edición: 2596 , Jueves, 15 noviembre 2018
08/02/2011
Quieren que Moncloa haga valer el factor regional

Los intereses autonómicos desfiguran el mapa energético al Gobierno

Vara estudia recurrir ante el TC el recorte fotovoltaico; junto a Barreda y Griñán exige excepción para las regiones de más intensidad solar
Barreda impone un canon eólico, los socialistas castellanos frenan Sama-Velilla, el PSdG no despeja el RD del carbón con la Xunta
Chaves y Griñán se niegan a la prospección de hidrocarburos que Industria aprobó y a la eólica marina en Cádiz
Javier Aldecoa

Le enseñan sus ‘lanzas’ y la altura de sus fronteras. Los presidentes autonómicos socialistas buscan sitio, con la venia de Moncloa y de Marcelino Iglesias, en una mesa en la que Sebastián hace ver que da por encajado su puzzle energético: el déficit de tarifa, la contención de las primas renovables, la guerra judicial con las eléctricas y el impasse del carbón. La amenaza de Fernández Vara de llegar al TC si las fotovoltaicas no obtienen una excepción en los recortes del RDL 14/2010 para las regiones con más horas de sol es sólo la más ‘vistosa’ de las grietas de los desencuentros -carbón, redes eléctricas, hidrocarburos, instalaciones nucleares y fiscalidad verde- en el mapa de la energía de Zapatero. Los ‘barones’ pelean también en Aragón y País Vasco los recortes renovables, exigen ante Bruselas transponer la Directiva 2009/28/CE y el autoconsumo, distribuido o municipal. Extremadura, Andalucía y La Mancha acumulan el 80% de la solar instalada, quieren compensaciones eólicas en el próximo registro y seguridad termosolar y están dispuestos a hacerla valer ante Obama y sus inversores. Si Sebastián consiguió que Herrera se piense dos veces el canon a la hidráulica y las redes en Castilla León, Barreda se sube, a destiempo, a una ola de fiscalidad autonómica que en dos años se incrementó un 37% para las eléctricas. Y son los socialistas leoneses, que abocaron a Sebastián junto con Areces a reclamar -a disgusto- en Bruselas la prórroga del Reglamento del Carbón hasta 2018 los que ahora se siguen oponiendo a la Sama-Velilla imprescindible para REE y las térmicas y le disputan hasta la gestión estatal de los fondos mineros.

Si el PP podía estar dispuesto a aceptar el ATC en Valencia a cambio de la recuperación de Garoña, el PSOE castellano-leonés con López en cabeza se lo echaba atrás en el Pacto Social, a pesar de ponerle alfombra roja en Saelices al regreso de la extracción de uranio. Sin el Secretario de Estado Marín, no hay apenas puente de los ‘barones’ e Industria: en la Convención de Zaragoza intentaron un acuerdo para un sistema interautonómico y revivir la Conferencia Sectorial de Energía que Zapatero prometió al calor de la Ley de Economía Sostenible. Quieren sitio específico, junto a Economía y los miembros de los sindicatos, en el Grupo de Trabajo de la Industria y Energía para el Diálogo Social Reforzado y en la propuesta de Industria recogida en el Plan de Acción Industrial (PIN 2020) de liberalizar la tarificación eléctrica y reducir la TUR. Las CCAA socialistas influyeron ya para la amnistía de facto en la fotovoltaica confesa de fraude con el Real Decreto de Transitividad y para que Moncloa revocara el ATC de Sebastián, blinde la tarifa eléctrica en 2011 y congele el debate del ‘céntimo verde’ y el debate nuclear hasta 2015.

Se aferran a sus estandartes. Y, con el cristal de sus intereses, le distorsionan a Moncloa y a Castellana 160 la hoja de ruta que intenta bocetar. Que la energía es también cosa de los ‘barones’ de Ferraz no es nada que se cuestione en los despachos de José María Barreda. Tampoco, que desde hace meses, se cocina de espaldas a los mapas y los calendarios de Miguel Sebastián. Buscaba la batuta de un coro de voces disonantes que ha terminado para Sebastián por acunar las decisiones energéticas del Ejecutivo con una mano en Moncloa, otra en Castellana 160 y una tercera en Ferraz. Desde que en enero de 2010 el presidente castellano-manchego le declaraba la guerra (“con ministros así se entienden los problemas del Gobierno”), en la Junta han despejado la interlocución directa con Zapatero, Chaves, o incluso Salgado para todo lo que lleve apellidos energéticos. Una senda que han intentado seguir Andalucía, Extremadura, o Aragón y que Sebastián sólo pudo intentar neutralizar con la mediación de su ex Secretario de Estado, Pedro Marín. Nada que no haya vuelto de nuevo a la mesa de Moncloa y de Ferraz, nada menos que en la Convención socialista autonómica, la semana pasada. 

