizada por los inspectores, éstos han apuntado una nueva posibilidad, que consiste en aplicar una limitación general a los gastos financieros internos internacionales; estableciendo a continuación la posibilidad de que estos ingresos financieros no tributen si corresponden a una empresa en España y arbitrando acuerdos con otros Estados para que tampoco lo hagan en sus territorios. De esta forma, las filiales españolas de las multinacionales terminarían tributando en España.

Los inspectores de Hacienda se han felicitado por la reforma que se está llevando a cabo en el Impuesto sobre Sociedades en torno a la valoración de los precios de transferencia entre sociedades vinculadas.

Finalmente, solicitan del Gobierno que impida a las entidades financieras tener sucursales en paraísos fiscales; el establecimiento de un tributo sobre las transacciones financieras con origen o destino en este tipo de países; y, finalmente, que se niegue la personalidad jurídica a las sociedades constituidas o domiciliadas en paraísos fiscales.

Estas tres propuestas han formado parte de las medidas planteadas por España en la reciente reunión del G-20, celebrada este pasado fin de semana.

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