El PSOE, además de proponer en Zaragoza a sus ‘barones’ que cada comunidad fije por ley su propio techo de gasto en cada ejercicio y que haya una armonización concertada de las cláusulas de contratación, es partidario de establecer compromisos de creación de órganos únicos interautonómicos (con o sin participación estatal) que sustituyan a organismos análogos ya existentes en cada comunidad, como los de política  energética. Nada que Moncloa no hubiera escuchado ya antes de boca de las CCAA socialistas: trató de darles respuesta con La Ley de Economía Sostenible, o al menos sitio con la Conferencia Sectorial de Energía que verá la luz al calor de la LES. Un foro que, bajo la aspiración oficial de “planificar el suministro eléctrico y la estabilidad de la red” y “coordinar el ahorro y la eficiencia”, apuntará a que todos los presidentes autonómicos le pongan sus brújulas al mapa energético nacional en todas sus dimensiones.

Ni las denuncias de las asociaciones y las patronales eólicas, ni los avisos de deslocalización de la industria renovable ante una medida que supone un 1,6% de la facturación de las pequeñas eólicas y a la que el presidente de Gamesa, Jaime Calvet no dudaba en ponerle apellidos -“impresentable”- impedirán que la Junta de Castilla la Mancha cobre hasta 1.275 euros por cada aerogenerador instalado en la región desde marzo o abril, más de 15 millones sólo en su primer año. Menos aún lo impiden los alegatos desde el ministerio de Industria. El pulso del canon eólico llueve sobre mojado en un mapa a 17 velocidades en las que las CCAA y los municipios tienen en sus manos las licencias para la entrada en funcionamiento de las instalaciones energéticas y en muchas ocasiones el criterio del “consenso social y político” (como ha sucedido con el ATC, o la eólica offshore), la letra pequeña de los Planes de Ahorro y Eficiencia (cuyo coste desde el RDL 14/2010 asumirán las empresas eléctricas), la llave para definir sus objetivos de cada tecnología de generación eléctrica, o de emisión de CO2 y la potestad, por ejemplo, para optar si invierten en una red de electrolineras (como la que promueve el ente vasco de energía), o en la “combinación” a partes iguales en su “mix de carbón y renovables” que promueve el presidente castellano, Juan Vicente Herrera.

Que la fiscalidad energética a Sebastián se le ha escapado ‘por barrios’ hace ya mucho que lo asumieron en Castellana 160. Le ponía cifras UNESA: en tan sólo tres años, la presión fiscal sobre las empresas energéticas ha crecido desde el 22,7 hasta el 30,5%; un 20,1% equivalente a impuestos sobre valor añadido bruto y un 10,4% sobre las ventas. No sólo tasas específicas a actividades energéticas, como el canon eólico en Galicia (unos 40 millones de euros al año), o la producción de las centrales nucleares, en Castilla-La Mancha o Extremadura (el 8,8% sobre las ventas), sino también tasas por ocupación del dominio público, gracias a la reforma introducida en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) a finales de 2009. “Crisis es crisis”, alega el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, que prepara otro gran concurso eólico de 1.200 Mw y aprovechará la Ley del Canon Eólico para establecer un incremento de entre el 20 y el 40% de las tarifas del Impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente, que grava la producción nuclear de energía eléctrica, el almacenamiento de residuos radioactivos o la emisión de elementos contaminantes a la atmósfera y llegar a un techo de 27 millones de euros anuales.

No es nada que impidiera al ministro enviar a su Secretario de Estado Fabricio Hernández y explorar algunas vías en Ferraz para intentar neutralizar una nueva ola de fiscalidad ‘energética’, aunque sea autonómica o local que amenaza por partida doble sus estrategias y arrincona por partida doble a los eólicos (sin otras tasas compensatorias). Y es que Barreda salta con su nuevo impuesto una línea roja bajo la mesa de Industria -‘no meneallo’ con más cargas a las empresas-, justo ahora que el Ministerio espera que Herrera dé marcha atrás en sus planes para imponer una tasa a las grandes eléctricas -a la producción hidroeléctrica y las redes de transporte de alta tensión- en Castilla y León, con el que pretendía en noviembre gravar hasta un 15% de la energía en esa comunidad y le supondría más de 50 millones de euros anuales. Además, el canon de Barreda llegaba por sorpresa para las renovables, ahora que las patronales eólicas habían aceptado la rebaja del 35% de la prima de referencia hasta finales de 2012 y la reducción de horas en el RD 1565/2010, a cambio del compromiso de Castellana 160 de retomarlas en dos años y empezar a despejar el día después -retribución y cupos- de un pre-registro que acaba en 2012 y ya ha colapsado sus costuras.

La iniciativa castellano-manchega suma y sigue en una tierra de nadie que ha terminado por dejar a las eólicas en particular amuradas en un mapa de carreras autonómicas a 17 velocidades, entre los olvidos de Madrid (sin luz ni cupos más allá de 2013) y las presiones de las Autonomías para acudir a sus concursos con la única certeza de su obligación de invertir más de 8.900 millones de euros en esos proyectos y al menos otros 3.000 en proyectos asociados. Ni rastro de un horizonte fiscal despejado a medio plazo. Industria agotaba su segunda intentona para cualquier fórmula de ‘céntimo verde’, en noviembre y diciembre, al calor del paso por el Congreso de la Estrategia Energética a 25 años de la Comisión de Industria. Para satisfacción de Presidencia y sobre todo de Hacienda -nada partidarios de más cargas fiscales  que recaigan en los consumidores y menos aún si son finalistas- la negativa en su momento del PP al ‘céntimo verde’ y la matización del modelo de Estrategia Energética avalado por la Cámara Alta se lo ponen más difícil a Industria para revivir en el medio plazo una promesa electoral incluida en 2008 por el PSOE  en el borrador de su programa y que luego ‘dejó caer’.

ESCARAMUZAS RENOVABLES CON APELLIDOS AUTONÓMICOS

No hacía falta que lo evidenciara en la Convención socialista de Zaragoza del 30 de enero para que en todos los rincones de Ferraz entendieran la dimensión de la batalla fotovoltaica que la Junta de Extremadura está dispuesta a librar ante Madrid y ante Bruselas, pero Guillermo Fernández Vara lo hizo ante sus 2.500 ‘pares’ autonómicos y municipales. “Si las fotovoltaicas y las termosolares hubieran estado en el norte y no en el sur" no se hubieran presentado las mismas enmiendas en el Congreso y en el Senado al decreto que las regula, denunciaba el extremeño, que hace ‘causa regional’ de la renovable. Y es que, si Sebastián buscaba asegurar la incontestabilidad de los ajustes a la fotovoltaica con una disposición adicional en el Real Decreto Ley 14/2010 para la corrección del déficit, de tarifa, en realidad destapaba la ‘caja de Pandora’ de las CCAA -por sí solas y ante Bruselas- y la guerra judicial de 50.000 instalaciones, la mayoría pequeños inversores particulares con créditos garantizados con las primas.

No sólo porque, a falta de opciones directas a domicilio para exigir la nulidad del Real Decreto Ley en el Supremo o la Audiencia Nacional, sólo podrán hacerlo el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 diputados, 50 senadores y los parlamentos y ejecutivos autonómicos. Es que el ajuste en la retribución del Régimen Especial topa en la línea de flotación de las autonomías socialistas, las que más apostaron por el boom solar en sus dos vertientes desde 2007. Ya la presión de algunas CCAA, con Navarra y Extremadura en cabeza (Canarias, Murcia y la Comunidad Valenciana en segunda línea), y el PSC han promovido la enmienda para que el ICO (en su línea de innovación) cubra las refinanciaciones de las plantas que lo requieran y que el “recorte temporal” de entre un 20% y 30% de sus ingresos anuales que sufrirán en los próximos tres años (de 2011 a 2013) las fotovoltaicas por el techo de horas de producción no pueda ser reproducido en lo sucesivo con nuevos recortes retroactivos.

En cambio, no prosperó ninguna de las otras enmiendas para paliar el recorte a los pequeños productores, que proponían CIU y PNV. Nada suficiente para el presidente de la Junta de Extremadura, ni -aunque en esta avanzadilla se atrincheren en el silencio- para Griñán y Barreda. Fernández Vara “no está dispuesto a que todas las regiones sean metidas en el mismo saco” del decreto sobre fotovoltaicas. Además de dejar de percibir 420 millones, los recortes de la nueva normativa -que limita a 1.707 las horas de producción de una planta- en Extremadura, que dispone de más de 2.300 horas de sol al año, rondarán el 30%. Buscan alternativas en el autoconsumo, la generación distribuida y los acuerdos con las administraciones. Lo hacía Mérida: se acaba de convertir en la primera ciudad extremeña en implantar placas fotovoltaicas en edificios municipales, comenzará  su instalación en octubre de 2011. Y con o sin recurso al TC, la Junta de Extremadura aspira, en realidad, a garantizar in extremis una ‘excepción positiva’ que salve a los 490 Mw de potencia que ya tiene la región en funcionamiento. O, en su defecto, a dejar hacer alguna otra fórmula de compensación renovable: Fernández Vara, exige al Gobierno central “que en el nuevo proceso de preasignaciones de parques eólicos se valore que en la región no hay aún ninguna planta”.

Las presiones regionales -con los ‘barones’ de Ferraz al frente- intentan buscarle sitio al día después de la entrada en operación de los 5.800 Mw eólicos adjudicados en concursos regionales sin sitio en el registro nacional y a todos los proyectos industriales. Les corresponde un tercio al fin y al cabo. El discurso oficial del Consejero de Industria José Luis Navarro, “comparte la reducción directa en la tarifa para las futuras plantas, así como la limitación en el número de horas con derecho a la retribución”, pero baraja las actuaciones legales a su alcance “para intentar que se corrija la discriminación que supone para Extremadura la aplicación del RDL 14/2010”. En los Ejecutivos de Sevilla, Cáceres y Toledo buscan hacer valer las cinco zonas climáticas durante los 28 años de vida de las plantas que el propio Ministerio de Industria reconocía en la regulación de la solar fotovoltaica, hace tres años. Con la letra pequeña del Real Decreto Ley y sus ‘olvidos’Industria -recorta el número de horas sujetas a prima, no las primas, para no ir más allá de la retroactividad impropia- Industria ha acabado por proponer recortes horarios iguales para todas las Comunidades Autónomas -al margen de su exposición solar y el techo de potencia de instalaciones- y siembra, con ellos, otro nuevo frente de batalla: el de las comunidades autónomas hasta ahora más ‘solares’.

No es casualidad que -para satisfacción de la patronal Aprean-, además de adaptan los plazos de puesta en servicio de las instalaciones y de ejecución de los planes industriales asociados y flexibilizar sus requisitos,  la Junta de José Antonio Griñán haya decidido devolver los avales que las empresas depositaron por los 500 Mw en liza en la Comunidad, que han topado con el registro de preasignación del Ministerio de Industria. Ya las presiones de las CCAA socialistas influyeron para la amnistía de facto en la fotovoltaica confesa de fraude regulada con el Real Decreto de Transitividad del 5 de agosto. El Presidente del Gobierno y la necesidad de no contrariar a Griñan, Vara y Barreda -con el 80% de las plantas fotovoltaicas bajo sospecha- ni  abrir una nueva guerra con las Comunidades Autónomas (las plantas contaban con los permisos regionales) optaron por permitir la ‘amnistía’ a las plantas que confesaran haber cobrado en fraude las primas más altas del RD 661/2007. Una opción escogida a pesar de las advertencias de las propias asociaciones fotovoltaicas y que sólo permitirá a Industria recortar las facturas de la FV en menos de 60 millones de euros.

Entretanto, Andalucía, Extremadura y Castilla la Mancha, que concentran el 80% de las renovables solares, buscan claridad en el nuevo PER que el IDAE el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético- del Ministerio de Industria tiene que definir este semestre; quieren sitio además para la biomasa, al fin y al cabo, con un 9% de la potencia prevista instalada sólo (marcaba un objetivo de generación de electricidad de 13.574 kilo toneladas equivalentes de petróleo (ktep), es una de las renovables que más empleo directo genera (no es casualidad que Andalucía subvencione entre un 60% y un 80% del coste total de una nueva instalación. Y exigen más sitio en el nuevo Plan de Ahorro y Eficiencia energéticos, cando llegue.

Pero sobre todo, Sebastián, los barones y el lobby americano presionan para salvar la excepción termosolar del ‘pinchazo’ renovable. Industria sopla sobre un Plan de Renovables que aspira a quintuplicar su músculo termosolar en menos de tres años y hacerlo sin levantar los rescoldos aún calientes con el otro sector solar, el fotovoltaico. Por eso, junto a los presidentes de Andalucía, Extremadura y Castila la Mancha -con un 85% de las plantas- no quieren que nadie se eche atrás. Para las CCAA supondrá inversiones -300 millones por planta-, trabajo -hasta 5.000 empleos en cada proceso- e impuestos locales -una media de 12 millones-; para Sebastián, los galones de líder mundial que acaba de colgarse y la contraprestación del blindaje a las inversiones españolas en EEUU, que no quiere poner ya más en riesgo. Revisar las inversiones solares, no sólo fotovoltaicas, es parte de la misión del enviado de Obama que llegará a Andalucía en este semestre. Lo saben Vara, Griñán y Barreda, ya en 2009 vieron los resultados del lobby: con ayuda de Washington consiguieron que el Senado echara atrás el intento por invalidar el registro termosolar.

Ni los socialistas aragoneses, ni los vascos han digerido el ‘aterrizaje’ renovable de Sebastián. Se lo recordaba, en plena Convención de Zaragoza, alcalde Juan Alberto Belloch, que acogerá este año la Wind Power Expo: quieren “energías renovables e innovación” para la economía de futuro.  El lehendakari pedía en Abu Dabi más ambición en energías renovables. El Gobierno Vasco se ha comprometido, de aquí a 2020, a reducir la emisión de gases invernadero en un 20%, a aumentar en un 20% la producción de energías renovables, e incrementar en otro 20% el rendimiento energético. Las CCAA socialistas ejercen la presión conjunta otra vez, para que Moncloa cumpla la transposición de la Directiva 2009/28/CE, que regula el fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, está en vigor desde el 5 de junio y debe ser transpuesta a la regulación española. Sólo así podrían las CCAA españolas receptoras de instalaciones eólicas beneficiarse de fondos de consumo eléctrico procedentes de otros países de la UE para ayudarles a conseguir sus objetivos nacionales en renovables. Sebastián y el ya ex secretario de Estado Marín tenían en su mesa desde hace meses los avisos de los expertos: la sobrecapacidad eólica, las grietas entre la intención regional y la financiación estatal podrían llevar a que un buen número de parques en los próximos años tuvieran que producir energía sin prima y a precios libres. Casi el 78% de la potencia instalada en 2009 procedió de tres Comunidades: Andalucía, Castilla y León (548,68 Mw), con un incremento del 16,5% y Valencia (289,75 Mw), con un avance del 41,6%.

LA GUERRA AUTONÓMICA SUMA Y SIGUE CON LOS MAPAS DE CHAVES

Quiso -a domicilio, en plena campaña andaluza- poner ‘tiritas’ populistas a heridas que no existen y hacer ver que apagaba el ‘fuego’ de la prospección de hidrocarburos en las costas de Andalucía y Valencia, aunque ha tenido que un paso atrás en su retórica y dejarse caer en menos de dos semanas, del ‘nunca jamás’ al ‘primero sólo investigación’. “Nadie va a sacar gas o petróleo de la Costa de Málaga. Que nadie se preocupe de algo que no va a pasar”, “para no perjudicar al turismo” prometía Manuel Chaves, de espaldas a los permisos (de exploración, para labores de investigación que pueden llegar a durar a cinco años) en Luena y en las costas de Málaga, Cádiz y Valencia concedidos por el Consejo de Ministros el 23 de diciembre mediante Real Decreto y que el Ministerio de Industria es partidario de incentivar para superar una dependencia energética que en hidrocarburos supera el 99,5%. CNWL Oil ya solicitó los cuatro permisos de prospección Chinook en diciembre de 2006 al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Ahora, el inicio de la investigación solo depende de que consiga una declaración de impacto ambiental favorable.

Las prospecciones de la compañía canadiense se suman a las que planea realizar Repsol en una zona a nueve kilómetros al sur de Mijas y a 12 al suroeste de Fuengirola, en su proyecto Siroco, unos trabajos de búsqueda de hidrocarburos que la petrolera que  dirige Brufau planeaba iniciar durante el primer semestre de este año, pero para los que (con permiso desde 2004) no hay tanta prisa, ya superaron en su momento la fase de alegaciones. Repsol dispone desde hace años con el beneplácito del Ejecutivo gracias a los permisos para Siroco A, B y C que en 2004 le otorgó el Ministerio para poder explorar una superficie de 307 kilómetros cuadrados entre Mijas y Algarrobo y un cuarto permiso, el Siroco D, que le da derecho a explorar una superficie de 13.384 nuevas hectáreas pero que finalmente no utilizará debido a los buenos resultados que ya obtuvo en el barrido sísmico que llevó a cabo en 2005 en la zona donde ahora pretende abrir el pozo de exploración. Nada que Chaves y Griñán estén ahora dispuestos a desbloquear: necesitarán con carácter previo a la ejecución de cada trabajo de prospección la correspondiente autorización administrativa.

Se han subido al “no a las prospecciones” a contrapié del Consejo de Ministros y de los mapas de Castellana 160, aunque investigaciones como las del investigador del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (IACT) y catedrático de la Universidad de Granada Juan Ignacio Soto aseguran que los trabajos para investigar la existencia de hidrocarburos en la costa andaluza, para los que el Gobierno ha concedido los correspondientes permisos, "no ocasionan daño alguno al litoral andaluz". Además, el Gobierno ha aprobado los términos de actuación en los que se tienen que desarrollar las exploraciones para evitar cualquier riesgo. Lo saben en la administración cántabra socialista: allí, no ha habido ni un pulso energético, ahora que el Ministerio de Industria ha concedido a Repsol el permiso de investigación de hidrocarburos entre Cantabria y Castilla y León, en una zona próxima a Luena, con un proyecto que prevé una inversión mínima de 30 millones de euros en seis años para investigar si podría haber algún yacimiento de hidrocarburos en una zona de algo más de 74.628 hectáreas.

No es nada nuevo. Miguel Sebastián conoce ya el tamaño de los muros energéticos de Manuel Chaves. Fue el vicepresidente tercero el que asumió desde agosto de 2009 la capitanía del Plan Garoña -a pesar de que el Reindus era competencia de Industria- y terminó por rebajarlo en un 30% y asumir el tijeretazo de Blanco, que fagocita el 80% de los fondos destinados a infraestructuras. Fue también Chaves el primer enviado de Moncloa para desbloquear el ‘contencioso’ del carbón cuando, en los primeros meses de 2010 los puentes entre Areces, Herrera, Iglesias y Sebastián estaban rotos. Y el ministro aún no ha conseguido zafarse de los muros que dejo Chaves levantados en Cádiz a la renovables offshore durante su etapa como Presidente de la Junta de Andalucía. Y es que, dos años después de establecer Industria su mapa nacional y dar el pistoletazo formal a los proyectos pendientes y a pesar de que el Paner enviado a Bruselas en julio prevé 3.000 Mw de esa tecnología en 2020, la eólica marina, llamada a hacer de Andalucía su ‘invernadero’ inicial, sigue estancada en el triángulo de las Bermudas de los vaivenes de Ferraz, Moncloa y el Palacio San Telmo: mientras en la provincia, los socialistas de Barbate, Conil y Vejer insisten en que mantendrán su postura de rechazo, desde el PSOE regional, y sobre todo nacional, ahora aceleran los relojes de los molinos marinos. 

Ni el respaldo de los ecologistas, el impulso de la Universidad de Cádiz y hasta la implicación accionarial de la diputación junto a Mantel han conseguido hasta ahora despejar el futuro de los 1.000 megavatios y los 2.500 millones de inversión del parque eólico marino Las Cruces del Mar que se proyecta frente a la costa de Chipiona. Ni siquiera los vientos de las peleas de Griñán -dispuesto a barrer la huella de los recelos de Manuel Chaves- han podido aún desbloquearla en Cádiz, la que iba a ser su puntal, a pesar de que Navantia quiere que la fórmula de su diversificación industrial pase por ligar su futuro a la fabricación de los aerogeneradores para la eólica del mar en la Bahía de Cádiz. Tan avanzados están sus planes, que el consejero de Innovación de la Junta de Andalucía, Martín Soler, ya había notificado a principios de 2010 la firma de un acuerdo con Navantia para la puesta en marcha de un proyecto de investigación sobre tecnología para plataformas eólicas marinas, que permitirá no sólo la instalación de estas centrales en la costa andaluza, sino también la creación de fábricas de producción. Una expectativa que la salida de Aurelio Martínez y la llegada a la dirección de Navantia, en su lugar de Luis Cacho se ha acelerado. La empresa participada por la SEPI ya había adelantado que los astilleros de Puerto Real y Fene-Ferrol eran los más adecuados para acoger este tipo de actividad ya que son muy grandes y tienen una importante estructura que se puede aprovechar para energías offshore.

EL CARBÓN AÚN LE ‘MANCHA’ POR REGIONES

El presidente castellanomanchego cierra filas incluso con la última escaramuza energética pendiente de Moncloa, la del carbón: no ha dudado en exigirle a María Dolores de Cospedal y a su homólogo castellano-leonés, Herrera, que exijan al Presidente Núñez Feijoo la retirada por parte de la Xunta del recurso judicial contra el Real Decreto de incentivo al consumo del carbón autóctono, el único que ahora (tras la retirada de las cautelares de las eléctricas) impide la aplicación. Barreda no lo oculta, quiere soluciones para la cuenca minera de Puertollano (Ciudad Real). Pero ni siquiera, la ‘paz del carbón’ está despejada, al unísono con Sebastián en los mapas y los calendarios de Ferraz y sus administraciones autonómicas. Después de un semestre de presidencia española de la UE en la que Sebastián se negaba a incluir el Reglamento comunitario de ayudas del carbón entre las prioridades de los Veintisiete y dejó al ya ex Secretario de Estado Pedro Marín la interlocución con el sector minero y las autonomías carburíferas (cuatro de ellas socialistas), el Ministro estaba dispuesto a conformarse con la resolución de la CE de acabar con las ayudas hasta 2014.

Fueron precisamente el Presidente y algunos barones de Ferraz (Areces, Iglesias y Griñán) los que lideraron el lobby ante Bruselas por la prórroga hasta 2018 al Reglamento de Ayudas Comunitarias al Carbón. Y los que han forzado el paso atrás del ministro, dispuesto ahora a que entre en vigor el Real Decreto sin esperar por la resolución de fondo del TUE. Pero lo hacían, de paso, chocando a ojos vista todas las lanzas con el Secretario General del PSdE, Manuel Pachi Vázquez, que en noviembre y diciembre aún acudía a marchas contra el carbón en Galicia, se oponía, cara a cara, a la certeza de Espinosa de que el Real Decreto no “provocaría daños al sector energético gallego”. Y acusaba a Moncloa de solventar la situación del carbón español “a costa de Galicia”. En su discurso formal, están los 3.500 trabajadores dependientes del carbón que trabajan en As Pontes y Cerceda (A Coruña) cuyas centrales trabajan con carbón de importación.

Un argumento que lo hermanaba con las eléctricas propietarias de las térmicas y -paradojas políticas- con Núñez Feijoo y que, tras los esfuerzos de Ferraz, Vázquez sólo se ha comprometido a bajar de volumen. Ya en diciembre, para evitar que la brecha entre regiones con intereses mineros gobernadas por los socialistas se hiciera más grande, en la sede del PSOE en Madrid, en la madrileña calle de Ferraz, tuvieron que reunir al secretario de Organización del PSdeG, Pablo García, y al alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, con los ‘enviados’ de Sebastián del Ministerio. Aunque fue él y no el Presidente de la Xunta, ni el Consejero de Industria, Javier Guerra, el llamado desde diciembre a una Comisión de Seguimiento de las térmicas gallegas creada por Sebastián -aunque sin su presencia- y estaba llamado a ser uno de los puentes para intermediar con la Xunta (aún sin respuesta en la oferta que remitieron a Castellana 160 en diciembre), ahora de nuevo Feijóo negocia con Zapatero ante el silencio de Vázquez y es el ministro de Industria, José Blanco, el que asume la capitanía del trabajo de lobby con el que desbloquear la negativa gallega.

Ahora, la tregua’ del carbón con los barones socialistas de Aragón y Asturias está además a punto de reabrirle a Industria y Moncloa, a cambio, otras de sus escaramuzas colaterales: en primer lugar, la de los Fondos Mineros 2006-2012, que -como explicaba en sede parlamentaria la Subsecretaria de Industria-, tienen aún 521 millones sin haberse ejecutado en estos cuatro años, aunque sólo 125 “a la espera de proyectos”. En las siete autonomías afectadas, no sólo rompen lanzas PP y PSOE, en las filas socialistas hay partidarios de una gestión directa, sin intermediación autonómica, que quieren que Industria y Moncloa sopesen ahora, a las puertas de tener que decidir el futuro y el modelo de un nuevo Plan. En segundo lugar, la del despliegue de la línea de alta tensión Sama-Velilla, que el presidente Zapatero incluyó desde el primer momento en su ‘menú de Rodiezmo’ y que ahora, se había convertido en parte del acuerdo de Miguel Sebastián con las eléctricas para retirar sus denuncias ante el TUE de Luxemburgo. Nada que la oposición abierta de los socialistas castellano-leoneses haya permitido, a pesar de que desde 2007 y de que los planes iniciales de Atienza aspiraban a que estuviera ya en funcionamiento en 2011.

A finales de verano de 2010, ya REE tuvo que mostrar los avances en la construcción de las líneas Soto-Penagos y Pesoz-Salas, para evacuar la energía a través de ellas, debido al retraso de la Sama-Velilla. A  pesar de la aceptación expresa del Gobierno de Vicente Álvarez Areces, los socialistas de León y Palencia le hacen saber a Sebastián que no están dispuestos a asumir el impulso al proyecto de Red Eléctrica de España de construir una línea de alta tensión entre los municipios de Langreo (Asturias) y Velilla del Río Carrión (Palencia) atravesando la Cordillera Cantábrica. Un proyecto, en desarrollo desde hace dos décadas, que plantea una doble línea de 800 KV sin la cual -como advierten los técnicos del equipo de Luis Atienza- ni la evacuación de los excedentes energéticos fuera de Asturias, ni la viabilidad de los cinco ciclos combinados afectados, ni de futuros proyectos eólicos de las dos autonomías ni el AVE asturiano estarían aseguradas. Industria –al menos ésa fue la consigna al presidente Herrera en su reunión bilateral en enero- sólo deja la pelota en manos del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, para que debe analice las 27.000 alegaciones que se han presentado contra el proyecto presentado por Red Eléctrica Española por parte de colectivos sociales, empresariales y políticos y que, aunque se cerró su plazo hace más de un año, aún no han recibido respuesta. Los últimos plazos de Red Eléctrica Española fijaban la conclusión del proyecto para 2012, algo que ya se da por descartado, a la vista de que la ejecución material de la línea eléctrica tiene una duración estimada de entre 18 y 20 meses y de que tras la autorización de Medio Ambiente requiere otra resolución de Industria.

SIN SALIDA A LA CERRAZÓN NUCLEAR AUTONÓMICA

Sebastián no consigue zafarse de las ataduras nucleares que ha heredado de De la Vega y de Zapatero y que las contradicciones de las autonomías afectadas siguen incubando desde entonces. La ex ‘vice’ le aplicó sus galones de mando en junio de 2009, cuando en persona asumió el anuncio de la decisión del cierre de Garoña en 2013, en contra del criterio público del ministro y del informe técnico del CSN. Y lo hizo en septiembre de 2010, dejando en el limbo al ATC ante las protestas -entonces- de Manuel Chaves y los socialistas valencianos, dispuestos a aceptar la ubicación en Zarra. Si en Castellana 160 pensaron que la Subcomisión de Estrategia Energética del Congreso -primero-, la Ley de Economía Sostenible –después- y ahora el Pacto Social iban a ser el escenario de la ‘rehabilitación’ nuclear de Zapatero ante la cerrazón de la central burgalesa, ahora ya sabe que no será así. Todo lo contrario. El Plan de Acción de Energías Renovables (Paner) 2020 con el que España certifica sus previsiones ante la Unión Europea descuenta ya la capacidad de generación de Garoña desde 2013. La Ley de Economía Sostenible mantiene el plazo de 40 años que justificó el cierre de Garoña. Y eran en enero fuentes de Ferraz y el presidente de la Fundación Ideas -Jesús Caldera- los más diligentes en cortocircuitar los esfuerzos de Moncloa por barajar juntas las pensiones y Garoña. Y Óscar López, secretario autonómico y candidato del PSOE a la presidencia de la Junta de Castilla y León, el primer interesado en asegurar -contra la voluntad del PP y del Ministerio- que la central nuclear de Santa María de Garoña, "debe cerrar en el año 2013".

Y es que, si las tribulaciones del uranio de Sebastián en todas sus vertientes -Almacén Temporal Centralizado de Residuos, derechos de extracción, tasas nucleares y vida útil de las centrales- han servido para dejar en evidencia las contradicciones entre Presidencia, Ferraz, la Fundación Ideas y el Ministerio de Industria, no han sido menos con las CCAA gobernadas por los socialistas. Más aún ahora que, tras las elecciones catalanas del 28-N, Miguel Sebastián hace sus últimos esfuerzos por encontrar el “máximo consenso” con las autonomías y los municipios para ubicar el ATC. Cospedal hizo trinchera común con José María Barreda y Guillermo Fernández Vara (en contra de Ferraz), para evitar que el almacén de residuos acabara en Yebra o Albalá. Paradojas ‘atómicas’, desde que el 17 de octubre se conoció que Zarra tenía más punto que el resto de poblaciones candidatas en el informe técnico del Ministerio de Industria para albergar el ATC, era el líder de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, el que exigía a Camps y a los grupos políticos con representación en las Cortes regionales una declaración conjunta de rechazo a la ATC.

Nada que, en cuatro meses, haya conseguido cambiar para el ministro. Hoy, como le recordaba Alfredo Pérez Rubalcaba a Sebastián, el Ejecutivo ya sólo tiene claro que impondrá a Castellana 160 el consenso político y autonómico (a contrapié del modelo acordado en su momento con Sebastián para elegirlo con el voto del Consejo de Ministros) y que la posibilidad de reservar su designación hasta la siguiente legislatura, a partir de 2012, cobra fuerza. Esperará por ella, pagando 60.000 euros al día a Areva y sin poder opacar ya las contradicciones nucleares de Moncloa y sus ‘barones’: la Junta extremeña es la primera en celebrar que repotencie Almaraz ya y las demás desde 2013, aunque el cierre de Garoña tendrá un coste mínimo de 800 millones. Pero, aunque disponen de dos centrales y dos almacenes en Castilla y Extremadura, desde que en 2008 Industria abrió la puerta al retorno de la exploración y el enriquecimiento de uranio, sabe que no lo tiene fácil para aprovechar el mineral de Barreda o Vara. Paradojas ‘atómicas’, sólo el acuerdo con el PP en Castilla y León permite que Berkeley Resources rehabilite Saelices: acaba de entregar a la Empresa Nacional del Uranio, Enusa, su plan de explotación para reabrir las minas que existen en Salamanca, cerradas en el 2000 por su nula rentabilidad. Y sólo el descarte por ahora de los yacimientos bajo estudio en Castilla la Mancha y Extremadura (de Mawson y Berkeley) evita las guerras con los presidentes Barreda y Fernández Vara.

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